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La Provincia confirmó que la Policía pidió información a agrupaciones del FdT

Un móvil policial. (Foto: Gentileza).

La Secretaría de Seguridad de la provincia confirmó este jueves a ENREDACCIÓN que efectivos policiales de la departamental San Javier pidieron información a dirigentes de agrupaciones del Frente de Todos (FdT) en Traslasierra. “La directiva surgió luego del robo al local del Frente Cívico, en la ciudad de Córdoba (ocurrido la semana pasada). Con esa acción se trata de verificar direcciones y lugares de funcionamiento de los partidos políticos en distintos puntos de la provincia con fines preventivos”, explicó la dependencia a cargo de Claudio Stampalija.

Señaló también que “en absoluto se quiso hacer inteligencia, a partir de este hecho (el robo en el Frente Cívico) fue una consulta a los fines preventivos por parte de la Policía. Es algo que se suele hacer con otras actividades”.

La Pampa

La respuesta oficial se realizó a requerimiento de este medio, luego que militantes del Frente de Todos (FdT) de las localidades de San José y La Paz denunciaran el accionar policial. Por el momento, no se conocen otras intervenciones similares.

En tanto, con la firma de los diputados nacionales del FdT, Gabriela Estévez, Eduardo Fernández; y Pablo Carro; y los titulares de los partidos políticos que integran esta coalición, Ignacio Basélica Nebreda (Partido de la Victoria); Federico Iribarren (Nuevo Encuentro); Horacio Viqueira (Frente Grande), José Bianchi; Federico Nanzer (Partido Comunista); Glenda Heynze (PTP; y Federico Occhionaro fue presentada una nota al ministro de Gobierno y Seguridad, Julián López.

Epec

“Ha llegado a nuestro conocimiento que, personas que se identificaron como personal de la Policía de la Provincia de Córdoba, se presentaron en el domicilio de activistas y militantes políticos del FRENTE DE TODOS de las localidades de La Paz y San José, requiriendo información relativa a las actividades políticas que los referidos llevan adelante e indagando acerca de su voluntad de ser candidatos”, explica el documento.

Sigue diciendo que “ante la pregunta sobre los motivos de dicho accionar, los uniformados indicaron que actuaban siguiendo órdenes de la Departamental San Javier de la Policía de Córdoba”.

Río Cuarto

Y agrega que “es por ello y en virtud de la gravedad de los hechos denunciados, que constituyen un avasallamiento inadmisible de Derechos y Garantías constitucionales y sin perjuicio de iniciar las acciones administrativas y/o judiciales que pudieran corresponder, venimos por la presente a solicitar nos informe acerca de las razones que motivaran los procedimientos señalados”.

TRES CASOS

De acuerdo a la información, los episodios fueron tres. Se produjeron contra militantes de la agrupación Santillán, el Partido Solidario (PSol) y el Partido Comunista (PC), todos integrantes del FdT.

Los policías esgrimieron directivas de la Departamental de la Policía de Córdoba con sede en Villa Dolores y en todos los casos, preguntaron sobre si “van a ser candidatos” y “cuáles van a ser las actividades políticas” que realizarían.

INTELIGENCIA

Las tareas de inteligencia por parte de las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas están prohibidas en Argentina. Es decir, tanto la Policía, como Gendarmería, Prefectura, Ejército, Fuerza Aérea, Armada o servicios de inteligencia, tienen prohibido hacer espionaje sobre las actividades políticas de las personas y de los partidos políticos.

Puntualmente, la Ley de Inteligencia Nacional prohíbe a los organismos de inteligencia “obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción”.

Mientras que las fuerzas de seguridad, como la Policía, sólo pueden realizar inteligencia criminal. Esto es “inteligencia referida a las actividades criminales específicas que, por su naturaleza, magnitud, consecuencias previsibles, peligrosidad o modalidades, afecten la libertad, la vida, el patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías y las instituciones del sistema representativo, republicano y federal que establece la Constitución Nacional”.

VER En Traslasierra: La Policía realiza tareas de “inteligencia interior” a militantes del FdT.

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