El viernes se lanzó la mesa de trabajo contra la proscripción de la vicepresidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner. La actividad se desarrolló en el Pabellón Residencial de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). En su primer encuentro, el espacio, promovido por la Casa Patria de Córdoba, se resolvió la publicación del documento titulado “Democracia o Proscripción” y la realización de una actividad conjunta para el jueves 9 de marzo, día en que se conocerán los fundamentos de la sentencia judicial contra la vicepresidenta.
“Lo que está en juego es mucho más que la suerte de una dirigente. Lo que hoy está en peligro es la Democracia. No puede haber democracia plena si la principal dirigente política se encuentra proscrita, si la mayoría de la sociedad argentina no tiene posibilidad de elegir a quien representa sus sueños, anhelos y esperanzas. No puede haber democracia plena si la mafia judicial decide las políticas públicas del Poder Ejecutivo, decide los representantes del Poder Legislativo en el Consejo de la Magistratura y decide quienes serán los candidatos”, expresó la titular de Casa Patria Córdoba, la diputada nacional, Gabriela Estévez.
Agregó la legisladora kirchnerista que “tenemos la responsabilidad de construir una coalición política y social lo más amplia posible en defensa de la Democracia. El pueblo tiene derecho a elegir en libertad a quienes mejor lo representen. De ahí la convocatoria a esta mesa de trabajo, como una plataforma plural, que reúna a los principales referentes políticos, sindicales, sociales, religiosos, culturales, académicos y científicos de nuestra Provincia comprometidos con el Estado de Derecho”.
El documento dice que “en los próximos días se dará lectura a los fundamentos de la sentencia que condena a Cristina a 6 años de cárcel y a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Esta sentencia es inescindible del proceso electoral en ciernes ya que el fallo, que se dicta tras un juicio plagado de irregularidades, constituye un claro cercenamiento de los derechos políticos de la vicepresidenta y del electorado”.
Explica más adelante, que “en el proceso judicial y en la sentencia se violaron todas las garantías fundamentales del Estado de Derecho: se desconocieron garantías básicas del debido proceso como la presunción de inocencia, el derecho de defensa y el principio de objetividad que debe guiar la actuación del Ministerio Público Fiscal. De esa manera Tribunal y fiscales federales arribaron a esta condena ilegítima que seguramente intentarán fundamentar -al estilo brasileño- en “profundas convicciones”.
En esa línea, argumenta que “la sentencia constituye la concreción máxima del lawfare en nuestro país, práctica violatoria de los derechos humanos que opera como condicionante de los procesos electorales, de la agenda política y de la opinión pública. Nos encontramos frente a un verdadero acto antirrepublicano del Poder Judicial”.
Por último, realiza un “llamamiento público, intergeneracional, abierto y plural a intelectuales, artistas, referentes sociales, sindicales, políticos y religiosos de nuestra provincia a manifestarse frente a la severa amenaza al pacto democrático que venimos sosteniendo como sociedad desde 1983”.
Además de Estévez, adhieren, entre otros, los dos diputados nacionales del kirchnerismo, Pablo Carro y Eduardo Fernández; la titular de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), Mirta Iriondo; la decana de la Facultad de Filosofía y Humanidades Flavia Dezzutto, la decana de la Facultad de Artes, Ana Mohaded, el ex Rector de la UNC Francisco Tamarit, y el ex decano de la Facultad de Ciencias Médicas, Gustavo Irico; y el director de Derechos Humanos del Senado, Martín Fresneda.
VER Documento Democracia o Proscripción.
