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Caso Mackentor: Las víctimas notificaron del fallo de la CIDH a la Provincia

El ex-jefe del III Cuerpo de Ejército, Luciano Benjamín Menéndez. Foto: Sebastian Salguero / Archivo.

Las víctimas del caso Mackentor notificaron a la Provincia de Córdoba del Informe de Fondo 293/21 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –equivalente a un fallo-. El escrito fue dirigido al gobernador de la provincia, Juan Schiaretti, y al presidente provisional de la Legislatura, Oscar González (PJ).

La decisión de la CIDH declara la responsabilidad Internacional de la República Argentina por los actos dictados por los jueces federales de Córdoba y de la Provincia de Córdoba, que “rechazaron a las 26 víctimas de Mackentor todos sus pedidos de justicia y que nunca investigaron las cuatro desapariciones forzadas de Mario Hernández, Roberto Sinigaglia, Roberto Sanjurjo y Carlos Altamira”.

VER Denuncian la actuación de cinco jueces federales luego del fallo de la CIDH por el caso Mackentor.

Dice en su presentación el abogado patrocinante de las víctimas, Juan Carlos Vega, que “los mandatos de la CIDH son dos: Reparar e investigar la conducta de los jueces que violaron los derechos de las víctimas de Mackentor encubriendo y silenciando las complicidades judiciales durante el Terrorismo de Estado y quienes fueron los grupos económicos que se beneficiaron con el saqueo de Mackentor”.

VER Mackentor, el caso que conecta a los militares con un sector del poder económico.

En el caso de la provincia de Córdoba, la jueza que dictó la quiebra de la compañía constructora fue Verónica Francisca Martínez de Petrazzini. La magistrada no consideró que directivos y personal de la empresa habían sido víctimas de crímenes de lesa de humanidad.

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Mackentor fue una empresa dedicada a la construcción, con sedes en Córdoba y Buenos Aires, que los militares ocuparon el 25 de abril de 1977 con la excusa de que financiaba a una organización guerrillera. Nunca se les pudo probar a sus miembros vinculación alguna con las organizaciones armadas de la época.

La compañía, que tenía como principal accionista a Natalio Kejner, y de la que participaban en la propiedad sus equipos técnicos y empleados, era una poderosa empresa constructora en los años ’60 y ’70, equivalente a compañías como Juan Chediack y algo menor que IECSA del grupo Macri, entre otras. La empresa fue ocupada y vaciada con la concurrencia de militares y la propia Justicia Federal a través del juez Adolfo Zamboni Ledesma. Luego, se produjo, por parte de la Justicia Federal, una fenomenal cobertura del accionar de Zamboni Ledesma y otros funcionarios, un proceso que continúa hasta el presente. El objetivo de la intervención de la Dictadura Cívico-Militar fue entregar la obra del acueducto Villa María-San Francisco a la empresa Supercemento.

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Vega recuerda en su presentación que “el Informe de Fondo de la Comision es jurídicamente riguroso y políticamente valiente” y señalan que “nos consta el compromiso que el gobernador Juan Schiaretti tiene con los Derechos Humanos”.

Apunta que, además, “las victimas de Mackentor han formulado denuncia ante el Jury de Enjuiciamiento a fin de que se investigue la conducta de los jueces de Córdoba que declararon la Quiebra de Mackentor en base a honorarios regulados a los Fiscales Federales de Córdoba en Crímenes de Lesa Humanidad”.

El gobernador Juan Schiaretti.

Y más adelante reclama al mandatario provincial que “adopte las medidas que prevé el Artículo 2 de la Convención, esto es, que sean eficaces para que se cumplan los mandatos de la Comisión de manera urgente: Investigar y reparar. La Nación argentina tiene hasta el 20/10/2022 de plazo para ello”.

Mackentor era una empresa cordobesa, los hechos sucedieron fundamentalmente en Córdoba, y los directivos y personal fueron víctimas del accionar represivo del general Luciano Benjamín Menéndez. A su vez, la jueza Martínez de Petrazzini fue descalificada por la CIDH como participe de la persecución masiva de personas.

El abogado Vega indica que “el Estado se debe hacer responsable del perjuicio causado por la jueza” y afirma que “la consecuencia del mal desempeño es la nulidad de la quiebra que decretó en su momento. Una quiebra que es nula como consecuencia de la existencia de crímenes de Lesa Humanidad”.

[COBERTURA]

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