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Crisis: la delegación cordobesa de la Cámara de la Construcción cuestionó a Schiaretti

Recordó que el 76% de las empresas que trabajaron en el cierre de la Circunvalación no eran cordobesas. Se manifestó en favor del Compre Córdoba.

El cierre del anillo de la avenida de Circunvalación de Córdoba.

El cierre del anillo de la avenida de Circunvalación de Córdoba.

Por medio de un comunicado de prensa, titulado “Defensa del empleo local: ¿Por qué aplicar el compre Córdoba en la Obra Pública?”, la delegación Córdoba de la Cámara de la Construcción (CAC) cuestionó que el gobierno provincial haya contratado compañías de otras provincias para las obras públicas que se realizaron en territorio cordobés. “Las pérdidas económicas de Córdoba por contratar empresas sin raigambre local son millonarias, perjudican la generación de empleo y transfieren fondos que de otra manera multiplicarían nuestra economía”, afirma la entidad empresaria. Si bien no menciona en ningún momento al gobernador de la provincia, Juan Schiaretti, pone en cuestión la política de contrataciones realizada por la administración de Unión por Córdoba (UPC).

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La posición de la filial cordobesa de la CAC se fundamenta en un informe técnico del Foro de Análisis Económico de la Construcción y se produce en medio de la profunda crisis económica, algunos de cuyos ejes son la alta inflación, la inestabilidad cambiaria, las elevadas tasas de interés y la recesión.

Dice la CAC que “es importante destacar que cada vez son más las empresas con sede central fuera de Córdoba a las que se les adjudican obras, basta ver el caso del cierre del anillo de (la avenida de) Circunvalación de la capital cordobesa, donde el 76% de las empresas no eran locales. Si se repitiera un escenario como ese, la economía provincial perdería 2.540,8 millones de pesos, es decir el equivalente a 1.815 viviendas sociales, o 240 mil canastas básicas”.

Agrega que “desde hace años, la Delegación Córdoba de la Cámara Argentina de la Construcción viene recalcando  la importancia de que las licitaciones sean adjudicadas a empresas arraigadas en la provincia, en el marco de la Ley de Obras Públicas 8.614, que establece la aplicación de la ley 9.331, también conocida como ‘Compre Córdoba'”.

Señala la organización, que “la principal razón para insistir en la aplicación de esta ley radica en las fuentes laborales que podrían fomentarse y los recursos económicos de Córdoba que dejan los límites de la geografía provincial beneficiando a otras regiones, considerando que estas obras son fondeadas por los impuestos que pagamos todos los habitantes de la Provincia”.

Explican que “en relación a los fondos que salen de Córdoba, no sólo se trata del beneficio empresario, sino en especial a un conjunto de costos asociados a remuneraciones de personal, directo e indirecto, servicios profesionales y compra de bienes, como son los insumos y maquinarias que habitualmente se adquieren y contratan en las ciudades donde las sedes centrales están instaladas”.

Detallan que la Cámara “simuló a través de su Sistema Estadístico de Costos de la Construcción el impacto de compra local y los números fueron realmente significativos. De una obra de infraestructura vial típica, como son las rutas, el 28% del costo total son fondos que dejarían Córdoba. Sin embargo, la pérdida es aún mayor por el efecto multiplicador, perdemos lo que se paga a ingenieros, topógrafos, mecánicos o laboristas fuera de nuestra provincia, pero también lo que estos consumen en el comercio minorista de sus ciudades multiplicando otras economías y no la cordobesa”.

La CAC pide por el “Compre Córdoba” y dice que en la Circunvalación, el 76% de las empreas eran de fuera de la provincia.

Por último, aseguran que llevando la simulación al extremo, se indagó cuánto perdería la economía provincial en caso que el 100% de la obra pública fuera realizada por empresas de otras jurisdicciones tomando como referencia el presupuesto provincial 2018 para el rubro. “El resultado fue impactante -dice la CAC-, en total, tomando en consideración los efectos indirectos de multiplicación, Córdoba perdería 3.343 millones de pesos, es decir el equivalente a 2.400 viviendas sociales o a 316 mil canastas básicas alimentarias”.

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