Desde el retorno democrático una y otra vez los parlamentos han delegado una facultad indelegable; desde hace cuarenta años un par de asesores, algún secretario, un elenco de técnicos con el aval político del ministro de economía, suscriben contratos de refinanciación, canje de bonos, aceptan reestructuraciones de espaldas al pueblo, cuando estos sujetos deberían aportar impresiones, exámenes, interpretaciones o reparos a quienes corresponde negociar la deuda externa como principal cuerpo político de la República. Porque eso es el Congreso de la Nación, lo primero que rompen los dictadores.
Ahoga. Obstruye. Aprieta. Sofoca. Destruye. Desalienta. Vuelve, y Ahoga, obstruye, aprieta, sofoca… Fue y sigue siendo un artefacto infame, siempre a punto de explotar; el miedo a que lo haga, lleva a quienes la gestionan ilegal e ilegítimamente desde hace casi 40 años, a enroscarnos una y otra vez la responsabilidad de “honrarla” a quienes nada tuvimos que ver en su obligación original. La deuda externa es nuestro Armagedón, que se recicla al infinito, que se alimenta de carne humana, que se posa colosal sobre nuestras expectativas de construir un proyecto de futuro…Calma, lector, no pretenderá esta columna repasar más números que los estrictamente necesarios para graficar la tragedia inconmensurable que aportó la deuda externa a la cotidianeidad de nuestro pueblo.
En la antesala de un compromiso electoral para sustituir medio Congreso, bueno sería indagar sobre los propósitos con que asumen sus cargos los legisladores del recambio, en lo relativo a sus deberes constitucionales; la institucionalidad navega aguas infestada de traiciones al pueblo desde hace demasiado tiempo; sin embargo, en su marco se disputa hasta la disidencia más trivial; se invoca la Constitución hasta para sortear lo más caro de la democracia: el derecho a protestar ; ¡pero el silencio aturde cuando diputados y senadores revocan ilegítimamente el articulado que les ordena “arreglar la deuda interna y externa de la nación”: punto 7 del artículo 75!. La escritura , breve, indubitable, dura como un yunque, no hace mención a una opción, no dice “puede; dice “debe”, es imperativa, no arroja lugar a interpretaciones en diagonal. Desde el retorno democrático una y otra vez los parlamentos han delegado una facultad indelegable; desde hace cuarenta años un par de asesores, algún secretario, un elenco de técnicos con el aval político del ministro de economía, suscriben contratos de refinanciación, canje de bonos, aceptan reestructuraciones de espaldas al pueblo, cuando estos sujetos deberían aportar impresiones, exámenes, interpretaciones o reparos a quienes corresponde negociar la deuda externa como principal cuerpo político de la República. Porque eso es el Congreso de la Nación, lo primero que rompen los dictadores.
Una vez más dirán del cronista, ¿pero de qué repollo salió este tipo?, esto es el imperio de la realpolitik, ¿qué cosa no está entendiendo?…
“Hoy la Nación no solo tiene afectada a su deuda exterior, el servicio de renta de la aduana, sino que tiene dadas en deuda sus propiedades; no puede disponer libremente ni de sus ferrocarriles , ni de sus cloacas ni de sus aguas corrientes, ni de la tierra de su puerto, ni del mismo puerto, porque todo está afectado a los acreedores externos” La voz rotunda de Carlos Pellegrini rebotaba en el Senado de 1901 informando ya de la absoluta sujeción de aquella Argentina a la especulación financiera internacional. La evocación persigue exponer lo añejo de nuestra papel en el entramado de la dependencia. Este texto se impone la necesidad de repensar los términos de la negociación política, abriendo el canal de la participación del pueblo siguiendo lo dictado por la propia Constitución Nacional.
El cronista no se engaña: cuando dice “pueblo”, se refiere a esa porción marginal de la sociedad que alcanza delegación en las dos cámaras; de nuevo: la institucionalidad, a que son tan afectos los liberales de estas tierras. A nadie le hace ruido cuando los medios titulan: “El gobierno negocia préstamos para pagar 19 mil millones de dólares al FMI”; está tan firmemente delegada esa misión parlamentaria que el juego siempre sigue.
El pueblo paga, los políticos se ocultan…
Veamos ahora que treta política permite sortear la letra constitucional.
Sin contar la Comisión Bicameral de “Control” de la deuda externa, la viga madre que le “permite” al Congreso eludir la responsabilidad de negociar la deuda externa es la Ley 11672, norma Complementaria Permanente del Presupuesto; como soporte necesario, la Ley 24156 de Administración Financiera. Ambas otorgan al Poder Ejecutivo una autorización genérica para refinanciar (arreglar) la deuda externa, sin debate político. Se dirá que el debate permitió la sanción de las dos leyes enunciadas; pues no, eso no cancela la obligación parlamentaria de hacerse del control de la deuda externa, el artículo 175 (7) ordena arreglar la deuda: ocuparse, discutirla, oponer razones, exigir documentación, ofrecer prueba, realizar peritajes, pedir prórrogas, advertir el “anotocismo” (interés de interés); ni aun retorciendo la interpretación, arreglar puede querer decir concederle al gobierno que lo haga sancionando leyes soporte. Porque es el pueblo – amorfo, disperso, con más ajenidad que empatía en su dibujo parlamentario – el que sangra de los latigazos recibidos. Con el mismo espíritu, otro artículo de la CN dirá que son los diputados representando al pueblo quienes ordenan el reclutamiento de tropas, en tanto son los hijos del pueblo los que morirán en el frente de una guerra hipotética. El ejemplo no es extremo, si nos atenemos a las funestas consecuencias de la deuda exterior.
Cada pulseada electoral se verifica en el terreno barroso pero familiar de las trincheras ideológicas (el cronista concede aquí lo que no firmaría como cierto): más o menos Estado, abrir o cerrar el comercio exterior, alinearse con EEUU o China, en fin…pero ninguna coalición o partido con representación legislativa pretende tomar el control de la deuda externa, mecanismo de relojería que amaga a detonar siempre deteniéndose segundos antes, porque arrastraría a las profundidades también a los acreedores, como la gran ballena al Capitán Ahab en la novela de Herman Melville (Moby Dick).
Sin ninguna reserva, el redactor informa aquí que gran parte del material volcado en este texto está contenido en el notable libro que es “Deuda Externa o Soberanía” de Alejandro Olmos Gaona. Entonces dirá el autor: “De acuerdo a cifras oficiales se efectuaron pagos de las obligaciones externas desde 1982 hasta 2015 por U$S 400 mil millones” Y también se lee en ese lúcido trabajo: “Desde la década del ´90 los presupuestos destinan más al pago de las obligaciones externas que a Salud, Educación y Viviendas (…) En el presupuesto total del Estado de 2011, se destinaron U$S 36 mil millones para el pago de la deuda externa, cinco (5) veces más que para Educación, y once (11) veces más que a Salud (…) “Kirchner canceló deuda con el FMI (que nadie escrutó, suma este cronista) por U$S 9500 millones con reservas del Banco Central. Se afectó el 35 por ciento de las reservas para pagar menos del 10 por ciento de la deuda”, consigna el hijo de quien impulsara por primera vez el tratamiento judicial de la deuda externa, Alejandro Olmos. Y sentencia: “Pobreza y marginalidad están directamente vinculadas a las transferencias de recursos para pagar la deuda externa.
Si la Constitución no deja lugar a dudas al respecto de qué poder del Estado debe negociar la deuda – no autorizar- ¿por qué a lo largo de 40 años escasearon las voces que reclamaran para diputados y senadores el manejo estricto de la deuda que hunde en las desesperanza a generación tras generación?… Sin considerar al mismo Congreso que, venimos diciendo, gambetea sistemáticamente la orden de los constituyentes.
Otras voces intentan un nuevo paradigma en materia de negociación exterior, se trata de la Coordinadora de Abogados de Interés Público. De su base de datos sobre el crédito stand by del año 2018 que contrajo Macri (otra vez el Ejecutivo, no el Congreso) se desprenden aspectos que refuerzan la inobservancia. Lo valoremos a la luz de lo expuesto: “No hay constancia del dictamen previo del Banco Central sobre cómo el crédito que se pretendía tomar iba a impactar en la balanza de pagos (requisito exigido por el art. 61 de una de las leyes retratadas arriba para la toma de deuda externa)” Nótese que ni siquiera se respetó una de la leyes con las que el Congreso elude su responsabilidad constitucional. El informe de la C.A.I.P. sigue imputando con demoledora precisión: “Los datos y las proyecciones que contienen los memorandos adjuntos a la Cara de Intención, donde están la condicionalidades económicas que el Estado Argentino se autoimpuso ante el FMI para contraer el crédito, no se funda en ningún estudio, informe, dictamen u opinión técnica previa”…Este proceder no es excepción sino costumbre a lo largo de la larga tragedia de la deuda externa. Llega a acreditar Olmos Gaona que casi permanentemente la palabra del acreedor en la esgrima de sus presuntos “derechos” fue ley para nosotros los deudores, sin que se exigiera documento alguno para oponerse.
Todo lo dicho hasta aquí puede resultar para vos, lector, una larga e infértil enumeración de consignas híbridas; y hasta podrás pensar que una legislatura tiene tareas más urgentes en este presente diabólico. Solo me gustaría repasar lo dicho por el jefe del bloque oficialista en Diputados al hablar de soberanía política; Máximo Kirchner sostuvo algo así como que debemos reservarnos la posibilidad de decir que no ante las presiones corporativas (laboratorios en el caso de vacunas). Si, como todo indica, operó de facto esta chance cuando la vida de tantos estuvo y está en juego (100 mil muertos harían vacilar al más pétreo), cuánto más necesario se vuelve recuperar el control soberano sobre un dispositivo que derramó fatalidad y desgracias generación tras generación, lastimando el futuro de niños, niñas y sectores para siempre vulnerables…Esto que concluye aquí es un grito deshabitado, la furia mansa de quien no tiene más relevancia que su vocación argentina; pero tal vez recoja otros gritos y así aturda a una dirigencia que siempre propone más de lo mismo, cuando los afanes del pueblo corren a contrapelo.
Leyendo a Piglia asoma Gramsci: “El consenso es el soporte más importante del orden constitucional, no es la fuerza material, es una fuerza de reserva para los momentos excepcionales de crisis”…. Muertos. Miseria. Pobreza. Desempleo. Injusticia. Narcotráfico. Asimetrías. Marginalidad. Desazón. Crisis. La gorda panza de los acreedores cobra vida ante cada paso retrógrado de nuestros dirigentes legítimos. No hubo en tiempo democrático momento más grave que éste, “excepcional momento de crisis”. Discutamos ahora para no seguir lamentándonos mañana.
* Néstor Pérez es periodista y autor de La palabra incómoda.
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