El presidente Mauricio Macri. Foto: Presidencia de la Nación.
El Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba y la Unión de Trabajadores de la Educación de la Provincia (UEPC) anunciaron ayer que participarán de la movilización contra la reforma laboral que se realizará en Buenos Aires, mañana 29 de noviembre.
La concentración fue convocada por la Corriente Federal de los Trabajadores, las dos CTA y distintos sectores de la CGT opositores al triunvirato, que lidera el camionero Pablo Moyano. La marcha hacia el Congreso de la Nación es en repudio a las reformas laboral, previsional e impositiva.
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“El Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba adhiere y convoca a la marcha del próximo miércoles 29 de noviembre a las 15 horas al Congreso de la Nación en rechazo a los proyectos de ley que representan un feroz ajuste sobre los trabajadores, jubilados, pensionados y beneficiarios de programas sociales, sectores pymes y economías regionales”, señalaron a través de un comunicado de prensa.
La decisión apunta a evitar que las reformas logren el apoyo del peronismo en el Congreso, que con sus distintas variantes podría impedir que las medidas que impulsa el gobierno puedan concretarse.
El lanzamiento de la movilización llegó después de que el jefe de la bancada peronista en el Senado, Miguel Pichetto, advirtiera sobre las voces que al interior del sindicalismo, rechazaban cambios en la normativa laboral. “Hemos decidido postergar el tratamiento de este tema hasta la nueva composición del Senado y hasta que la CGT coherentice y unifique en una sola voz la voluntad de avanzar con las reformas en materia laboral”, anunció Pichetto.
El senador rionegrino consideraba que el apoyo del Triunvirato de la CGT integrado por Héctor Daer, Carlos Acuña y Juan Carlos Schmid sería suficiente para sostener los cambios que quería el gobierno de Mauricio Macri, pero la principal organización de trabajadores sufrió importantes fisuras a causa de la negociación, fundamentalmente con la Corriente Federal de Trabajadores que lideran los bancarios y los gremios que apoyan al camionero y secretario Gremial de la CGT, Pablo Moyano.
Sergio Palazzo, en una entrevista que concedió al diario Página/12 el domingo, dijo que “los legisladores no tienen que ser cómplices del ajuste” y aseguró que “si la unidad no sirve para defender los intereses de los trabajadores, entonces tenemos todo el derecho y la razón de crear nuestro propio espacio de resistencia”, lo que implica una virtual fractura de la CGT.
–Por ahora el Senado suspendió la reforma laboral pero eso no implica anulación, le señala el diario en la entrevista..
–Sí, es cierto y por lo tanto el peligro continúa y está latente porque hay una decisión política del gobierno de avanzar en esa reforma. Un acuerdo que oportunamente habían arribado el gobierno con el triunvirato y que nosotros lo rechazamos de plano porque consideramos que sigue vulnerando los derechos de los trabajadores. Fue una negociación que sólo resultó una pérdida total para los trabajadores.
–¿Está desconociendo lo realizado por el triunvirato?
–Es una mirada crítica de lo que hicieron y un pedido para que se ajusten al mandato que surgió del Comité Central Confederal (de octubre pasado) y en aquella movilización (de agosto) donde se amenazó con un paro y que nada tiene que ver con lo que negociaron. Se reclamó un aumento de emergencia para los jubilados y ahora son los jubilados los que tienen que poner plata por la forma nueva que le van a calcular su haber. Habíamos planteado la necesidad de resolver el problema de las obras sociales y eso no se resolvió. Planteamos proteger el trabajo argentino y el gobierno nacional en su presupuesto anuncia que incrementará en un 10 por ciento la apertura de las importaciones con respecto al año anterior. Quiere decir que lo que reclamamos y le dimos mandato al triunvirato está plenamente vigente y no se ha tocado. Es más, lo único que se tocó es un proyecto de reforma que envió el gobierno donde todos puntos son a pérdida y que algunos artículos se hayan logrado quitar no significa que sea mejor porque los trabajadores continúan perdiendo derechos.
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