El exministro de Seguridad de Córdoba Alfonso Mosquera consideró este jueves que el crimen del adolescente de 17 años Valetín Blas Correas, durante un operativo de control vehicular en la capital provincial en 2020, constituye “una de las páginas más oscuras de la policía” cordobesa, ya que se trató de un hecho de “violencia institucional y violatorio de los derechos humanos”.
Cabe recordar que Mosquera era el titular de la cartera de Seguridad al momento del asesinato del adolescente, por lo que la profundidad de su testimonio en el juicio no parece tener relación con sus actos ni expresiones como funcionario al momento de los hechos y hasta que fue desplazado del cargo. Mosquera también le apuntó a la actual jefa de Policía Liliana Zárate Belleti, en ese momento jefa de Recursos Humanos, por el hecho de que el autor de los disparos, el policía Javier Alarcón, que había desaprobado el exámen de tiro, estuviera en la calle portando un arma.
Mosquera se expresó así al declarar como testigo en el juicio por jurados al que son sometidos 13 policías por el crimen cometido en agosto de 2020 y el posterior encubrimiento. Las expresiones del ex funcionario se produjeron con una demora de más de dos años teniendo en cuenta que el crimen data del 6 de agosto de 2020.
El exministro y actual legislador provincial, dijo en la 24ta.audiencia del debate que lleva adelante el tribunal técnico de la Cámara 8va. del Crimen, que el asesinato de Blas “constituye una de las páginas más oscuras de la policía de Córdoba”. Seguidamente añadió que se trató de un acto de “violencia institucional y flagrantemente violatorio de los derechos humanos”.
Ante la consulta de por qué consideraba que hubo violencia institucional, Mosquera respondió que del hecho criminal participaron funcionarios policiales en actividad que “infringieron todas las normas legales y de procedimientos”, además del “acuerdo delictual” para disparar al automóvil donde se movilizaba Blas con sus cuatro amigos.
Asimismo el exministro de Seguridad consideró que la conducta de los policías Javier Alarcón y Lucas Gómez de disparar a un vehículo en movimiento, fue una “reminiscencia clara de las etapas más críticas de la represión ilegal. Si no había intercambio de disparos de arma de fuego; si no había sido el automóvil un arma impropia, no había ninguna causa para que abrieran fuego”.
Asimismo, afirmó que cuando tomó conocimiento de los hechos le informó al gobernador Juan Schiaretti, a quien, dijo, “nunca” vio “tan apesadumbrado por la situación” en sus más de 30 años de actividad.
“Me dio directivas concretas para ponerme en contacto con la familia y de llegar a fondo con este hecho aberrante”, agregó Mosquera, quien había sido duramente cuestionado semanas atrás por otros jefes policiales que declararon en el debate.
Uno de ellos fue el exsubdirector general de Seguridad Zona Sur de la ciudad de Córdoba, comisario retirado Gonzalo Cumplido, quien dijo que Mosquera “evadió todas sus responsabilidades” y lo acusó de prohibirle visitar a la familia de Blas para manifestarle sus condolencias: “Vos no vas a ningún lado. Esa familia está haciendo política”, aseguró que le respondió el exministro.
En otro tramo de su testimonio se le hizo escuchar un audio, de una conversación con un jefe policial, en donde alertaba sobre posibles disturbios debido a que la víctima era de la “clase media y se temía un desborde social”.
También calificó de “aberrante” que luego de los disparos al automóvil los policías hayan “implantado un arma trucha” para tratar de justificar la balacera e “inculpar” a los adolescentes con un falso enfrentamiento.
Se le preguntó también por qué el suboficial Alarcón, habiendo reprobado el curso obligatorio de tiro, estaba armado y activo, a lo que Mosquera respondió que eso era un “responsabilidad” de la actual jefa de la Policía, Liliana Zárate Belleti, quien al momento del hecho era la directora general de Recursos Humanos. “Es grave que una persona que no está apta para portar un arma de fuego lo haga”, remarcó Mosquera.
Por su parte, Zárate Belletti le respondió a través de declaraciones que realizó a Canal 12 de Córdoba: “(Alarcón) tenía una serie de asignaturas que rendir para su tecnicatura para ascender. El 24 de julio (de 2020) se presentó con su armamento a rendir y al examen de ese día lo rinde mal con 3. Cuando desaprobás, tenés 30 días para presentarte por segunda vez. A él lo habían citado para el 14 de agosto, pero el 6 de ese mes queda detenido por la causa que se investiga”.
Según explicó la titular de la fuerza de seguridad, recién se toman medidas pertinentes cuando algún oficial desaprueba dos veces el examen. Como eso no sucedió, Alarcón continuaba con su arma al momento del crimen de Blas. “No lo digo yo, lo dice la legislación”, agregó Zárate Belletti.
EL CASO
En este juicio se debate el hecho ocurrido la madrugada del 6 de agosto del 2020, cuando Blas y cuatros amigos adolescentes circulaban en un automóvil Fiat Argo por el barrio Colinas, en el sur de la capital cordobesa.
En ese trayecto evadieron un control policial porque el conductor se asustó al ver que uno de los policías había desenfundado un arma, seguidamente dos efectivos dispararon contra el rodado y uno de los proyectiles impactó en la espalda de Blas, quien murió.
Soledad Laciar, la madre del adolescente Blas Correas, asesinado por efectivos policiales en agosto de 2020. (Foto: Laura Lescano / Télam / Archivo).
Por el homicidio se encuentran acusados el cabo primero Gómez (37) que, según la fiscalía, efectuó cuatro disparos con su arma reglamentaria, una de las balas impactó en Blas, y el cabo primero Javier Catriel Alarcón (33), quien disparó en dos oportunidades.
Ambos afrontan cargos como “coautores de homicidio calificado por haber sido cometido en abuso de su función y homicidio agravado por el empleo de armas de fuego, homicidio calificado por abuso de su función en grado de tentativa reiterado -cuatro hechos- y homicidio agravado por el empleo de armas de fuego en grado de tentativa reiterado -cuatro hechos”.
Los restantes acusados, todos policías, son Sergio Alejandro González, Wanda Micaela Esquivel, Yamila Florencia Martínez, Walter Eduardo Soria, Enzo Gustavo Quiroga, Jorge Ariel Galleguill o, Leonardo Alejandro Martínez, Rodrigo Emanuel Toloza, Ezequiel Agustín Vélez, Leandro Alexis Quevedo y Juan Antonio Gatica.
Los cargos que enfrentan son de “falso testimonio, encubrimiento por favorecimiento personal agravado por la calidad funcional y omisión de deberes de funcionario público”, ya que se les imputa, entre otras cosas, haber “plantado” un arma para simular un enfrentamiento con los chicos.
PEDIDO DE DISCULPAS
Mosquera, luego de prestar declaración testimonial, le pidió disculpas a la mamá de Valentín Blas Correas, Soledad Laciar, y al resto de sus familiares y amigos.
Laciar le respondió que “le agradezco el pedido de disculpas porque me voy a ir de acá con una mochila menos, que es saber que sienta responsabilidad por lo que pasó, que para mí es muy importante porque, como le dije aquel 6 de agosto que nos encontramos, cuando uno admite que hay una responsabilidad, sirve para cambiar”.
Agregó que “así que se las agradezco (a las disculpas). Para mí, es muy valioso que usted esté acá hoy pidiendo disculpas, unas disculpas que jamás me las pidieron desde el Gobierno (de la Provincia)”.
Mirando a Mosquera, la mujer le dijo: “Yo, desde el día uno creo que había una responsabilidad desde la política, por acción u omisión. Tengo muy en claro que usted no disparó, que usted esa noche no mandó a plantar ninguna arma. Yo lo tengo muy claro, pero pienso que hubo políticas públicas en cuanto a seguridad que fallaron que hacen que yo hoy vaya a visitar a mi hijo a un cementerio”.
Por último, expresó que “le agradezco en nombre mío, en nombre de mi hijo y en nombre de Blas (padre), de toda mi familia, porque creo que asumir la responsabilidad es el primer paso de esta lucha que nosotros venimos llevando para que no haya ninguna ‘Sole’, ningún Blas (padre), ningún Juan ni ningún Blas en un cementerio por esta causa”.
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