El jefe de Policía emitió un memo en el que obliga a su personal a tomarse las licencias no gozadas antes de finalizar el año. En caso de que tal orden fuera cumplida como la plantea el comisario Vélez, dejaría virtualmente desguarecida la seguridad de la provincia.

Parte del memo 01-DAP del Jefe de Policía donde imparte órdenes de que las licencias adeudadas sean tomadas antes de finalizar el año.
Municipalidad de Río Cuarto-Parque Sarmiento

Un categórico memorándum que lleva la firma del jefe de la Policía de Córdoba, Gustavo Vélez, imparte órdenes de que tanto oficiales superiores y jefes como personal subalternos deberán tomarse las vacaciones adeudadas.

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La decisión -saludable por cierto- no sería objetable si no fuera porque esta situación abarca a una enorme cantidad de uniformados, desde el grado de agente hasta los oficiales superiores, que en una enorme proporción no han tomado sus licencias anuales. De ejecutarse tal como la prevé “el Jefe”, dejaría virtualmente paralizada a la principal fuerza de seguridad de la Provincia.

NÚMERO CONSIDERABLE

El documento firmado por Vélez y bajo el código 01-DAP, fue remitido el 28 de febrero último y destinado a directores generales, directores jefes de departamentos, secretaría privada de Jefatura y Subjefatura.

En su primer punto, argumenta que se ha “podido establecer que existe un número considerable de Oficiales Superiores y Jefes que aún registran pendiente el uso de las Licencias Anuales 2013 y 2014”, algo que también sucede con el “personal subalterno” abarcando en este caso los período 2014 y 2015.

Con la intención de regularizar esta situación, el jefe de Policía ordena de manera categórica que el personal superior (oficiales superiores y jefes) se tome la totalidad de sus licencias adeudadas de 2013 y 2014 antes del 31 de diciembre de este año. Y en el caso del personal subalterno (desde agente hasta oficial principal) ordena que se tomen sus licencias 2014 y 2015 en su totalidad y sin que puedan fraccionarse.

A la fecha se ha podido establecer un número considerable de Oficiales Superiores y Jefes que aún registran pendiente el uso de las Licencias Anuales 2013 y 2014, como así también Personal Subalterno con Licencias Anuales 2014 y 2015″, escribió el jefe policial en su memo.

No deja mucho lugar para el pataleo el jefe Vélez, sobre todo al finalizar el punto 2 de su memorándum, donde advierte que “el incumplimiento de esta medida será pasible del correctivo disciplinario respectivo”.

Comisario mayor Gustavo Vélez, Jefe de la Policía de Córdoba. Es el autor del memo de vacaciones forzadas para el personal policial.

MALA COSTUMBRE

La sola lectura del memo 01-DAP genera de por sí algo de incertidumbre, fundamentalmente por el hecho de que su cumplimiento dejaría virtualmente a la fuerza policial al borde de la inoperatividad. Esto es así debido a que el número de licencias no gozadas es altísimo entre los efectivos en actividad, algo que se ha transformado en una constante entre la institución.

De hecho, el 6 de julio último, ENREDACCIÓN publicó un informe sobre las maniobras urdidas desde la Jefatura de Policía para “acordar” recortes a las indemnizaciones por vacaciones no gozadas que vienen reclamando los policías retirados. El trámite para cobrar esos montos adeudados podía registrar demoras de hasta 5 años. Lo que proponía el organismo dirigido por Gustavo Vélez era firmar “de común acuerdo”, quitas del 50% en esas sumas, o bien mandar al reclamante a seguir esperando pacientemente para cobrar vaya a saber cuándo.

Ante esa situación, desde la Unión de Policías y Penitenciarios (UPPAC) llevaron un reclamo administrativo ante la institución y ante el Ministerio de Trabajo, denunciando un “abuso de la posición del empleador, en desmedro de los derechos legítimos del empleado y aprovechándose de sus necesidades”. No sería de extrañar que aquel reclamo sea el que haya motivado a la Jefatura a cursar este memo, con la salvedad de que se trata de una medida al borde de lo temerario.

El número de personal policial “de calle” fue puesto de manifiesto desde la UPPAC.

UN POLICÍA DE CALLE CADA 1200 HABITANTES

Quien explica los alcances que podría tener la orden de licencias forzozas bajo apercibiemiento de correctivo firmadas por Vélez, es René Zabala, secretario general del gremio policial. Desde su punto de vista, “si se aplicara esta medida tal como la pretende Jefatura, dejarían a toda la Provincia completamente desguarecida en materia de seguridad”, según consignó ante la consulta de este medio.

Según datos aportados por UPPAC, la dotación de 24 mil empleados que integran la Policía de la Provincia de Córdoba esconde en realidad una baja proporción de personal operativo de calle.

El cálculo que realizan es el siguiente:

  • Se manejan unas 4700 carpetas pisquiátricas
  • El número general de 24 mil efectivos incluye también el personal afectado a unidades especiales como ETER, Bomberos, GOAT, GES, en un número no determinado pero definitivamente gravitante.
  • También se deben descontar los agentes técnicos y administrativos, que superan los 3 mil
  • Se agregan choferes de jueces, fiscales y otros funcionarios
  • Mandos superiores e intermedios, que cumplen funciones en la calle
  • Se descuenta el cuerpo profesional que también es contabilizado como fuerza efectiva pero no lo es.
  • Deben agregarse las carpetas médicas prolongadas y transitorias

Si bien bien la sumatoria no tiene pretensiones de exactitud, ya que para ello sería necesario contar con datos que la fuerza policial ni sus responsables políticos acceder a brindar, la estimación del gremio señala son unos 9 mil efectivos de calle en funciones. Si a esa dotación se la divide en tres turnos, el cálculo indica que en Córdoba hay un policía cada 1200 habitantes.

Si se aplicara esta medida tal como la pretende Jefatura, dejarían a toda la provincia completamente desguarecida en materia de seguridad”, sostuvo René Zabala, titular de UPPAC.

De cumplirse en toda su magnitud el memo de Vélez, la situación se agravaría aún más. Es que en el caso de los oficiales superiores, se trata de personal con antigüedad al que por año le corresponden 35 días hábiles de licencia. En la mayoría de los casos, se les adeudan varios períodos, lo cual implicaría vacaciones de 70 días hábiles o más. Como el universo es tan extenso, estaríamos hablando de que buena parte de la superioridad policial dejaría de prestar funciones durante casi un cuatrimestre de 2018. Y en el caso del personal subalterno, aunque menor, la cantidad de días de licencia no varía demasiado.

Memorándum completo, con la firma del jefe policial.

NEGOCIAR QUITAS

Otra alternativa de lectura a esta particular orden del jefe policial apunta algún tipo de búsqueda de cobertura legal ante la enorme incidencia de vacaciones no gozadas. El memo de Vélez hace responsable de su cumplimiento por parte de la tropa a los oficiales superiores o jefes de los cuales dependen. Con ello, de no cumplirse de modo efectivo la toma de la licencia, Jefatura podrá alegar y documentar que ello ocurrió pese a su directiva expresa. Y llegado el caso de “negociar” con personal retirado por los reclamos de vacaciones no gozadas, quizás podrá intentar demostrar que tal situación se debió a una negativa del empleado y basarse en eso para “proponer” quitas para liberar los pagos, similares a las denunciadas en julio de 2017.

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