Lunes 06 de Julio de 2020

Espionaje M: Vinculan a espías con ex funcionarios de la Casa Rosada y procedimientos del fallecido juez Bonadío

La investigación por supuestas maniobras de espionaje ilegal durante la gestión de Cambiemos se amplió ayer con una denuncia de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner sobre vínculos de ex espías con antiguos funcionarios de la Casa Rosada y con procedimientos ordenados en su contra en el 2015 por el fallecido juez Claudio Bonadio.

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A través de su abogado, Carlos Beraldi, la vicepresidenta denunció que algunos de los espías y ex espías investigados habían sido antes miembros de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, fuerza con la cual participaron de procedimientos realizados en el marco de la causa Hotesur, por la que fueron procesados la ex mandataria y sus hijos Máximo y Florencia.

Además, en un escrito presentado ante el juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena, Cristina denunció la existencia de una reunión en Casa de Gobierno, en 2016, entre el ex secretario general de la Presidencia de Mauricio Macri, Fernando de Andreis, y agentes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) ahora investigados por supuestas maniobras de espionaje ilegal que habrían tenido a la ex mandataria como víctima.

La ex jefa de Estado, al igual que el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, son querellantes en la causa que investiga esa estructura ilegal de vigilancia, a partir de haber sido notificados por el juez Villena de que figuraban entre los presuntos espiados.

De igual manera, el secretario general adjunto del sindicato de Camioneros, Pablo Moyano, concurrirá hoy a las 11 al juzgado, en carácter de víctima, y también lo haría proximamente la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, quien comparte abogado con Rodríguez Larreta y no descarta involucrarse como querellante. Vidal se encuengtra aíslada luego de dar positivo de coronavirus.

En tanto, desde la órbita que investiga el espionaje a través de correos electrónicos, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi ordenó a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y al Ministerio de Seguridad que informen si durante la gestión de Silvia Majadalani y Patricia Bullrich en esas dependencias fueron adquiridos equipos de "intercepción" de mails y mensajería instantánea, algo que está vedado por la ley de inteligencia.

El magistrado envió sendos oficios a ambas dependencias del Estado en el marco de la causa abierta a partir del hallazgo de un disco rígido en la AFI con rastros de e-mails interceptados de dirigentes políticos y periodistas.

Según el expediente que se tramita en Lomas de Zamora, se trata de "una organización criminal con inserción en el Estado Nacional, Provincial y Local, cuyos integrantes (...) habrían llevado a cabo distintas maniobras ilícitas de carácter indeterminado y realizado tareas de inteligencia y/o espionaje en infracción a la ley 25.520, en distintos periodos y abarcando diversas jurisdicciones".

De acuerdo con la presentación realizada ayer por Fernández de Kirchner, los ex espías Leandro Araque y Jorge "Turco" Saez -investigados por espionaje ilegal- participaron como policías de procedimientos ordenados por Bonadio.

También Cristina pidió investigar la reunión ocurrida en 2016 entre los espías y de Andreis, que se sumó a otras informadas al juzgado el viernes último.

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Ese encuentro, según esos registros, tuvo lugar el 21 de enero de 2016 entre las 10.21 y las 13.04 en la sede de la Secretaría General de Presidencia de la Nación y tuvo como participantes también a Javier Bustos y Jonatan Nievas, quienes -según la causa- "habrían prestado funciones en inteligencia", y a Rodrigo Simón, "un integrante de la Policía Metropolitana".

El desfile de presuntas víctimas en el juzgado de Villena comenzó la semana pasada con Cristina y Rodríguez Larreta y siguió con el periodista del diario La Nación, Hugo Alconada Mon.

Según la información que consta sobre anteriores reuniones, se habrían concretado unas doce entre los imputados en el caso Leandro Araque, Facundo Melo y Jorge Sáez con la entonces funcionaria Susana Martinengo, quien estaba encargada del área de "Documentación" de Presidencia.

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