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Piden modificar la ley sobre el uso de vehículos judicializados

Imagen del accidente protagonizado por González en Altas Cumbres. (Foto: Policía)

El bloque Juntos UCR presentó un proyecto para modificar la ley que reglamenta el uso de vehículos judicializados. La iniciativa prohibe la utilización de estos rodados por parte de legisladores y autoridades judiciales y del Poder Ejecutivo. El planteo es una consecuencia del siniestro vial protagonizado por el ex presidente interino de la Legislatura de Córdoba, Oscar González, en la ruta de Altas Cumbres, con un auto entregado por el Tribunal Superior de Justicia.

Cabe recordar que el legislador peronista protagonizó un grave accidente el pasado sábado 29 de octubre. En el siniestro murieron una docente de 56 años y dos adolescentes de 14 años sufrieron graves heridas. González, fue imputado como presunto responsable de la tragedia vial, y pesan sobre él, los cargos de “homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas”. Se encuentra en libertad. El dirigente conducía una BMW X1 “judicializada”, que había sido entregada por el TSJ a la Legislatura. Según la información oficial, utiliza además otros tres vehículos de alta gama judicializados.

La Pampa

La iniciativa de la UCR que lleva la firma del legislador, Dante Rossi (UCR), propone modificar el artículo 1 de la ley 8550.

De acuerdo al proyecto, “(…) los automotores secuestrados en causas penales serán entregados en el término de treinta días por el Juez o Fiscal de Instrucción, definitivamente o en depósito, a sus propietarios, poseedores o legítimos tenedores. Si estos no pudiesen ser individualizados o hallados al vencimiento del término, deberán ser puestos a disposición del Tribunal Superior de Justicia, quien podrá entregarlos en depósito a un organismo público, asociación, fundación o entidad de bien común, para su afectación al funcionamiento correcto y debido del mismo, y no de cada una de sus autoridades o integrantes de los poderes del Estado”.

Agrega que “la Resolución deberá ser fundada y pública, acreditándose los motivos de la necesidad de la utilización del vehículo. La información constará en un registro que será público. El organismo que recibiere un automotor en depósito asumirá las obligaciones inherentes a su guarda y conservación, debiendo contratar un seguro completo. La entrega en depósito se dejará sin efecto si correspondiere la devolución del automotor con arreglo al artículo a las disposiciones del Código de Procedimiento Penal”.

También plantea modificar el artículo 2 de la ley 8550. Dicho punto, según la iniciativa de la UCR, deberá establecer lo siguiente: “El Tribunal Superior de Justicia establecerá un sistema de individualización de los vehículos entregados en depósito y otro que se hará en el mismo automotor a través de una marca o señal visible de al menos 30x30cm en ambas puertas delanteras que manifieste el carácter en que fueron entregados”.

EPEC

Expresa Rossi que “luego del tremendo accidente protagonizado por el legislador Oscar González en el Camino de las Altas Cumbres, se ha puedo en debate en la sociedad si determinados organismos públicos deben tener acceso a dichos vehículos y la razonabilidad de su utilización, por ejemplo, en el caso de legisladores o integrantes del Poder Judicial”.

Señala que “el objetivo de la ley es importante. En vez de que el vehículo vaya a parar a un corralón, donde sufra un enorme deterioro, se entrega a organismos o entidades de bien público para prestar un servicio público. Municipios han recibido vehículos y los han destinado a la utilización de dispensarios, colegios u hospitales. Fundaciones o Asociaciones muchas veces cumplen mejor su función de bien común con estos vehículos”.

Indica que “lo que está en discusión es el límite y los posibles abusos que se derivan de la aplicación de la norma por lo que la modificación propuesta en el art. 2 que incorpora la identificación visible de al menos 30x30cm inscripta en ambas puertas delanteras posibilitará la identificación del origen permitiendo el control social del uso de estos bienes públicos”.

Finalmente, precisa que “el proyecto busca que la resolución del Tribunal Superior de Justicia que dispone la afectación del vehículo esté absolutamente fundada y sea pública”.

El legislador provincial Dante Rossi (UCR).

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