“La propuesta de un abogado ex interventor de ATE durante la dictadura como integrante de una comisión espuria, que pretende reglamentar el derecho a huelga, ofende la memoria de los mártires del movimiento obrero y confirma la decisión política del Ejecutivo provincial de continuar cercenando derechos y anulando conquistas en materia laboral”, afirma la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) a través de un comunicado de prensa que firma su secretaria General, Lilia Salerno.
VER Schiaretti propuso a Guillermo Maisuls, protegido del general Liendo, para la comisión técnica.
Maisuls fue interventor de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) entre 1980 y 1984 y asesor abogado del Ministerio de Trabajo de la Nación entre 1976 y 1986. Este abogado fue protegido de uno de los generales más poderosos de la dictadura cívico-militar de 1976, el general Horacio Tomás Liendo.
Agrega que “el Consejo Directivo Provincial repudia la proposición de Guillermo Ernesto Maisuls para el cargo de referencia e insta al gobierno provincial a tener el mínimo respeto por los desaparecidos del movimiento obrero cordobés durante la dictadura genocida, cuyos personeros fueron sucesivamente condenados en instancias judiciales”.
Denuncian que “en este contexto, es evidente que un asesor del Ministerio de Trabajo del régimen cívico-militar no podía ignorar la situación y en consecuencia su intervención fue sin duda un aval al proceso más sanguinario y corrupto que conociera la Argentina, vinculado además a la etapa más negra de la pérdida de derechos de los trabajadores y el congelamiento de los Convenios Colectivos de Trabajo”.
El gremio expresa además que “es inconcebible que un gobierno democrático, que dice acatar el respeto a los Derechos Humanos, impulse su nombramiento”.
Explican que “todo esto se inscribe en el marco de una ley para regular el derecho a huelga que es absolutamente inconstitucional, ya que está claro que es el Congreso Nacional el único poder con capacidad para legislar en la materia. Desde ATE alertamos a los legisladores provinciales, con la autoridad moral que nos da haberlo sufrido en carne propia, que el nombramiento este personaje ex funcionario de la dictadura, que integrará un órgano creado por una ley inconstitucional, retrotrae el debate sobre los derechos de los trabajadores a etapas pre-peronistas”.
Por último afirman que “no es extraño, entonces, que el mismo gobierno que impulsa esta normativa denuncie los convenios colectivos de trabajo”.
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