El gobierno de Guatemala no utilizó la Ley de Contrataciones del Estado para comprar los dos aviones IA63-Pampa III producidos en Argentina, por el monto de 28 millones de dólares, con el objetivo de combatir el narcotráfico. Por ese motivo, la Procuraduría General de la Nación (PGN) solicitó al Ejecutivo de ese país que desista de concretar la operación y el gobierno aceptó el planteo.
Fuentes del gobierno argentino le dijeron al diario porteño Infobae que reclamarán el cumplimiento del contrato, si es necesario por vía judicial. Para ello, trabajan desde el viernes, de modo coordinado, la Cancillería, el ministerio de Defensa y FADEA. En un comunicado, el titular de la Fábrica Argentina de Aviones (FADEA) afirmó que la operación fue “transparente” y se respetaron todas las normas, aunque no específica cuáles.
La ley de Contrataciones de Guatemala obliga a que se realice una licitación pública para adquirir bienes para el Estado. Según el organismo de control de los actos jurídicos de esa Nación centroamericana, no hay otro camino. En ese sentido, se sabe concretamente que no hubo licitación pública.
Sin embargo, de acuerdo a lo publicado por el diario Prensa Libre de Guatemala, la adquisición de los Pampa III se habría realizado utilizando como base, un viejo acuerdo de Cooperación Científica y Técnica, firmado entre Argentina y Guatemala en 1980, y renovado un mes antes de que el presidente Jimmy Morales viajara a Argentina. La modificación se denomina Complementario de Cooperación. Dicha ampliación habría sido firmada por los ministerios de Defensa y Relaciones Exteriores de ambos países. Ese acto fue confirmado por el jefe de la Procuraduría General de la Nación (PGN), Jorge Luis Donado.
Dicho paso fue confirmado por FADEA a través de un comunicado de prensa, pero ni él convenio binacional, ni el contrato de compra, fueron dados a conocer a la prensa. Textualmente, al empresa estatal con sede en Córdoba, señala que “la Contraloría General de Cuentas de la República de Guatemala recomendó al Ministerio de Defensa Nacional de Guatemala, “DESISTIR del actual procedimiento para la adquisición de dos aeronaves Pampa III”, referido en el Convenio específico de Cooperación Técnico – Militar entre los Ministerios de Defensa de Argentina a través de la Fábrica Argentina de Aviones y el Ministerio de la Defensa Nacional de la República de Guatemala para el suministro de equipo y material militar”. FADEA dice que el convenio fue suscripto el 3 de julio.
El IA63-Pampa III.
El punto, es que el documento firmado por ambos países, no contemplaría compra o intercambio de equipo de uso militar.
Prensa Libre por vía de su periodista Andrea Orozco, dice que la compra se mantuvo en secreto hasta que fue dada a conocer por Argentina el pasado 3 de julio. Ese hecho, llama la atención en ese país.
En la oportunidad, el presidente Morales y su canciller Erica Jovel Polanco aparecen junto al presidente Mauricio Macri, el titular de Defensa, Oscar Aguad, y el CEO de FADEA, Antonio Beltramone, en la base aérea de El Palomar, junto a dos aviones Pampa III. Incluso, Morales se fotografió en el puesto de comando de uno de ellos. El artículo publicado por el diario, dice que “antes se aseguraba que solamente se hacía una evaluación a las aeronaves”.
Si bien no se conoce aún el contrato o convenio puntual por el que FADEA vendió los dos Pampa III a Guatemala, el diario guatemalteco señala que “la evaluación y finalmente la compra, se basan en el Convenio de Cooperación Científica y Técnica entre la República de Guatemala y la República Argentina, como fue denominado cuando se firmó en 1980”.
El diario tuvo acceso al convenio original de 1980 y detalla algunos puntos principales:
-En el artículo dos dice que “la cooperación tendrá por modalidad principal de realización, la ejecución conjunta o coordinada de programas y proyectos destinados a promover:
a) El adelanto de la investigación científica, teórica y aplicada, y el desarrollo de tecnologías resultantes de dicha investigación, así como el perfeccionamiento de las tecnologías existentes.
b) La transferencia de los conocimientos, técnicos y experiencias (…) mediante la prestación de servicios de consultoría.
-En el artículo tres establece que se podrá hacer el intercambio y entrenamiento de personal científico, técnico y especializado y el intercambio y suministro recíproco de bienes, materiales, equipos y servicios.
A su vez, existe un inciso aclaratorio, donde explica que se trata de un “intercambio” y “suministro recíproco”, por lo que los aviones, de otorgarse bajo esta modalidad, no deberían ser comprados.
El inciso f del artículo tres, también contempla “otras modalidades de cooperación científica y técnica”, pero esta aclara que esta debe tener el objetivo de favorecer el desarrollo integral de los países “de conformidad con sus respectivas políticas de desarrollo económico y social”.
-Por último, el convenio de 1980 fue ratificado por el Congreso de Guatemala.
Según pública el mismo diario, si el convenio de 1980 fue ratificado por el Congreso, cualquier modificación que se hiciera (como el acuerdo Complementario de Cooperación de 2019) debiera haber sido remitida y aprobada por el Legislativo. Este paso, está claro, no fue dado por el gobierno de Morales.
QUÉ DICE LA ONG QUE DENUNCIÓ EL ACUERDO
“El uso de instrumentos legales como el convenio, para justificar una compra que riñe con la Ley traerá consecuencias” aseguró el abogado Eddie Cux, de Acción Ciudadana al diario Prensa Libre. Acción Ciudadana trabaja como representante de Transparencia Internacional en el país centroamericano.
El abogado indicó que “con esto se trata de Evadir la Ley de Contrataciones del Estado, único instrumento para poder hacer compras de bienes”. El letrado no descartó que se presenten denuncias penales en contra de quienes hicieron un uso artificioso del convenio.
EL CASO ES INVESTIGADO POR LA FISCALÍA CONTRA LA CORRUPCIÓN
Consuelo Porras, Fiscal General del Ministerio Público (MP), inició el pasado martes 9 de julio, la investigación por la compra de los aviones Pampa III que realizó el gobierno de Morales a la Argentina. El fiscal Nilsson Castillo adelantó que se solicitarán los expedientes, documentos e informes elaborados por el Ejecutivo para determinar la legalidad en la compra de estas aeronaves.
QUÉ DIJO FADEA
El viernes, FAdeA emitió un comunicado de prensa titulado “Acerca de la decisión unilateral, por parte de Guatemala, de desistir del Convenio que involucra la provisión de dos aviones IA63 Pampa III”.
Dice allí que “con el objetivo de continuar con la política de transparencia que ha caracterizado la actual gestión de FADEA, informamos que en el día de ayer (por el jueves último) la Contraloría General de Cuentas de la República de Guatemala recomendó al Ministerio de Defensa Nacional de Guatemala, “DESISTIR DEL ACTUAL PROCEDIMIENTO PARA LA ADQUISICIÓN DE DOS AERONAVES PAMPA III”, referido en el CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN TÉCNICO – MILITAR ENTRE MINISTERIO DE DEFENSA DE ARGENTINA a través de LA FÁBRICA ARGENTINA DE AVIONES “BRIG. SAN MARTÍN, S. A.” -FAdeA-, Y EL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA PARA EL SUMINISTRO DE EQUIPO Y MATERIAL MILITAR, que suscribió en la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, el 3 de julio del presente año”.
Agregan que “entendemos que esta decisión unilateral de la República de Guatemala, responde a circunstancias propias de la República de Guatemala, que exceden a la República Argentina, dado que el acuerdo se confeccionó en un marco de legalidad y transparencia absoluta, cumplimentando y respetando las exigencias formales, jurídicas y técnicas que garantizan su validez, vigencia y ejecución”.
Finalmente afirma que “desde FAdeA, se realizarán todas las gestiones correspondientes para salvaguardar los objetivos del acuerdo celebrado y superar esta contingencia en el menor plazo posible”.
