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Los tres significados del término “Lawfare”

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. (Foto: Gentileza).

El término “Lawfare” nace como una idea noble de Justicia universal. Se trataba de llevar justicia a guerras olvidadas e interminables. Así se constituyeron los Tribunales Especiales para juzgar los Crímenes de Guerra en Ruanda y en la vieja Yugoslavia. Estos son precedentes de la Corte Penal Internacional y del Estatuto de Roma. Y aparece la figura de la extraterritorialidad y la imprescriptibilidad. El dictador chileno Augusto Pinochet es detenido en Londres por orden de un juez español y por crímenes cometidos en Chile.

Un segundo significado del término “Lawfare” es el de Guerra Jurídica. Aquí, el sistema judicial en una democracia es utilizado como arma para descalificar y condenar al adversario político. Es el “Caso Lula”.

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En dos libros publicados por la Editorial Astrea (El Caso Lula – 2018; y el Lawfare – 2020) los mismos autores Cristiano Zanin Martins, Valeska Teixeira Zanin Martins y Rafael Valim, analizan con rigor jurídico el proceso judicial contra el presidente Lula Da Silva. Y muestran de qué manera el aparato jurídico brasileño funcionó como un instrumento de condena social, política y jurídica. La defensa de Lula estuvo centrada en la violación de las garantías judiciales y no en la justificación de actos de corrupción. Durante las 2 presidencias de Lula se sancionaron en Brasil la mayor cantidad de leyes de lucha contra la corrupción.

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Este significado de “Lawfare” como guerra jurídica también ha sido utilizado en la guerra palestino – israelí. El Estado de Israel sanciona a partir de 1945 una legalidad en materia de derecho de propiedad registral que reemplaza el régimen de propiedad histórico del pueblo palestino, basado en tradiciones orales y familiares. Este cambio de legalidad dominial es el que permite legalizar los asentamientos israelíes en territorios palestinos ocupados luego de las guerras. Se trata del uso de un sistema jurídico como arma de guerra.

Pero existe también un tercer significado del término “Lawfare” que consiste en garantizar impunidad a los delitos del poder. Y para ello declara de manera dogmática que los condenados por corrupción son víctimas de una persecución judicial ideologizada. Este significado del “Lawfare” debe leerse en la realidad de lo que pasa en el subcontinente americano. Somos la parte del mundo con los mayores índices de corrupción y de desigualdad en la distribución del ingreso. (Transparencia Internacional e índice de GINI).

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La corrupción en Latinoamérica no es un simple delito penal, es un sistema de construcción de poder con impunidad judicial garantizada.

El Informe de la Comisión de Expertos del colegio de abogados de Córdoba del año 2018 acredita que la desconfianza social en la justicia (82%) está causada por la impunidad judicial de los delitos del poder.

El Caso Cristina Fernández de Kirchner es muy diferente del Caso Lula. Un análisis sistémico de las tres causas judiciales en las cuales esta investigada (Vialidad, Hotesur y Los Sauces) muestra con claridad jurídica la autorruta de la corrupción en Argentina en sus 4 etapas: Sobreprecios en la obra pública, sobornos, enriquecimiento ilícito público y privado y lavado de activos.

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Hay que decir que este significado de “Lawfare” como garante de la impunidad del gobernante ha llegado a los EE.UU. Donald Trump ha declarado que los procesos judiciales seguidos en su contra son persecuciones políticas que buscan su proscripción. Según Trump el aparato judicial ha sido militarizado en su contra.

La Resolución 1/18 de Bogotá de la CIDH declara que la Corrupción es en América una violación autónoma de los DD.HH. Y que los sistemas judiciales de los países de América han fracasado en luchar contra la corrupción.

Los “jueces del poder” de los que hablaba Balzac en la Comedia Humana marcan la historia judicial y política de América Latina. Los jueces en América, en su gran mayoría, son garantes de impunidad del Poder. Resulta impensable considerar que gobernantes con probadas causas de corrupción sean víctimas de una persecución política.

* Juan Carlos Vega. Universidad Católica de Córdoba – Universidad Católica de Lovaina.

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