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El gobierno pide investigar viaje de jueces, empresarios y funcionarios a Lago Escondido

El presidente Alberto Fernández. (Foto: Prensa / Archivo).

El presidente Alberto Fernández dijo este lunes que instruyó al Ministerio de Justicia para que “se investigue penalmente” un viaje de jueces federales, directivos de medios, funcionarios del Gobierno porteño y exmiembros de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) de la gestión Cambiemos a Lago Escondido, donde se encuentra la mansión del multimillonario, Joe Lewis. También pedirá que se inicie un sumario ante la comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura sobre los magistrados involucrados.

“He sido contundente. Es evidente que gran parte del sistema de medios privados ha decidido no dar cuenta de lo ocurrido”, expresó el jefe de Estado y consideró que los hechos “lastiman a la democracia” porque se trata de un acto de “promiscuidad antirrepublicana, con la que se mueven algunos empresarios, jueces y exfuncionarios” y de un “perverso juego de cohecho”, al hablar en cadena nacional.

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El grupo de Telegram del que surgieron estos audios estaba integrado por quienes hicieron el viaje el pasado 13 de octubre a la mansión de Joe Lewis, en Lago Escondido.

Según había publicado el diario Página/12 en octubre de este año, viajaron en avión desde San Fernando a Bariloche y luego en vehículos a Lago Escondido, los jueces Julián Ercolini —causa Vialidad y causa Indaló-, Carlos Mahiques —juez de Casación alineado con el macrismo y exministro de María Eugenia Vidal—, Pablo Cayssials, y Pablo Yadarola —juez en lo penal económico-.

También estuvieron en el grupo, Juan Bautista Mahiques —hijo de Carlos Mahiques, jefe de los fiscales de CABA y operador judicial del macrismo—; Marcelo D’Alessandro —ministro de Justicia y Seguridad de CABA—; el empresario especialista en campañas digitales, Tomás Reinke; el ex jefe de Legales de la SIDE, en tiempos de Antonio Jaime Stiuso, Leo Bergroth; y directivos del Grupo Clarín.

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El matutino porteño no descarta, en la nota que lleva la firma de los periodistas Raúl Kollman e Irina Hauser, que hubiera otros invitados que no figuran en el listado de pasajeros al que accedieron.

Según se desprende de la información existente se estaría ante la posible presencia de los delitos de “dádivas” (que consiste en un “beneficio o ventaja de cualquier clase, sea patrimonial o no, que obtiene la autoridad o funcionario público en el delito de cohecho, en provecho propio o de un tercero. Puede ser un beneficio directo o indirecto, pero de entidad suficiente para mermar su imparcialidad en el ejercicio de su función”) e incumplimiento de los déberes de funcionario público. La denuncia penal que hará el gobierno buscará que la investigación analice esas posibilidades.

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El siguiente es el texto completo del mensaje por cadena nacional del presidente Alberto Fernández sobre el escándalo de los chats en torno al viaje que hicieron a Lago Escondido, a través del cual el primer mandatario pidió que se investigue el caso:

“Desde el inicio de mi gestión he advertido sobre la existencia de sótanos que la Argentina fue sosteniendo a lo largo de los años. Me comprometí a eliminarlos para garantizar una democracia más plena, profunda y auténtica.

“Pusimos fin a los operadores y mesas judiciales. Los servicios de inteligencia dejaron de deambular por pasillos de los tribunales. Las escuchas de opositores al poder de turno del Estado desaparecieron por completo. Los órganos de fiscalización y recaudación estatales no volvieron a usarse en perjuicio de eventuales críticos al gobierno.

“Todo ese esfuerzo se vuelve vano cuando los factores de poder influyen negativamente sobre las estructuras del Estado. Argentina necesita de una vez y para siempre de funcionarios honestos, jueces probos y empresarios que obtengan sus ganancias sin corromper a otros.

“Algunos días atrás, un diario de alcance nacional dio a conocer detalles de un viaje que habría realizado un grupo de jueces, fiscales, ex funcionarios públicos y ex agentes de la Agencia Federal de Inteligencia, en un avión privado, hasta Lago Escondido. Allí, habrían pasado un fin de semana alojados en la mansión perteneciente a Joe Lewis, un empresario británico poseedor de grandes extensiones de tierra en esa zona de nuestra Patagonia.

“Parece evidente que el viaje existió. Y todo parece indicar que, sabiendo que el hecho se había convertido en noticia, quienes habrían participado del mismo se inquietaron ante el riesgo cierto de estar incursos en una serie de delitos tales como la percepción de dádivas y el incumplimiento de deberes de funcionario público. Contaban con una certeza: el principal grupo de medios de comunicación de Argentina garantizaría la no divulgación de los hechos. En apariencia, eran a la vez los convocantes al encuentro. Sabiendo eso, todos habrían comprometido sus mejores esfuerzos tratando de evitar que otros medios difundieran lo ocurrido.

“Por vez primera queda expuesto ante nosotros, con enorme contundencia, el modo en que ciertas corporaciones operan sobre funcionarios, jueces y fiscales procurando de ellos favores que, en muchos casos, buscan ventajas indebidas, mientras que en otros simplemente propician la persecución de aquellos que los enfrentan.

“Todo parece indicar que ha quedado al descubierto, una vez más, el deterioro de la calidad institucional en que han incurrido algunos jueces, fiscales, ex funcionarios y empresarios. Todos ellos involucrados en un perverso juego de cohechos que afecta gravemente el buen funcionamiento del Estado y, en particular, de la administración de justicia.

“No dejo de advertir que lo que ha trascendido es, aparentemente, el resultado de la intromisión en una plataforma de comunicación. Pero eso no es obstáculo para indagar cuál ha sido el propósito de ese viaje, quiénes participaron del mismo y quien financió el traslado y hospedaje de los viajantes. Ese hecho se habría verificado con antelación al momento en el que los integrantes del grupo “Operación Página 12” se inquietaran por la difusión de la noticia y dialogaran en ese sitio digital buscando quedar impunes.

“He decidido dar este mensaje desde la Casa Rosada, porque es evidente que gran parte del sistema de medios privados ha decidido no dar cuenta de lo ocurrido en ese singular viaje a Lago Escondido.

“Espero que todos tomemos conciencia de la gravedad de los hechos. Lastima la democracia ver la promiscuidad antirrepublicana con la que se mueven algunos empresarios, algunos jueces, algunos fiscales y algunos funcionarios. Hasta aquí se han sentido impunes. Es hora que empiecen a rendir cuenta por sus conductas.

“Convencido de que debemos decir “Nunca Más” a las prácticas que dañan la institucionalidad de la República, he resuelto:

“1) Instruir al Ministro de Justicia a presentarse ante el Ministerio Público Fiscal, a fin de solicitar se investiguen penalmente los hechos relacionados al viaje en cuestión, en especial, lo relacionado a su financiamiento.

“2) Instruir al representante del PEN ante el Consejo de la Magistratura para que solicite la apertura de un sumario ante la Comisión de Disciplina para investigar la conducta de los magistrados federales.

“3) Solicitar al Bloque de Legisladores del Frente de Todos de la Ciudad de Buenos Aires que evalúe la conducta de los funcionarios de ese distrito involucrados y, de corresponder, presentar el Juicio Político a los funcionarios de la Ciudad involucrados.

“4) Una vez más, solicitar al Congreso de la Nación que avance con el tratamiento de los proyectos de reformas del Poder Judicial pendientes y la necesaria cobertura del cargo de Procurador General de la Nación”.

* Nota del Editor:

ENREDACCIÓN considera necesario explicar por qué no dio cuenta de la información sobre los chats entre jueces, ex miembros de la AFI, un funcionario del gobierno de CABA, y funcionarios del Grupo Clarín, que se conoció este domingo.

Según lo que trascendió hasta el momento, los chats fueron conocidos a partir de la intercepción de una plataforma de comunicación, en este caso Telegram. Esta acción estaría incursa en el delito de espionaje y toda acción de “espiar” las comunicaciones entre personas sin orden de un juez, es ilegal. Vulnera, entre otros, los derechos de las personas a la intimidad y derechos constitucionales, como el de la “inviolabilidad” de la correspondencia. Para que quede claro, lo que está en discusión es el modo de obtención de esta información, no la información, ni el obvio “interés público” que esta posee. Consideramos que no se puede avanzar sobre estos derechos sin la correspondiente autorización de un juez.

A su vez, se trata de un caso que es diferente a los que la información se obtiene por vía de documentos, imágenes, audios, etc. o es conseguida por intermedio de un testimonio. En esos otros casos no hay espionaje para hacerse de la información, sino que una fuente, a la que el periodista o el medio pueden proteger con el anónimato o no, según el acuerdo que se establezca (“on the record” u “off the record”), consiente la entrega y publicación de una información, un hecho o un secreto que poseen interés público.

Ahora, a partir del involucramiento del presidente Alberto Fernández y del mensaje presidencial realizado hace pocos minutos, la información de los chats se integra a otras medidas oficiales y excede el primer escenario descripto. Es decir, se suman nuevos hechos al primero y esos nuevos hechos derivados del primero son impulsados por el Estado y son de interés público (denuncia ante la Justicia y el Consejo de la Magistratura, etc.), por lo que este medio ha decidido difundir la correspondiente información, no así el contenido de los audios por los motivos expuestos.

> Con información de TÉLAM.

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