El juez Roberto Gallardo, con jurisdicción en el ámbito capitalino, ordenó este lunes al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que “cese de forma inmediata la ejecución de cualquier operatoria policial directa o indirectamente vinculada con la custodia” del domicilio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en cuyas puertas el sábado pasado se desató una represión contra militantes del Frente de Todos (FdT).
El titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso, Administrativo y Tributario (CAYT) N° 2 de la Ciudad de Buenos Aires dispuso la medida cautelar en el marco del trámite de una serie de recursos de amparo presentados durante el fin de semana por dirigentes vinculados al Frente de Todos, de acuerdo con un fallo al que tuvo acceso la agencia Télam.
Gallardo dispuso “ordenar al señor jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Lic. Horacio Rodríguez Larreta, que por conducto del Ministerio de Seguridad de la Ciudad, cese en forma inmediata la ejecución de cualquier operatoria policial directa o indirectamente vinculada con la custodia de la persona, familia y/o domicilio de la Señora Vicepresidenta de la Nación”.
La decisión del juez Gallardo se conoció después de que el sábado pasado la policía porteña vallara los alrededores del edificio en el que reside la Vicepresidenta, en la esquina de Juncal y Uruguay, lo que irritó a los manifestantes que desde hace días se congregan en el lugar en defensa de la funcionaria, acusada en la llamada causa Vialidad y con un pedido de condena de 12 años de prisión.
La policía porteña arrojó granadas de gas lacrimógeno y empapó a los manifestantes con chorros de agua disparados desde su camiones hidrantes, lo que derivó en múltiples denuncias del Frente de Todos pos la violencia de la represión.
En las refriegas, hubo dirigentes de la alianza gobernante detenidos y hasta el diputado Máximo Kirchner, jefe del PJ Bonarense, resultó golpeado por la policía.
En el segundo punto de la resolución que emitió esta tarde, el juez ratificó que “la custodia de la persona y domicilio de la Vicepresidenta, sito en esta ciudad, están a cargo de las autoridades de seguridad federales, que deben ejercer a esos efectos la unidad de comando y la coordinación operativa con las fuerzas locales”.
En ese sentido, el fallo de 24 fojas plantea: “A nadie se le ocurriría que el Señor Presidente baje de un avión en una provincia y que quede a partir de ese momento bajo la custodia de las fuerzas provinciales” y recuerda que la Ciudad de Buenos Aires es “a partir de la reforma constitucional de 1994 una provincia más”.
“La seguridad de los funcionarios federales de primer nivel y de todos aquellos cuya seguridad esté determinada por las leyes o las resoluciones específicas como a cargo de las fuerzas federales, no puede sino ser ejercida por las mismas”, añade.
A párrafo seguido estableció que “la fuerza federal encargada de la custodia Presidencial será la habilitada para determinar, en función de las eventualidades específicas, el radio territorial de cobertura y las modalidades que asuman los operativos de prevención y/o contención en su caso”.
Finalmente, establece “comunicar al Señor Ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad, Señor Marcelo D’Alessandro, que la Policía de la Ciudad deberá continuar normalmente con sus tareas de prevención y persecución del delito en las adyacencias del domicilio de autos, en el marco de sus competencias legales y sin interferir en las tareas que despliegue en lo sucesivo la custodia federal vicepresidencial”.
Momentos después de conocer la decisión de Gallardo, el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, escribió en su cuenta de Twitter: “Hemos tomado la decisión de ampliar la custodia de la compañera Vicepresidenta de la Nación, a la custodia de su domicilio, independientemente de la custodia personal de la PFA que siempre la asistió”.
En tanto, el ministro de la ciudad D’Alessandro aseguró que desde el gobierno porteño van a “apelar el absurdo fallo del juez Gallardo y lo va a recusar”.
El dirigente social y referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos, Juan Grabois, presentó el sábado 27 de agosto una acción de amparo con el objeto de “de que se levanten las vallas colocadas sobre la calle Juncal en su traza entre Paraná, Uruguay y Talcahuano; a efectos de que se garantice la libre circulación de las personas, los derechos a la libertad de expresión en su faceta de derecho a manifestarse en la vía pública, todo eso a efectos de garantizar la paz social en nuestra ciudad”.
Solicitó también el dictado de una medida cautelar urgente consistente en que, hasta tanto se dicte sentencia definitiva en el presente proceso de amparo, “se deje sin efecto toda medida que altere, restrinja o vulnere el derecho de reunión, el derecho a protesta y a la libertad de expresión”.
En tanto, la legislador porteña Ofelia Fernández efectuó una presentación expresando que durante la manifestación del día sábado “no se verificó ninguna de las situaciones que de conformidad con la mentada ley 25.520 hubieran permitido la realización de acciones de inteligencia criminal”.
La resolución del juez Gallardo también cita los amparos presentados por la legisladora Claudia Neira y Paula Penacca.
> Con información de TÉLAM.
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