El ministro de Gobierno y Asuntos Municipales, Pascual Fernández, informó que la Dirección General de Defensa del Consumidor inició sumarios administrativos a 16 entidades financieras de la Provincia por estar en infracción a la normativa provincial y no cumplir con los requisitos para funcionar, como informar debidamente las tasas de interés que se cobran.
Luego de las fiscalizaciones que se realizaron en firmas de Santa Rosa, General Pico, Realicó e Intendente Alvear, se comprobó que salvo dos empresas, había 16 que no cumplían con los requisitos de la Ley 3050 de entidades de crédito para consumo.
El ministro Fernández indicó que los controles “son parte de una decisión de la gestión del gobernador Sergio Ziliotto para evitar casos de abusos o usura a personas que necesitan acceder a un crédito no bancarizado. En los últimos tiempos aumentaron las denuncias en Defensa del Consumidor en torno a las financieras ante el incremento de la cantidad de pampeanos que acuden a tomar un crédito para afrontar la dura situación económica actual. Es rol del Estado garantizar los derechos de los pampeanos como consumidores, y ahí tiene que estar la mano del Estado provincial”.
La Ley, reglamentada por decreto 2810 en el año 2018, fiscaliza que cada financiera esté inscripta en el Registro Provincial de Entidades de Crédito para Consumo (fijando domicilio en La Pampa); que haya identificación visible (cartel) en el local sobre Tasa de Interés Efectiva Anual, Costo Financiero Total y monto a devolver por cada $1.000 prestados; y que tenga un Libro de Hojas móviles (con copia del contrato de mutuo y pagaré).
Luego de los controles realizados por el equipo de trabajo de Defensa del Consumidor se estableció que salvo dos entidades regularmente registradas, había 16 que se encuentran en infracción a la normativa provincial en todos los items fiscalizados. En tanto, otras tres habían dejado de funcionar.
Por ese motivo se inició un sumario administrativo a cada una de las entidades financieras infractoras, que ahora tienen el derecho de defensa en forma previa a que Defensa del Consumidor emita el dictamen final que puede determinar sanciones como apercibimiento o multa.
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