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Un sector del Frente de Todos propone no pagar la deuda y destinar los recursos “al cuidado de la vida y la salud”

La sede del FMI en Washington, Estados Unidos.

Dirigentes políticos, sindicales y sociales y personalidades de la cultura, el periodismo y el mundo judicial difundieron ayer un documento con motivo de conmemorarse el 211ª aniversario de la Revolución de Mayo, en la que convocaron a privilegiar “la salud y la vida y después la deuda”, en un contexto atravesado por la pandemia de coronavirus en el cual “el presente y el futuro están en juego” .

“En épocas de crisis las sociedades se ponen a prueba. La defensa del interés general debe prevalecer por sobre los intereses individuales, y el uso de los recursos públicos debe priorizar el bienestar general, velando por la protección de los sectores más vulnerables”, comienza el texto que cuenta con la adhesión del jurista Raúl Zaffaroni; la diputada Fernanda Vallejos; el secretario general adjunto del gremio de Camioneros, Pablo Moyano; el cotitular de la CGT, Héctor Daer; el secretario general de la CTA, Hugo Yasky; el dirigente de ATE Pablo Micheli; el vicepresidente de la UIA, Guillermo Moretti; el jurista Andrés Gallardo y periodista Víctor Hugo Morales. También suscriben María Teresa García (ministra de Gobierno de la provincia de Buenos Aires), Gustavo Melella (gobernador de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur); Gildo Insfrán (gobernador de Formosa), Felisa Miceli (exministra de Economía), Amado Boudou (Exvicepresidente), Alejandro Rofman (economista del Plan Fénix), Norberto Galasso (historiador), Horacio González (sociólogo) , Jorge Alemán (psicólogo) y Miguel Ángel Estrella (pianista), entre otras personalidades.

“Una pandemia de la magnitud como la del Covid-19, que hoy sufre la humanidad, exige que todos los esfuerzos se destinen a contrarrestar sus enormes daños económicos y sociales y su superación, garantizando la atención médica de los enfermos y la vacunación”, sostiene el texto.

En ese sentido, recuerdan que “en plena pandemia, los desequilibrios y las desigualdades en el mundo se han profundizado”, y remarcan que “los poderosos y quienes especulan con la crisis incrementan sus riquezas mientras, sobre las mayorías, recae el costo más alto de esta conmoción mundial que deriva en más pobreza, más desempleo, más marginalidad, más hambre. También se posterga la atención de la salud y la imprescindible y urgente vacunación universal”.

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“Lamentablemente, no ha habido una respuesta vital y vigorosa por parte de los líderes mundiales ni de los organismos multinacionales. El apoyo internacional para contrarrestar los efectos devastadores de la pandemia y la extensión de la vacunación son marginales, y no se brindan alternativas a países periféricos que se encuentran ya empobrecidos y endeudados, sino, por el contrario, se exige a éstos mayores ajustes regresivos”.

En el plano local, se describe que “en Argentina, la pandemia del Covid-19 no da respiro y amenaza con detener la recuperación económica en curso”, y que “Los contagios y las muertes se han espiralizado”.

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“La economía ya se encontraba en una crisis de envergadura después del gobierno de Mauricio Macri y, con la pandemia, se ha profundizado aún más la emergencia económica y social. Nuestro país se encuentra en una situación de ‘estado de necesidad’ que le impide afrontar los compromisos de deuda contraídos, especialmente con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y otros organismos, bajo riesgo de afectar intereses superiores que el Estado debe proteger, en un contexto de pandemia: la vulnerabilidad social, la salud, el trabajo, la educación y la vivienda del conjunto de la población”, subrayan.

Por eso, los firmantes estiman como “imprescindible que los recursos públicos y las divisas disponibles del país, se destinen prioritariamente al cuidado de la vida y la salud de nuestro pueblo y a paliar el impacto social de la crisis”.

Y proponen “impulsar la suspensión de los pagos por capital e intereses con el FMI y el Club de París, mientras se extienda la emergencia sanitaria; reprogramar los vencimientos con todos los organismos financieros internacionales con plazos acordes a las verdaderas posibilidades de pago del país; renegociar la disminución de intereses, cargos y comisiones previstos en los acuerdos vigentes; utilizar la cuota que le correspondería a la Argentina (estimada en aproximadamente 4.350 millones de dólares), de la emisión esperada de Derechos Especiales de Giro (DEG) por parte del FMI de USD 650.000 millones totales, para fortalecer las reservas internacionales del BCRA”.

Además instan a “apoyar la querella criminal iniciada por el Gobierno Nacional contra los funcionarios actuantes del anterior gobierno en la obtención del préstamo “stand by” con el FMI; investigar el destino de los fondos de dicho préstamo para identificar a los responsables de la fuga de capitales, puesta en evidencia por la investigación del Banco Central de la República Argentina”.

También reclaman que se le exija “al FMI que brinde todo el apoyo para continuar con las investigaciones, determinar y diferenciar deuda legítima de ilegítima y que, asimismo, colabore en encontrar los fondos fugados del país”.

En ese sentido, aclaran que “el gigantesco crecimiento del stock de deuda externa, no fue generado por el gobierno del presidente Alberto Fernández sino por la actuación irresponsable del gobierno anterior” que es investigado en sede judicial.

“La deuda, resulta impagable y dificulta el accionar del Estado para hacer frente a la crisis sanitaria y económica, e impide proyectar un futuro desarrollo de la Argentina. En menos de tres años, el gobierno de Mauricio Macri y la Alianza Cambiemos endeudó vertiginosamente al país, tanto con capitales privados como con el FMI, suscribiendo con éste, el acreedor más condicionante de todos, un préstamo que es el mayor tomado por Argentina y el mayor otorgado por ese organismo en toda su historia”.

En cuanto a las negociaciones con el FMI, admiten que se desarrollan en “un complejo panorama”, ya que el organismo “propone únicamente un acuerdo a 10 años, por lo cual se transformaría en un auditor permanente de las cuentas del Estado Nacional e impondría sus condicionantes, perjudiciales para el presente y el futuro de Argentina”.

“El mundo, no solo Argentina, se encuentra ante una crisis excepcional que requiere respuestas acordes a las prioridades de una emergencia sanitaria, social y económica inédita y no que profundicen aún más los enormes e injustificables desequilibrios que ya padece la humanidad. El presente y el futuro están en juego”, finalizan.

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