El gobernador Schiaretti ayer, recorriendo obras en marcha.
Los hechos son dos y tiñen el de por sí nervioso escenario político y económico de estos días: la presentación reclamando una deuda de 405 millones de pesos de coparticipación no liquidada al gobierno provincial por parte de los intendentes de Cambiemos en la Justicia de Córdoba; y la libertad de acción que el gobernador Juan Schiaretti les dio a sus cuatro diputados nacionales para que voten “a conciencia” el proyecto que modifica el esquema de actualización de las tarifas de servicios públicos, alineándolo con los salarios en lugar de con el dólar.
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Parece el guión de una tele-novela. Schiaretti dijo el miércoles que el Congreso y el peronismo dialoguista no cogobiernan y que el tema de las tarifas es potestad del gobierno nacional. Pese a ello, el diputado nacional Martín Llaryora firmó en disidencia el despacho opositor para que las tarifas de gas, luz, agua y transporte no aumenten más que los salarios. El viernes, los intendentes radicales presentaron su demanda al Tribunal Superior de Justicia de la Provincia para que le provincia les pague lo que consideran una deuda de coparticipación surgida del nuevo Pacto Fiscal, de 405 millones de pesos. Ayer a la tarde, el bloque de legisladores de Córdoba Federal le pidió al gobernador que les de libertad de acción para votar en el Congreso, cosa que fuentes del PJ confirmaron algunas horas más tarde.
Detrás de la polvareda, una fuente del peronismo y otras de Cambiemos, reconocieron que hay negociaciones. Schiaretti discute con el ministro del Interior Rogelio Frigerio hasta el último peso y más allá de que la letra de la distribución del Impuesto a las Ganancias surgida del nuevo Pacto Fiscal, es clara en favor de la administración provincial, también es cierto que la receta no es igual al sentido de distribución del resto de los recursos que sí son coparticipables. El intendente Ramón Mestre es el más activo demandante de estos fondos y lo ha convertido en una bandera de su campaña electoral, enrostrando al gobernador “falta de diálogo”. El contrapunto en Córdoba, ahora se subió a la negociación en el Congreso.
El intendente de Córdoba, Ramón Mestre.
Frigerio y el jefe de Gabinete, Marcos Peña, hacen negociaciones bilaterales y negocian con la billetera en la mano cada vez que se sientan con los caciques peronistas del interior. Esta vez, estarían intentando negociar sin fondos nuevos, esto es que buscarían canjear que los diputados del PJ no den quórum el miércoles para que no se trate el proyecto anti-tarifas a cambio de buscar una alternativa al reparto de fondos coparticipables que reclaman los intendentes. Esa opción podría incluir que en algún momento retiren la presentación realizada en el TSJ. Para ello, el gobierno nacional tendría que compensar con obras a los intendentes, algo que en el actual marco de ajuste del gasto público sería complejo. Según la fuente consultada, que pidió reserva de su identidad, no todos los jefes comunales están de acuerdo con quedar en el medio de esta pulseada y sobre todo, que no haya nada a cambio, aunque reconocen que la vía judicial no les va a dar ningún recurso extra en el corto plazo.
Como sucede en toda negociación, el peronismo tiene la cara pintada. Incluso, el gobernador ha hecho saber a través de sus voceros que está enojado con Frigerio y Peña por haber fogoneado el reclamo de los intendentes cuando antes habían firmado el nuevo Pacto Fiscal.
La realidad, es que Llaryora es el más firme de los cuatro legisladores que responden al gobernador y cree que es necesario hacerle lugar al nacimiento de una oposición peronista que pueda ser opción del presidente Macri. Asegura un dirigente que lo conoce desde hace años, que no le gustó nada como lo trató la gente luego de haber votado la reforma previsional. “No quiere repetir semejante experiencia, aparte de que no comparte la política tarifaria del gobierno”, dice el dirigente peronista. El vicegobernador en uso de licencia tampoco está conforme con el papel que le suele reservar el gobernador Schiaretti y su protagonismo en este tema tendría que ver también con reposicionarse en el escenario político del PJ local.
Mientras que el proyecto presentado por Marco Lavagna y Diego Bossio sufriría modificaciones importantes: eliminaría la reducción del IVA para que los gobernadores no le retiren el apoyo político -dado que tendría un costo fiscal de unos 100 mil millones de peso en 2018-, pero el ala neoliberal de los gobernadores del PJ no imagina otra salida que la ensayada por el gobierno nacional. Esto es, que no tiene intención de votar el proyecto anti-tarifas, pero si el presidente los pone contra las cuerdas, están dispuestos a no ensuciarse y dejar que el “voto a conciencia” siga su curso, obligándolo a vetar la iniciativa.
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