El presidente Alberto Fernández anunció este lunes, al inaugurar el 139° período de sesiones ordinarias del Congreso, que dio instrucciones para iniciar querella criminal a fin de determinar “los autores y partícipes” del endeudamiento externo, pidió al Congreso que “asuma su rol de control cruzado sobre el Poder Judicial”, al que propuso reformar con una serie de iniciativas, y anunció que impulsará una ley para “desdolarizar” las tarifas de los servicios públicos regulados.
“Debíamos enfrentar el incendio sabiendo que otros habían terminado con el agua”, advirtió el jefe de Estado en el inicio de su discurso, que se extendió por el término de 1 hora y 50 minutos, en una frase que apuntaba a describir el punto de partida del gobierno en un año particularmente difícil, por la pandemia y la situación económica con la que arrancó.
“A pesar de este panorama, y gracias al aporte solidario de millones de argentinas y argentinos, pudimos desplegar medidas sanitarias, económicas y sociales”, remarcó Fernández, quien priorizó como uno de los ejes iniciales de su discurso la necesidad de frenar el proceso cíclico de endeudamiento.
“Para que pongamos fin a las aventuras de hipotecar al país es necesario que endeudarse no sea gratis”, subrayó. “Que los responsables (de endeudar al país) rindan cuentas de sus actos y dejen de circular impunes, dando clases de economía en el país y en el mundo”, agregó.
Sobre este punto, el presidente informó a la Asamblea Legislativa que había instruido “para que las autoridades pertinentes formalmente inicien querella criminal” contra los “autores y partícipes de la mayor administración fraudulenta y de la mayor malversación de caudales que nuestra memoria registra”.
“Ahora sabemos, por boca del mismísimo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (por Mauricio Claver-Carone, hoy titular del BID) que la administración Trump impulsó el otorgamiento de semejante préstamo para favorecer al entonces presidente Macri en la búsqueda de su reelección”, recordó el mandatario.
Durante el desarrollo de la Asamblea Legislativa, hubo varios momentos de aplausos, el primero de los cuales sonó cuando Fernández dijo que había ordenado iniciar una querella criminal para los responsables de contraer el préstamo con el FMI.
Horas después, desde el Banco Central informaban que habían remitido a la Sindicatura General de la Nación (Sigen) y a la Oficina Anticorrupción la documentación sobre la deuda tomada con el Fondo.
Pero en la sesión también se vivió alguna situación tensa, como la que motorizó el diputado Fernando Iglesias (PRO-CABA) al interrumpir al jefe de Estado cuando hablaba de deuda.
Fernández frenó la lectura, miró hacia el recinto y le dijo al legislador: “Tuvo cuatro años para hablar; ahora déjenme hablar a mí”.
Más allá del cruce personal con el legislador, el mandatario cuestionó acciones y dichos del ala más dura de la oposición: “Cualquier razón se volvió válida para incitar banderazos y romper los protocolos impuestos con la sola idea de deteriorar la credibilidad del gobierno”, señaló Fernández al referirse a la pandemia y las medidas oficiales dispuestas para enfrentarla.
“También albergo el deseo que quienes, tras el disfraz de la objetividad, preservan intereses de poderes concentrados, adviertan el daño que están haciendo en la misma sociedad en la que dicen querer desarrollarse”, cuestionó en otro momento del discurso.
“Vivimos tiempos de judicialización de la política y politización de la justicia, que terminan dañando a la democracia y a la confianza ciudadana porque todo se trastoca”, evaluó el jefe de Estado.
En paralelo a esos cuestionamientos, el Jefe de Estado se refirió a su voluntad de escuchar “a quienes señalan errores de buena fe” ya que eso, reconoció, “brinda la oportunidad de hacer mejor nuestro gobierno”.
“No somos infalibles”, afirmó y en ese mismo párrafo agradeció “de corazón” a quienes, de buena fe, marcan errores, equivocaciones o fallas de su administración.
En ese tramo de su mensaje aludió al episodio de irregularidades en la campaña de vacunación, un hecho de derivó en la salida del exministro de Salud, Ginés González García: “Las reglas se deben cumplir. Si se cometen errores, la voluntad del Presidente es reconocerlos y corregirlos de inmediato”, reafirmó en una frase que despertó aplausos en las galerías ocupadas por funcionarios. “Aun cuando en lo personal me causaran mucho dolor, tomé las decisiones que correspondían”, agregó.
“Ningún gobierno de la tierra se puede arrogar el privilegio de no cometer errores, pero todo gobierno sensible sí tiene la obligación de corregir esos errores para desterrar cualquier indicio de privilegio o falta de solidaridad”, insistió.
Hacia la mitad de su discurso, Fernández se concentró en los temas judiciales y en las reformas institucionales, para lo cual recordó que su gestión había intervenido la AFI “prohibiendo que cualquier agente del organismo se vincule a cuestiones de seguridad interna o estrictamente judiciales”.
“Esperaba que con eso se iniciara un derrotero que echara luz en los sótanos de la democracia, de los que entonces hablé, pero lamentablemente no fue así”, remarcó.
A partir de ese momento, intercaló comentarios críticos con la presentación de una batería de iniciativas que impulsará este año con la intención de producir cambios en el Poder Judicial.
“Viendo todo esto y con el solo propósito de mejorar la calidad institucional de la República, quiero pedirle al Congreso con muchísimo respeto que asuma su rol de control cruzado sobre el Poder Judicial”, subrayó el Presidente en este punto y advirtió que “así lo prevé nuestra Constitución Nacional”.
“Institucionalmente, alguien debe ocuparse de ver lo que ha ocurrido y ver lo que está ocurriendo en la administración de Justicia de nuestra República”, y luego aclaró: “No para interferir en sus decisiones, si no para que sirva cumpliendo el rol que el Estado de Derecho le ha asignado”.
Una de las medidas que anunció, en consulta con los gobernadores, es la idea “de promover la creación de un Tribunal Federal de Garantías”, en aplicación del artículo 125 de la Constitución.
“Tendrá competencia exclusivamente en cuestiones de arbitrariedad y se podrá llegar por vía del recurso extraordinario”, detalló el Presidente en su discurso, que era escuchado por ministros del Gabinete desde los palcos de la Cámara de Diputados, mientras que los cinco integrantes de la Corte Suprema, Elena Highton de Nolasco, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, seguían los acontecimientos de manera virtual, desde el Salón de Acuerdos del Palacio de Tribunales.
El discurso presidencial tuvo una audiencia mixta, presencial y remota, con una cantidad limitada de legisladores en el recinto a raíz de los protocolos por la pandemia de coronavirus: en el estrado lo escoltaban la titular del Senado y vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández, y el presidente de Diputados, Sergio Massa.
En otro tramo del discurso, el jefe de Estado -quien llegó al Palacio Legislativo acompañado por su vocero, Juan Pablo Biondi- se refirió a las tarifas de los servicios públicos, un tema que lo llevó a criticar los incrementos dispuestos entre 2016 y 2019, durante la gestión de Cambiemos.
Al respecto, Fernández aseguró que “el aumento de las tarifas de luz y gas se convirtieron (durante el mandato de Macri) en un verdadero martirio para los argentinos” y cuestionó que en ese período las empresas productoras, transportadoras y distribuidoras “obtuvieron cuantiosas ganancias que acabaron en el bolsillo de los accionistas sin que el Estado les exigiera un plan de inversiones para sostener la calidad de los servicios”.
Sobre esa cuestión, el mandatario adelantó que el Gobierno enviará al Parlamento un proyecto de ley que declare la “emergencia de servicios públicos y regulados”, con el objetivo de “desdolarizarlos definitivamente y adecuarlos a una economía en la que los ingresos son en pesos”.
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