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El argentino, la corrupción y el síndrome de Estocolmo

El obelisco en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

¿Qué es lo que lleva a una sociedad a convivir livianamente con la corrupción?

¿Qué es lo que lleva a una sociedad a votar por candidatos impregnados de corrupción?

¿Qué es lo que lleva a una sociedad a aplaudir el éxito generado en la corrupción?

Hay varia respuestas a estas preguntas.

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Que la corrupción Argentina es histórica y viene de la época de la Colonia. Que es inmodificable. Que estamos condenados a convivir con ella.

La segunda explicación pasa por el paradigma del “Roba pero hace”, que instaló el menemismo y que luego desarrolló el kirchnerismo.

Una tercera explicación es la de decir que hay una “corrupción buena y una corrupción mala”. La “Corrupción buena” se justifica porque ella sirve para financiar la lucha contra el neoliberalismo.

Estas tres explicaciones, además de ser falsas e inmorales, revelan que nuestra sociedad está enferma.

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El argentino no se reconoce como víctima de la corrupción. Y aquí aparece el “síndrome de Estocolmo”, una categoría de la psicología social que traduce una especie de enamoramiento entre  víctimas y victimarios.

Es Andrés Gil Domínguez que me sugiere esta idea.

El punto central del síndrome de Estocolmo está dado por el rechazo de la víctima a sentirse víctima. De allí que trabe una relación de amor o de amistad íntima con su victimario. Esta es la explicación que creo más racional para entender el vínculo de convivencia amable que existe entre la sociedad Argentina y la corrupción.

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El argentino prefiere sentirse participe de luchas heroicas a reconocerse como víctima de la corrupción.

Esta negación de la condición de víctima implica desconocer hechos históricos de enorme dolor para la sociedad Argentina. Porque la corrupción en Argentina y, en general, en todos los países de América Latina y del Caribe, no es ni un pecado religioso ni un simple delito penal.

La corrupción en nuestro país funciona como un modelo de construcción de poder político, económico y sindical con impunidad garantizada por la Justicia y con un fuerte aval social.

Este modelo atraviesa la democracia y está por encima de la grieta. Es un modelo de construcción de poder que le ha servido muy bien al neoliberalismo de Menem y de Macri y al populismo de Néstor, Cristina y Alberto Fernández.

Es un modelo de poder que ha generado desastrosas consecuencias económicas y sociales en el país.

De ser el país con mayor PBI per cápita en la década del 80’, hoy somos el tercero.

Argentina es el país que menos ha crecido en su PBI de toda América. En la década del 80’ teníamos una pobreza del 8% y hoy es del 42%. Somos los campeones mundiales de inflación con 3 hiperinflaciones en los últimos 40 años.

Estos fracasos enormes no son consecuencia solo de incompetentes gobernantes. Son consecuencias inevitables de un modelo de acumulación de poder basado en la corrupción. Los únicos ganadores de ese sistema de poder son los que lograron posiciones de poder política, económica y sindical. Esta es la realidad objetiva de lo que paso en nuestro país en los últimos 37 años.

La grieta es un disfraz que oculta esta realidad. El síndrome de Estocolmo en Argentina significa la enferma creencia de que los corruptos pueden salvarnos como sociedad. Y ello es técnicamente imposible. Es la sociedad la que se tiene que revelar. Y lo primero es reconocerse como víctima de la corrupción. Víctima en términos de ser la que paga los costos de la corrupción en términos de pobreza, inflación y nulo crecimiento económico.

Por eso viene bien instalar el tema del síndrome de Estocolmo y vincularlo a la liviana convivencia del argentino con la corrupción.

EL COVID-19 Y LA CORRUPCION

Aunque parezca increíble la corrupción avanza con la pandemia. Los controles estatales se debilitan porque los gobiernos necesitan medidas urgentes. El Cyrus Vance Center, en mayo de 2020, alertaba sobre los avance de la corrupción en el continente americano durante la pandemia.

Las leyes son reemplazadas por DNU. Y las licitaciones públicas por contrataciones directas.

Una red de periodistas llamada “El Ruido” publicó en La Voz del Interior en abril de este año, datos que generan pánico. Según este informe una ambulancia con equipamientos médicos es comprada por Córdoba, Catamarca y Entre ríos en la suma de $4.300.000. La misma ambulancia es pagada por la provincia de Buenos Aires en $13.600.000.

Cuesta mucho entender a esa parte de la sociedad argentina que justifica la corrupción cuando ella proviene de un gobierno progresista. Hay que decir que no hay progresismo con alta corrupción.

La Resolución 1/18 de la Comisión Interamericana de DD.HH. de Bogotá declara que la corrupción es una  violación abierta a los DD.HH. en el continente americano.

* Juan Carlos Vega. Ex presidente de la comisión de Legislación Penal de la HCDN.

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