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Estévez reclamó a la Justicia el allanamiento de las propiedades de Maggi en busca de armas de fuego

La diputada nacional Gabriela Estévez.

La diputada nacional del Frente de Todos, Gabriela Estévez, denunció penalmente al empresario metalúrgico de San Francisco, Roberto Maggi, por haber publicado en su cuenta de Facebook “cómo no haber estado ahí y poder haberle descargado una bala en la cabeza a la sinvergüenza de Cristina (Fernández de Kirchner)”.

La Pampa

Los fundamentos de la denuncia sostienen que Maggi violentó con su repudiable publicación la seguridad e integridad física de la vicepresidenta, además de “proponer explícitamente como salida a los recambios institucionales previstos en la Constitución, un medio violento y delictual para resolver las posiciones políticas antagónicas”.

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También plantea que “Maggi ha vulnerado con su declaración pública la Ley de Protección Integral a las Mujeres en cuanto supuso un acto de violencia psicológica y simbólica dirigido contra una mujer, la vicepresidenta, y su hija, Florencia Kirchner, a quien también se refiere Maggi en la publicación”.

VER La doble vara judicial ante los casos de amenazas a Macri y a Cristina.

VER Un empresario amenazó de muerte a Cristina desde Córdoba: “Como no haber estado ahí y poder descargarle una bala en la cabeza”.

“Es un acto profundamente antidemocrático y misógino que requiere el repudio y la sanción de las instituciones, de todos los sectores políticos y empresariales y del conjunto de la sociedad. El presidente (Alberto Fernández) ha planteado con absoluta claridad la necesidad y el desafío colectivo que tenemos los argentinos y argentinas de reconocer en las diferencias políticas y de opinión un valor positivo desde el cual construir consensos superadores para terminar de una vez con la fractura que divide a nuestra sociedad. Acciones como la de Maggi que promueven la violencia y el odio hacia las mujeres y quienes piensan distinto profundizan la grieta y constituyen delitos contemplados en nuestra legislación vigente”, afirmó la Diputada Estévez.

El empresario Roberto Maggi.

Agrega en el escrito presentado en la Justicia Federal que “la calidad del mencionado Maggi no es la de cualquier ciudadano, que los puestos que ostenta en la Asociación de Empresarios Metalúrgicos de San Francisco (AIM), y en la empresa MAG NIC SRL como socio gerente, exigen en todo momento responsabilidad al momento de expresar opiniones sobre otros dirigentes políticos, sociales y empresariales”.

Dice que “está claro que el lamento al recurre Maggi -no haber estado allí- no es una imposibilidad material, dado que por los cargos que ocupa el denunciado, su acceso a los lugares en los que se puede encontrar Cristina Fernández es de una verosimilitud aceptable”.

Argumenta que “(sus dichos) conduce a ls individuos anónimos a pensar y sostener que los modos de resolución de las disputas políticas es a través de la violencia física, hasta la eliminación del adversario político” y agrega que “este hecho no puede ser dejado de lado, ya que en nuestra historia reciente ha sido una práctica común en la Dictadura Cívico Militar, en los que se llegó a la desaparición del adversario político. Por esta razón, en este país, desde 1983, se decidió que el modo de resolución de las diferencias políticas es por la vía institucional y democrática. Nunca más por la muerte de nuestros adversarios”.

“Está claro que la intención era el escándalo público, la generación de malestar en los grupos sociales y políticos, con el fin de generar en la actualidad o en el futuro próximo desórdenes y desobediencias al orden institucional vigente” (Gabriela Estévez).

Por último, afirma que “las expresiones vertidas por el denunciado tienen la gravedad y la aptitud de quebrar la tranquilidad pública, ya que están destinadas a afectar los componentes sociales” y asegura que “está claro que la intención era el escándalo público, la generación de malestar en los grupos sociales y políticos, con el fin de generar en la actualidad o en el futuro próximo desórdenes y desobediencias al orden institucional vigente”.

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