Alberto Fernández envió al Senado el proyecto de ley de capitales alternas, anunciado durante la campaña electoral, que consiste la selección de 24 ciudades argentinas para trasladar a los ministros y secretarios a reuniones de gabinete.
Eduardo “Wado” De Pedro tendrá a cargo la logística y seguimiento de cada reunión del gabinete federal y el vínculo con las autoridades provinciales que sean anfitrionas. Pero el proyecto no indica qué se tomó en cuenta para elegir las capitales alternas, cuyo listado tiene algunas peculiaridades.
Sólo en San Luis y en Formosa se optó por la capital provincial, que tienen el mismo nombre que la Provincia; mientras que en Buenos Aires se asignaron dos ciudades: Mar del Plata (General Pueyrredón) y La Matanza. En ningún fragmento del proyecto se aclara si se consultó con los gobernadores.
En Córdoba, el presidente Fernández pidió ir a Río Cuarto, en Santa Fe a Rosario, en Mendoza a Guaymallén y en Río Negro a San Carlos de Bariloche. La ley pide que Caleta Olivia sea la capital alterna de Santa Cruz, Cutral Co de Neuquén, La Banda de Santiago del Estero, General Pico de La Pampa, Chilecito en La Rioja y Comodoro Rivadavia de Chubut.
En Tierra del Fuego se eligió a Río Grande, la ciudad industrial golpeada por la debacle de la industria electrónica; Monteros en Tucumán, Tinogasta en Catamarca, Roque Saenz Peña en Chaco, Goya en Corrientes, Oberá en Misiones, Orán en Salta, Caucete en San Juan, San Pedro en Jujuy y Concordia en Entre Ríos, elegida también para lanzar la tarjeta alimentaria por ser una de las de mayor desocupación.
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