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El oficialismo y bloques dialoguistas se reunieron en busca de acuerdos por el proyecto de ley Ómnibus

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. (Foto: Eliana Obregón / Télam / Archivo).

El oficialismo de la Cámara de Diputados y los tres bloques opositores dispuestos a “dar gobernabilidad” incrementaron este lunes el diálogo en la búsqueda de consensos sobre el articulado del proyecto de Ley Ómnibus impulsado por el Gobierno, en el marco de una reunión en la presidencia del cuerpo, de la que también participaron representantes del Poder Ejecutivo.

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El presidente de la Cámara baja, Martín Menem, acompañado por otros referentes legislativos de La Libertad Avanza, como el titular de la comisión de Legislación General, Gabriel Bornoroni; recibió a diputados de la Unión Cívica Radical, del PRO y de Hacemos Coalición Federal, en una reunión que se extendió por más de tres horas.

Entre los referentes de los bloques opositores estuvieron Miguel Pichetto y Juan López (Hacemos); Karina Banfi y Soledad Carrizo (UCR) y Silvia Lospennato y Diego Santilli (PRO).

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Según fuentes que participaron de la reunión, se analizaron los primeros 100 artículos del proyecto de ley y se hicieron algunas consideraciones como el pedido de la oposición para que se elimine el capítulo electoral y la propuesta de que el pedido de facultades sea acotado en sus materias y en el plazo.

También se evaluó el tema de la privatización de las empresas públicas, cuestión sobre la que las tres bancadas le pidieron al Ejecutivo precisiones sobre cuales quieren en ese proceso. En ese sentido, los bloques de la oposición pidieron que YPF y el Banco Nación no estén incorporados en la ley.

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La reunión se retomará este martes con el análisis de los artículos referidos a lo económico y lo fiscal, en tanto que para un tercer día quedarán cuestiones referidas a seguridad, educación, salud y modificación del Código Civil, entre otras.

A partir del avance de estas negociaciones el Poder Ejecutivo continúa con su intención de emitir dictamen entre jueves y viernes, para poder llevar el tema al recinto el sábado 19 o a más tardar el lunes 22.

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En ese sentido, se continuará con la ronda de exposiciones de sectores alcanzados por el texto del proyecto, y desde La Libertad Avanza prevén que miércoles y jueves se podría desarrollar el debate entre los propios diputados.

Sin embargo, legisladores de los bloques que participaron de la reunión con el oficialismo evalúan que “sería más conveniente emitir el dictamen y sesionar después de la medida de fuerza convocada por la CGT para el 24 de enero”.

Según fuentes de dos de las tres bancadas en cuestión “no convendría aprobar la ley antes de ese paro por 12 horas”, ya que “se ganaría poco tiempo y provocaría mayor malestar en quienes rechazan el texto”.

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Desde el trío de bloques “dialoguistas” también aclararon que no piensan ceder en cinco cuestiones, que, entonces, deben quedar bien aclaradas en el dictamen que impulsará el oficialismo: facultades delegadas, privatización de empresas públicas, retenciones a las exportaciones, fórmula de movilidad previsional y reforma política.

La reunión en busca de los consensos se realizó mientras el plenario de comisiones que analiza el proyecto retomó hoy su trabajo desde pasadas las 10 con el testimonio de empresarios, asociaciones, sindicalistas, ONG’s y sectores alcanzados por lo dispuesto en esa iniciativa.

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Las comisiones de Legislación General, de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales recibieron en esta cuarta jornada de trabajo a expositores de distintos sectores que, en su mayoría, plantearon sus cuestionamientos al proyecto enviado por el Poder Ejecutivo.

La reunión comenzó marcada además por la respuesta de los legisladores opositores a las afirmaciones recientemente realizadas por el presidente Javier Milei, quien instó a los diputados a avanzar con la ley y anticipó que podría adoptar una postura más dura si la norma no lograra los votos necesarios para aprobarse en el recinto.

El fin de semana, en una entrevista con radio Mitre, Milei se preguntó si “los políticos que piden fraccionar” el DNU y la ley “llevan un nivel de vida acorde a lo que ganan como políticos”.

“¿Por qué lo quieren hacer? Porque quieren coimear con eso. Vea quienes son los políticos que piden fraccionar estas cosas (por el DNU y la ley ómnibus) y usted va a ver que detrás de eso hay un sector. Por eso digo busquen la terminal, busquen el vínculo de ese político con esa terminal o si esos políticos llevan un nivel de vida acorde a lo que ganan como políticos”, reiteró en esa oportunidad.

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En torno a esas afirmaciones, el jefe del bloque de diputados de Unión por la Patria (UxP), Germán Martínez, sostuvo que “el fin de semana hubo nuevos aprietes y presiones del Presidente de la Nación para con este Congreso, después de hablar de espaldas al Congreso, después de tratar de coimeros a los legisladores que tratan de realizar cambios, después de tratar de ‘idiotas útiles’ a aquellos que plantean una estrategia parlamentaria distinta”.

En tanto, la radical Carla Carrizo sostuvo que “la verdad que si el cambio que quieren liderar es el cambio del miedo, la extorsión y el temor, no es por ahí donde vamos a poder garantizar acompañamiento o gobernabilidad parlamentaria”.

Por su parte, el bloque Hacemos Coalición Federal, que encabeza Pichetto, manifestó en un comunicado su “profunda preocupación” por las declaraciones de Milei por las que -dijo- insiste en confrontar con el Congreso.

El cosecretario general de la CGT Héctor Daer rechazó la ley ómnibus y dijo que esa iniciativa “se fundamenta en falacias planteando que la Argentina es un aquelarre para plantear la emergencia en todos los aspectos habidos y por haber”.

Tras ratificar el paro y movilización de la CGT del 24, Daer sostuvo que el capítulo cuarto de la ley, que toca temas laborales, “no ataca privilegios”, y consideró que “ataca derechos individuales, colectivos, limita la acción sindical en el momento de mayor desigualdad de nuestro país y por supuesto debilita a los sindicatos”.

En línea contraria, la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP) se pronunció en contra de las medidas impulsadas por el Gobierno nacional y sostuvo que “afectan directamente a las economías regionales”, que no resisten “15% en derechos de exportación”.

En este rubro las modificaciones promovidas por el Ejecutivo “afecta el equilibrio entre los distintos productos e inhibe la elaboración de productos con valor agregado”, lo que “nos lleva a exportar nuevamente materias primas”, agregó.

En esta oportunidad también expusieron entidades empresarias, ONG’s y productores de cine como Santiago Mitre (director de “Argentina,1985”), entes de salud mental y de recursos naturales y referentes de organizaciones sindicales.

> Con información de TÉLAM.

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