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Legalización del aborto: Los cinco senadores que definen la aprobación o el rechazo de la ley

La senadora Lucila Crexell (MPN). (Foto: Gentileza Diario Río Negro).

Son cinco los senadores que pueden definir el curso de la iniciativa del presidente Alberto Fernández de legalizar el aborto, un debate que comenzará este martes en la Cámara de Senadores y culminará con la votación en la madrugada del miércoles. Todos los bloques legislativos se dividen entre “verdes” y “celestes”, no existe la unanimidad en este tema. Por ese motivo, la clave del resultado se concentra en senadores que representan a distintas fuerzas políticas: dos de ellos son peronistas, el salteño Sergio “Oso” Leavy (peronista K) y el entrerriano Edgardo Kueidir (peronista clásico); dos son de partidos provinciales, el ex gobernador de Río Negro Alberto Weretilneck y la neuquina Lucila Crexell; y una radical, la entrerriana Stella Maris Olalla.

Como se sabe, con la decisión de la peronista K rionegrina, Silvina García Larraburu de sufragar por el proyecto del oficialismo, la sesión arrancará, en principio, con 70 senadores presentes, 33 a favor de la posición “verde”, 32 de la “celeste” y 5 sin postura dada a conocer públicamente. Entre los verdes se encuentra los tres legisladores cordobeses: Carlos Caserio (Frente de Todos), Laura Rodríguez Machado (Pro, JxC) y Ernesto Martínez (Frente Cívico, JxC).

Mientras que los senadores Carlos Menem (La Rioja) y José Alperovich (Tucumán), dos que en 2018 se manifestaron en contra de la IVE no tomarán parte de la sesión. El primero porque se encuentra internado en grave estado en un sanatorio porteño y el segundo, porque cursa una licencia extraordinaria hasta el 1 de enero de 2021, por la acusación de abuso sexual agravado de una sobrina de 29 años.

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En 2018, la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) naufragó en la cámara alta por 38 votos a 31.

De acuerdo a los relevamientos de distintos medios porteños y propios, de los cinco senadores que no se han expresado aún, existe el siguiente panorama:

-Los peronistas Leavy y Kueidir son “celestes” históricamente, pero no se han expresado aún sobre cuál será su postura en la sesión del martes. Es decir, podrían no acompañar el rechazo del proyecto de legalización del aborto. Fuentes del gobierno nacional señalaron que la posición que finalmente adopten estos dos senadores oficialistas será clave para la iniciativa. El único que dijo algo fue Leavy, hace cuatro días: “Estoy pensando mi voto”. Dos cuestiones más están en juego: Leavy es un peronista kirchnerista y Kueidir responde al gobernador Gustavo Bordet, de relación muy cercana con la Casa Rosada.

Sergio Leavy (FdT Salta).

Edgardo Kueidir (FdT, Entre Ríos).

-Alberto Weretilnek señaló su apoyo en general, pero solicitó modificaciones al texto en su tratamiento en comisión. No adelantó su posición una vez que el bloque peronista decidió avanzar con el dictamen idéntico al aprobado en Diputados, descartando sus propuestas. Si bien suele votar en sintonía con el oficialismo, y es permeable a las negociaciones con la Casa Rosada, nadie da por seguro su apoyo a la iniciativa.

Para tener una idea más cercana de su posición, había planteado las siguientes modificaciones, según publicó la agencia Telam:

-Que los abortos en mayores de 13 años embarazadas por una violación se limiten a la semana 22 de gestación.

-Que se modifique la redacción que establece que se permite el aborto después de la semana 14 cuando estuviera en peligro la vida de la persona embarazada.

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-También reclamó cambios en el artículo 5 de la iniciativa en la que se establece una serie de derechos en la atención de la salud como el de la autonomía de la voluntad.

El texto sostiene que “el personal de la salud debe respetar las decisiones de las pacientes respecto al ejercicio de sus derechos reproductivos, las alternativas de tratamiento y su futura salud sexual y reproductiva. Las decisiones de la paciente no deben ser sometidas a juicios derivados de consideraciones personales, religiosas o axiológicas por parte del personal de salud, debiendo prevalecer su libre y autonomía de la voluntad”.

Alberto Weretilneck (Río Negro).

Según el legislador “este artículo, con dicha redacción, llevaría a los médicos a tener que acceder a las prácticas médicas que la mujer decide, sin participar de la misma, pero cargando con las consecuencias del tratamiento defectuoso, incluso con la posibilidad de incurrir en mala praxis”.

“Claramente que la persona gestante participa activamente de la decisión del tratamiento, pero éste no puede ser un derecho absoluto, del cual el profesional médico no participa”, remarcó.

-Lucila Crexell es representante de la provincia de Neuquén por el Movimiento Popular Neuquino (MPN), En 2018 se abstuvo. Ahora, se expresa muy cerca de aportar un voto favorable a la iniciativa.

En declaraciones al diario Río Negro dijo que está a favor de la despenalización de la práctica. De hecho en 2018 presentó un proyecto en este sentido. “Que el aborto sea un delito no hace que las mujeres dejen de abortar”, manifestó. “Ya que yo esté a favor de la despenalización, es un indicio de cuál es mi posición respecto del tema”, aseguró la senadora.

-La radical Stella Maris Olalla ha mantenido un silencio total respecto de su posición sobre el aborto. Desde que se declaró la cuarentena en el mes de marzo, Olalla pasa la mayor parte de sus días en su departamento de la ciudad de Paraná. Es una incógnita cuál será su posición.

Stella Maris Olalla (UCR, Entre Ríos).

Un dato extra a tener en cuenta, es que si se produjera un empate en la votación, desempataría la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. En 2018, CFK ya votó a favor del IVE y ahora repetirá su posición.

Todo indica que el presidente hizo una apuesta de alto riesgo, pero calculó chances favorables para semejante paso. La negociadora del proyecto es la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, secundada por la ministra Elizabeth Gómez Alcorta.

Pese a ello, persisten las dudas y algunos operadores opositores vaticinan sorpresas: si el gobierno fracasa en su intento de aprobar la ley de legalización del aborto será un fuerte golpe a su capacidad política y una demostración de debilidad.

Razonan que a diferencia de Mauricio Macri, que puso el IVE en escena no por convicción, sino por oportunismo, como válvula de escape de la presión social frente al descalabro económico, y no tomó posición ni jugó su poder detrás del proyecto, Fernández puso en juego su capital político.

Dentro de este esquema, algunos señalan que el PRO duro, que lideran el ex presidente y Patricia Bullrich, maniobraría para convencer a senadores propios pro-aborto a “abstenerse” o “votar en contra”. Dentro de esas especulaciones se menciona el nombre de la cordobesa, Laura Rodríguez Machado.

Otro punto que genera urticaria en las filas del PRO más anti-peronista y anti-kirchnerista, es la posibilidad de que la vicepresidenta desempate: “La ley será recordada como un logro de Cristina. Sería un escenario ideal para ella”, argumenta un hombre de la oposición para sostener que no todo está dicho todavía.

Se abren horas decisivas.

>> VOTO POR VOTO

>> LOS PUNTOS PRINCIPALES DEL PROYECTO

-Despenaliza y legaliza el aborto en las primeras 14 semanas de gestación y más allá de ese plazo, como ya está previsto en el Código Penal, desde 1921, cuando corre riesgo la vida y la salud de la mujer y en caso de violación. En este último caso, se exigirá una declaración jurada pertinente de la persona gestante, ante el personal de salud interviniente. En los casos de niñas menores de 13 años de edad, la declaración jurada no será requerida.

-Las obras sociales y prepagas además de hospitales deben garantizar la práctica de manera gratuita. Estas prestaciones quedan incluidas en el Programa Nacional de Garantía de Calidad de la Atención Médica y en el PMO con cobertura total, junto con las prestaciones de diagnóstico, medicamentos y terapias de apoyo.

-En los casos de personas menores de 13 años, la solicitud de IVE deberá ser efectuada mediante su consentimiento informado con la asistencia de al menos uno/a de sus progenitores/as o representante legal.

-En los casos de adolescentes de entre 13 a 16 años, se presume que cuentan con aptitud y madurez suficiente para decidir la práctica y prestar el debido consentimiento, a menos que deba utilizarse un procedimiento que implique un riesgo grave para su salud o su vida. En dichos casos la persona menor de edad ejerce sus derechos a través de sus representantes legales.

-Las personas mayores de 16 años de edad tienen plena capacidad por sí para prestar su consentimiento, a fin de ejercer los derechos que otorga la presente ley.

-Si se tratara de una persona con capacidad restringida por sentencia judicial y la restricción no tuviere relación con el ejercicio de los derechos que otorga la presente ley, podrá prestar su consentimiento informado sin ningún impedimento ni necesidad de autorización previa alguna y, si lo deseare, con la asistencia del sistema de apoyo previsto en el artículo 43 del Código Civil y Comercial de la Nación.

-Objeción de conciencia: El o la profesional de salud que deba intervenir de manera directa en la interrupción del embarazo tiene derecho a ejercer la objeción de conciencia.

-El texto del despacho de mayoría no habilitó la objeción de conciencia institucional, pero se permite que una institución médica privada pueda excusarse de realizar la práctica en caso de que la totalidad de sus profesionales estén inscritos como objetores.

A los fines del ejercicio de la misma, deberá:

>>Mantener su decisión en todos los ámbitos, público y privado, en que ejerza su profesión.

>>Derivar de buena fe a la paciente para que sea atendida por otro u otra profesional en forma temporánea y oportuna, sin dilaciones.

>>Adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el acceso a la práctica.

>>Cumplir con el resto de sus deberes profesionales y obligaciones jurídicas.

>>El personal de salud no podrá negarse a la realización de la interrupción del embarazo en caso de que la vida o salud de la persona gestante esté en peligro y requiera atención inmediata e impostergable.

>>No se podrá alegar objeción de conciencia para negarse a prestar atención sanitaria postaborto.

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