Con la intención de construir un desagüe, el intendente de Unquillo, Jorge Fabrissin, ex interventor durante la dictadura militar de Videla, está decidido a avanzar sobre el proyecto de expropiar una vivienda que hace sólo cuatro meses fue señalizada como sitio de la memoria, por ser la pensión de la cual fue secuestrada una joven pareja de militantes, que nunca más aparecieron. La mujer estaba embarazada. Rechazo de los vecinos y del Colectivo por la Memoria.

Una casa histórica de un vecino muy reconocido en el pueblo. Corre riesgo de ser demolida por el municipio. Foto: EnRedacción.

El 26 de mayo de 1976, un dato certero que había sido arrancado en la sala de torturas de La Perla permitió que una patota de la D2 ingresara a la pensión ubicada en calle San Martín 2514 de Unquillo, y se llevara raudamente a una joven pareja de militantes del PRT ERP. Nunca más se los vería con vida.

Esa pensión funcionaba en una casa antigua en pleno centro de Unquillo. Sus propietarios, los Álvarez Carreras, construyeron hacia el año 1932 esa casita en un terreno de 290 m2 . Y la habitarían desde entonces. En esa misma fecha nacía  José Álvarez Carreras, conocido en Unquillo como Buby. Un vecino muy querido, por haber participado “en cuanta actividad, comisión o iniciativa” se llevara a cabo en esta ciudad serrana, incluido los tradicionales corsos, según lo definen los vecinos de la cuadra.

Hasta abril del año 2016, Buby vivió allí. Fue hasta el momento en que sus achaques y su soledad lo empujaron a continuar la vida en un geriátrico. Desde entonces, algo más de 15 meses, la casa ha permanecido abandonada. Y ahora el municipio la pretende expropiar para demolerla.

Nunca más se los vio

El 23 de marzo de 2017, en vísperas del aniversario 41° del Golpe de Estado de 1976, el Colectivo por la Memoria de Unquillo, organismo que trabaja en coordinación con la Comisión Provincial de la Memoria y busca mantener viva la memoria de esta ciudad serrana de más de 30 mil habitantes, organizó una demarcación en esta vivienda.

Esa tarde un nutrido grupo de militantes por los derechos humanos y miembros de organizaciones políticas asistieron a la sencilla ceremonia en la cual se señalizó la vivienda sobre calle San Martín 2514 de la cual se llevaron secuestrados a Viviana Real Meiners, de 26 años, y a su pareja, Bruno Castagna, tres años más grande.

Él era de Cosquín; ella, de La Falda. Y ambos tenían un bebé de poco más de un año, y otro en camino. “No vivían en ese lugar, sino que venían de tránsito y habían decidido quedarse en la pensión considerando que el lugar era seguro”, aportó Camila Iglesia, miembro del Colectivo.

No habrán sabido Bruno y Viviana que a pocas cuadras de allí funcionaba en la Comisaría de Unquillo una de las piezas claves del circuito de la represión ilegal montado por el Tercer Cuerpo de Ejército, y ejecutado en esta zona de la geografía cordobesa por la patota del D2.

Él era de Cosquín; ella, de La Falda. Y ambos tenían un bebé de poco más de un año, y otro en camino. “No vivían en ese lugar, sino que venían de tránsito y habían decidido quedarse en la pensión considerando que el lugar era seguro”, aportó Camila Iglesia, miembro del Colectivo.

La noche del 26 de mayo, ambos militantes del PRT ERP fueron arrancados de la vivienda. Algunos testimonios indican que fueron vistos por última vez en La Perla, en pleno apogeo de la tortura, el asesinato y la desaparición de personas. Muy probablemente hayan terminado en una fosa común de aquel campo militar. La pareja y el episodio aparecen detallados la página 554 del Nunca Más, en el anexo de listado de víctimas.

Como con los demás 30 mil desaparecidos, nunca se volvió a saber de ellos. Tampoco del bebé que Viviana llevaba en su vientre. De hecho, el expediente de esta mujer figura en los archivos de la Asociación Abuelas, dentro de los casi 400 nietos que faltan de aparecer.

Del pequeñito que quedó llorando en su cuna se haría cargo Buby. El bebé, que se llamaba igual que su papá -Bruno Castagna-, fue cuidado por los dueños de la pensión durante unos días, y luego entregado en manos de sus abuelos. Hoy Bruno (h) vive en España.

Vía libre al intendente

Seguramente será imposible olvidar la tragedia climática que castigó al corredor Sierras Chicas el 15 de febrero de 2015, causando enormes destrozos y pérdidas y llevándose varias vidas.

Desde entonces, autoridades municipales, provinciales y nacionales se juraron que no volvería a suceder un desastre así y fue entonces que, luego de la reconstrucción de lo urgente, se comenzó a concebir en el marco de la Provincia, un Plan de Obras Públicas de Remediación y Prevención.

Su correlato en el municipio de Unquillo fue el Plan Director y Proyecto Global de manejo de aguas pluviales para la zona centro.

En ese marco, y “buscando una alternativa para evitar las inundaciones” en la avenida central de esta localidad, es que se planteó la necesidad de construir un desagüe que pudiera derivar el exceso de agua hacia el río.

En esos términos se expresan los considerandos del proyecto de ordenanza enviado por el Ejecutivo de Unquillo con el fin de resolver esta problemática.

Nada sería objetable hasta ese punto, si no fuera porque el informe técnico sobre el desagüe subterráneo -que incluiría un paseo público a nivel superficie-, elige como lugar para su construcción justamente la vivienda de San Martín 2514, es decir, la casa de Buby y el lugar recientemente marcado como sitio de la memoria.

Para el proyecto de Fabrissin, el lote de San Martín 2514 es el ideal para hacer el desagüe.

El proyecto identifica a ese inmueble “como el más indicado por su ubicación, dimensiones y características”. Agrega que “tiene 290 m2 de superficie, con un frente de 10 metros, está deshabitado desde hace tiempo y con una construcción muy antigua en riesgo de derrumbe”.

“Venimos bastante desanimados, porque el oficialismo ni siquiera quiso escuchar los argumentos que trajimos para que se le dé el debido estudio al tema”, le dijo a ENREDACCIÓN la concejal del Frente Cívico Gabriela Farías. “La indicación del intendente ya estaba dada y por eso no fundamentaron nada más para poder iniciar el trámite”, se lamentó la edil.

Sin mucho más detalle técnico acerca de la intervención a realizarse y también sin argumentar la razón inexpungnable para apoderarse de ese inmueble, el proyecto que lleva la firma del intendente Fabrissín, fue tratado en comisión el martes último y aprobado vía mayoría automática del oficialismo. Quedó así a un paso de convertirse en ordenanza.

“Venimos bastante desanimados, porque el oficialismo ni siquiera quiso escuchar los argumentos que trajimos para que se le dé el debido estudio al tema”, le dijo a ENREDACCIÓN la concejal del Frente Cívico Gabriela Farías. “La indicación del intendente ya estaba dada y por eso no fundamentaron nada más para poder iniciar el trámite”, se lamentó la edil.

De poco sirvieron las explicaciones del oficialismo al señalar, en palabras de la presidenta del bloque de Unión por Córdoba, Luciana Presas, que “tal vez la casa no se termine expropiando, pero lo que se busca es poner esa herramienta a disposición del intendente”.

La presencia de integrantes del Colectivo por la Memoria tampoco fue suficiente evitar para que el bloque peronista (partido que aportó muchas de las víctimas del gobierno de Videla) se encerrara en su negativa.

Para la concejal opositora, resultaba “necesario conservar esta casa por lo que implica para la memoria del pueblo y para la cultura de Unquillo, y porque sirve para que nuestros vecinos puedan encontrarse con una realidad y una historia que muchos desconocen, y que otros hacen como que nunca hubiera sucedido”.

A contramano de esa expresión y a tono con lo que viene sosteniendo el exinterventor de facto y hoy intendente, Fabrissin, Presas aseguró que desde el gobierno municipal buscaron “en todos los archivos de la provincia y concluyeron que no existe ningún registro del secuestro” de los dos militantes. “No hay nada comprobado de que allí hayan desaparecido esas dos personas”, dijo la presidenta del bloque oficialista durante el debate, afirmación que se da de bruces con lo documentado en el Nunca Más.

Operación irrisoria

De todos los vecinos de Unquillo, probablemente Osvaldo Basmajián sea uno de los más cercanos a Buby. Por una larga amistad y vinculación familiar, Osvaldo prácticamente se ha hecho cargo del cuidado del anciano, desde aquel abril de 2016 en el que se hizo visible que no podía seguir viviendo solo en su casa.

Contador y dueño de una conocida casa de artículos deportivos en Unquillo, Basmajián se encarga todos los meses de llevarle lo necesario para vivir en el geriátrico de Río Ceballos, donde Buby está internado. Y entre otras cosas, se hace cargo de buena parte de los costos, que con los 8 mil pesos de jubilación que cobra el anciano, no se podrían afrontar.

Fue Basmajián el que alertó a Buby sobre los planes del municipio de quitarle su vivienda. De hecho, junto a una abogada lo visitó para ponerlo al tanto -en la medida de lo posible- acerca de la situación. “Buby está muy recuperado de su salud, y con una absoluda lucidez mental”, le contó Basmajián a este medio, horas después de haberse reunido con el dueño de la vieja pensión.

De su bolsillo se ha costeado también la reciente “lavada de cara” que se le ha dado a la vivienda. “Lo estamos haciendo a pulmón, imaginate que nadie nos ayuda”, explicó el comerciante, quien se encargó de acercar los materiales y pagar la mano de obra para que hoy la casa luzca con un prolijo color amarillo con detalles blanco y rojos en su fachada.

¿La intención? Lógicamente frenar un poco la avanzada de la intendencia, pero también preparar el lugar para el episodio que se concretó este jueves: la visita del anciano propietario.

Buby, de regreso. Tarde del 27 de julio, visitando su casa. Foto: Gentileza Tinku Comunicaciones

Al mediodía del jueves, y después de casi un año y medio, el viejo vecino volvió a visitar su casa. “Capaz que haya sido por última vez, no lo sabemos”, dijo Osvaldo, consternado por el mal momento anímico que debió atravesar su amigo.

“En toda expropiación, el gobierno deposita un dinero de una tasación que siempre es insuficiente. Porque siempre se presume que el propietario va a recurrir ante la Justicia para reclamar la diferencia”, explica el vecino, para luego preguntarse: “¿Qué posibilidades tiene este hombre de 90 años de hacerle un juicio al Estado? ¿Cuánto demoraría? ¿Y para qué lo haría?”

Desde la perspectiva del benefactor, en el apuro del gobierno municipal por quedarse con la casa no se esconde otra cosa que “intenciones aviesas”, como él mismo describió.

“En toda expropiación, el gobierno deposita un dinero de una tasación que siempre es insuficiente. Porque siempre se presume que el propietario va a recurrir ante la Justicia para reclamar la diferencia”, explica el vecino, para luego preguntarse: “¿Qué posibilidades tiene este hombre de 90 años de hacerle un juicio al Estado? ¿Cuánto demoraría? ¿Y para qué lo haría?”

Sin herederos directos, y con la única necesidad de cubrir su propio geriátrico, el cálculo parece dar en la tecla: es una casa que se podría expropiar al valor que decida el expropiador y sin riesgo de un juicio posterior.

¿Qué soluciones propone? Tanto Bajmadián como la concejal Farías consideran que si se quiere construir el desagüe, bien se puede expropiar otro inmueble colindante, “o bien atravesar un caño subterráneo afectando sólo una porción menor de la casa”, según lo señalado por la edil.

Con lo cual, la demolición no sería necesaria.

“¿Y la casa?”, le preguntamos al amigo de Buby: “Imagino que puede ser sede de alguna fundación o dársele un destino social, pero nunca esto que pretende hacer el intendente. No lo vamos a permitir”.

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