Los concejales Juan Pablo Quinteros (Encuentro Vecinal) y Olga Riutort (Fuerza de la Gente) acusaron ayer al intendente Martín Llaryora de “faltar a la verdad”. Lo hicieron a través de una carta abierta.
Recuerdan que “el día miércoles, en distintos medios de prensa, el intendente adujo que a partir de la recientemente sancionada ordenanza de emergencia del sistema de transporte, tenía la facultad de controlar a las empresas y aplicar sanciones”.
“¿Por qué decimos que con las anteriores expresiones el intendente falta a la verdad? Porque siempre, desde el primer minuto en que asumió su cargo, tuvo las facultades para hacerlo. En efecto, la ordenanza Nº 12076 que aprueba el “Marco Regulatorio para el Servicio de Transporte Urbano de Pasajeros” y los contratos de concesión vigentes son absolutamente claros respecto de las obligaciones empresariales en la prestación del servicio”, denuncian los concejales.
Argumentan luego que “ni las gestiones anteriores, responsables de la adjudicación del sistema, ni la actual administración, avanzaron de manera seria y decidida en el control de la prestación del servicio ni en la aplicación de multas por los incumplimientos contractuales, lo que podría haber llegado, dada su reiteración y gravedad, a la caducidad de la concesión a las empresas que no respetaran los requerimientos del servicio para el ciudadano de Córdoba”.
La concejal Olga Riutort.
Señalan que “pre pandemia, la actual gestión, podría haber demostrado la voluntad política de poner al transporte público de pasajeros al servicio de los vecinos de Córdoba. En pandemia, luego de un larguísimo silencio y ante la acuciante realidad de más de 20 días sin servicio, y cuando las culpas al gobierno nacional por la inequidad de los subsidios ya no bastaban optó por recordar que hay un Concejo Deliberante y envió para su tratamiento exprés (48 horas) una ordenanza declarando la emergencia del sistema. Esta medida le garantiza al menos dos años de decisiones centrales sin que deban pasar por el cuerpo legislativo”.
Siguen diciendo que “como estrategia, instaló en los medios que esa era la única alternativa para salir del problema. Una nueva cortina de humo para ocultar la falta de planificación y de una solución sostenible para el sistema de transporte urbano de pasajeros basada en el consenso de todos los actores”.
El concejal Juan Pablo Quinteros.
Quinteros y Riutort dicen que “cuando sostenemos enérgicamente que el intendente falta a la verdad, no sólo lo decimos por lo que acabamos de describir, sino porque además pretende hacer creer que la TAMSE, para poder prestar el servicio de transporte, debía dejar de ser una empresa social para transformarse en una empresa comercial, como si vendiendo nafta, tirando cables, comprando acciones de la Bolsa o hasta poniendo una tienda de lencería se pudiera garantizar el servicio que la empresa municipal debiera prestar”.
Agregan que “la “Emergencia del Sistema de Transporte” se aprobó sin que el oficialismo pusiera a disposición un solo documento que permitiera verificar y conocer el verdadero estado de situación económico y financiero de cada una de las empresas prestatarias” y plantean que “la TAMSE no es un maxi Kiosco, es una prestataria del Estado Municipal que debe estar al servicio de los vecinos de Córdoba, garantizando el transporte de estos ya que justamente es el déficit que hay que resolver, no es necesario generar más problemas a los existentes con una enorme unidad de negocios sin control alguno”.
Por último, expresan que “nos produce una profunda indignación y tristeza la utilización de los vocablos diálogo y consenso, porque solo se usan como instrumento de marketing y nada tienen que ver con la realidad”.
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