Fiel a la linea del cordobesismo, la senadora Alejandra Vigo (Hacemos Unidos por Córdoba) votó por la expulsión del senador entrerriano, Edgardo Kueider (Unidad Federal, Entre Ríos), y por la suspensión del senador peronista, Oscar Parrilli (PJ, Neuquén), proyecto este último que no prosperó por no reunir la adhesión de los dos tercios de los presentes.
A través de la Red X, la senadora cordobesa explicó que “voté a favor de la expulsión del senador Kueider, quien además sumó un pedido de desafuero de una jueza federal (Sandra Arroyo Delgado)”.
Agregó que “del mismo modo que voté a favor del tratamiento del proyecto de suspensión del senador Parrilli (PJ, Neuquén)” por ser uno de los acusados en la causa elevada a juicio oral del Memorando con Irán.
Dijo en esa línea que “es fundamental garantizar que la Justicia pueda actuar sin condicionamientos frente a los políticos, tal como sucede en Córdoba desde hace más de 20 años, donde los legisladores provinciales sólo tienen inmunidad de opinión. Es necesario que pase lo mismo en el Congreso Nacional. Reitero, además, que hay que avanzar con el tratamiento del proyecto de ley “Ficha Limpia”.
Vigo era compañera del bloque de Unidad Federal con Kueider y había sido una de las promotoras de esta bancada que se conformó con la confluencia del entrerriano y el correntino Carlos “Camau” Espínola. En su momento, fue leído como una hábil jugada para limar el número de legisladores de la bancada peronista, que sumaba 35 de los 37 necesarios para tener quórum en la Cámara Alta. Con la caída en desgracia del legislador entrerriano, el bloque ha perdido poder de fuego, a la par que a causa de su exclusión, asumirá Stefanía Cora, una peronista que milita en La Cámpora.
Kueider goza de una prisión domiciliaria de lujo en Asunción junto a su secretaria, Iara Magdalena Guinsel Costa. Para obtener ese beneficio, el legislador pagó una fianza de 300 mil dólares. Kueider y su secretaria se encuentran detenidos desde el 4 de diciembre último, acusados por la Justicia de Paraguay por “intento de contrabando”. La imputación se sustenta en que el senador intentaba ingresar el dinero al país hermano sin haberlo declarado. Las leyes guaraníes permiten ingresar hasta 10 mil dólares sin declarar y el senador llevaba en su camioneta una suma 20 veces mayor (211 mil dólares).
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