Dina Boluarte, quien fue proclamada este miércoles como presidenta del Perú por el Congreso tras la destitución de Pedro Castillo y por lo tanto será la primera mujer en ocupar el cargo, es una abogada de 60 años con ideas de izquierda pero sin militancia en partidos, cuyo nombre hasta hace pocos meses era absolutamente desconocido por la mayoría de sus compatriotas.
Aún hoy se sabe poco de la vida privada de Boluarte, quien nació en el empobrecido departamento andino de Apurímac, en el sur del país, y proviene de clases populares, como Castillo.
Boluarte fue elegida vicepresidenta en julio de 2021, a nombre del partido marxista leninista Perú Libre (PL), y como tal estuvo siempre en medio de las especulaciones por los diversos intentos del Congreso para destituir a Castillo.
Este miércoles, después de que el saliente mandatario pretendiera cerrar el Congreso, Boluarte marcó distancias con su otrora aliado: “Es un golpe de Estado que agrava la crisis política e institucional”, dijo.
Boluarte nació en Chalhuanca, una ciudad de menos de 30.000 habitantes a casi 3.000 metros de altura, y se tituló de abogada en la universidad privada San Martín de Porres, en Lima, donde también siguió estudios de posgrado.
Durante muchos años, la ahora presidenta ejerció un cargo modesto en el Estado: gerente de una seccional menor en Lima del ente encargado de entregar documentos de identidad.
En 2018, la anónima funcionaria tuvo su primera participación en política, al postularse para alcaldesa de un distrito limeño de clase media, Surquillo, donde reside.
Apenas obtuvo un 2,8 % de votos, pero hubo un hecho significativo: al no tener partido, se postuló por PL y comenzó una relación con ese colectivo del que fue expulsada el año pasado, ya como vicepresidenta, por criticar públicamente a su jefe, Vladimir Cerrón.
Antes, en 2020, había sido candidata a congresista por PL, pero con una mínima votación. Aún así, Cerrón la seleccionó para conformar con Castillo la fórmula presidencial que, contra todo pronóstico, resultó ganadora.
Boluarte fue ministra de Inclusión Social desde la posesión de Castillo hasta el mes pasado y, a diferencia de la mayoría de los funcionarios de Castillo, no estuvo involucrada en escándalos ni sembró sospechas de corrupción.
Aún así, la oposición parlamentaria la tuvo en su mira y pretendió destituirla por haber seguido figurando como presidenta de un club privado -el Apurímac, integrado por sus paisanos en Lima-, a pesar de que por ley eso es incompatible con ser ministra.
Sin embargo, esta semana el Congreso archivó el caso por considerar que no hubo incompatibilidades y de paso dejó sin efecto otra denuncia que sin mayores fundamentos se le había hecho por supuesto nepotismo.
Muy discreta en sus participaciones y recelosa de su ámbito privado, la nueva gobernante ya se había hecho un nombre en el escenario político, aunque para los grandes sectores de la población seguía en un virtual anonimato.
> Con información de TÉLAM.
—
