El ante-proyecto de Marco Regulatorio equipara a EPEC con las cooperativas y sociedad anónimas. Plantea desregular en todas sus partes el sistema eléctrico.

El ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos durante la presentación del anteproyecto de Marco Regulatorio.

Lo único que conserva el Ante-Proyecto del Marco Regulatorio Eléctrico del espíritu que guió la creación de la Empresa Provincial de Energía (EPEC), es el ámbito geográfico de la provincia de Córdoba. Luego, es un proyecto de corte neoliberal, más profundo que los conocidos en la década de los ’90, que desregula todas las instancias del sistema eléctrico (permite “competencia” e ingreso de empresas privadas), introduce la figura de los comercializadores (los que venderán la energía) y determina un sistema tarifario con una regulación por “eficiencia”. ¿Cómo es esto? La mayoría de los actores deberían percibir precios que aseguren la cobertura de sus costos y un margen de rentabilidad y los comercializadores podrían competir en sus tarifas dentro de una banda que va entre el precio a toda la cadena de sistema (costo) y el precio máximo admitido por el régimen tarifario. A su vez, establece una fórmula para adecuar la tarifa de manera automática, a la que el ERSEP no podrá cuestionar salvo que haya, por ejemplo, un error. Dicho de otro modo: se asegura la “rentabilidad” empresaria.

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La clave es el Artículo 85 del ante-proyecto que establece “la metodología de determinación de la tasa de rentabilidad regulada (que) deberá considerar como mínimo los siguientes elementos:

-a) La tasa libre de riesgo.

-b) La volatilidad de los rendimientos de empresas de riesgo similar.

-c) El riesgo de mercado de un portafolio diversificado de acciones.

-d) El grado de apalancamiento de las empresas.

-e) La Tasa de impuesto a las ganancias en la República Argentina.

-f) El riesgo país de la República Argentina.

-g) La inflación”.

Es decir, en términos sintéticos, a los costos de generación, transporte, transmisión y distribución, se le sumarán los de comercialización más la tasa de rentabilidad. La rigidez del sistema garantiza la ganancia empresaria y actúa como condicionante inverso. Esto es, impide revisiones de carácter político o social de la tarifa, lo que preanuncia entre la política tarifaria nacional (generación) y la provincial que se proyecta, un mapa de tarifas altas para los usuarios, que además tendrán nula injerencia en su determinación y curso.

El corazón del proyecto fue elaborado por la consultora Quantum y el borrador publicado en la edición del pasado 17 de julio de ENREDACCIÓN está presente en el anteproyecto.

ADIÓS EPEC

Por otro lado, EPEC deja de ser el eje del sistema eléctrico provincial, para ser un actor más, que deberá competir en todas las instancias del negocio eléctrico con sociedades anónimas -sobre todo- y cooperativas -que por las características de la iniciativa tenderán a perder espacio en el mediano plazo, salvo en los mercados marginales-. Esta maniobra jurídica, evidencia la construcción de un marco para que ingresen actores privados con escala económica para prestar el servicio en la crema del negocio. Los espacios dónde esto tiene más posibilidades de concretarse es en la Generación, Sub-transmisión y Comercialización. El marco regulatorio sienta las bases para una progresiva atomización del sistema y pérdida de influencia de la compañía estatal.

Las áreas son seis: Los Generadores, Auto-Generadores y Co-Generadores del MEM; Los Generadores Provinciales; Los Transportistas; Los Subtransmisores; Los Distribuidores; y Los Comercializadores”.

La presentación se realizó en el marco del Consejo Asesor de Política Energética de Córdoba (CAPEC), y asistieron representantes del colegios profesionales, autoridades de la Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad (FACE Córdoba), de la Federación de Cooperativas Eléctricas y de Obras y Servicios Públicos de la Provincia (FeCESCor), directivos de EPEC, entre ellos el presidente de la empresa, Luis Giovine; autoridades de las universidades de Córdoba y Río Cuarto, y miembros del sindicato Luz y Fuerza, entre otros. El Sindicato de Córdoba manifestó ayer su rechazo a la iniciativa. El gobierno impidió el ingreso de dos legisladores del FIT, Eduardo Salas y Ezequiel Peressini.

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Otro elemento distintivo de la iniciativa es que establece un mecanismo de incidencia del regulador (el Estado) sobre el costo operativo, lo que igualará la operación de los tres actores previstos: cooperativas, sociedad anónimas y EPEC. Esto implicará una presión sobre los costos laborales para mejorar la eficacia de la prestación del servicio, que es lo que naturalmente alimentará la rentabilidad. Es decir, hasta el momento, el servicio de electricidad ha sido considerado un servicio público con alta injerencia del Estado, entonces el sector público vía tarifas o subsidios garantizó la existencia de la prestación del servicio y condiciones laborales de calidad para los trabajadores del sector, lo que permitía motorizar el bienestar general. Este último punto, con este marco, entrará en tensión.

El Artículo 86, que se refiere a los costo operativos es el que establece los principios en este sentido: “Los costos operativos reconocidos en tarifa serán los necesarios para la adecuada prestación del servicio. Serán determinados por el ERSeP según la metodología desarrollada para cada RTl (Revisión Tarifaria Integral). Los niveles de costos aprobados corresponderán a los de una empresa eficiente, es decir, que respondan a la performance promedio de la industria, tomando referencias nacionales e internacionales comparables”.

Otro concepto que se suma al paquete desregulador (y que proviene de otras industrias, como las telecomunicaciones) es el “acceso abierto”. La iniciativa dice que “No habrá discriminaciones, el acceso de terceros a su capacidad de Subtransmisión y/o Distribución, en las condiciones y mediante el pago de la tarifa que determine el ERSEP” y que “el Comercializador abonará la tarifa correspondiente al uso de las redes al Subtransmisor y al Distribuidor, respectivamente”. Este componente rompe los compartimentos estancos que serían cada parte del sistema -transmisión y distribución, sobre todo- y le permite a cualquier actor a usar las instalaciones y líneas existentes en la medida que pague las tarifas correspondientes. Es una especie de teoría del flujo libre.

Mario Damonte, fundador de la consultora Quantum.

Sin embargo, el Marco entregado ayer a las distintas instituciones no contempla un principio básico: el Estado no es un regulador neutral, dado que depende de su masa crítica para intervenir y regular el mercado. A menor desarrollo estatal -como es el principio que guía el ante-proyecto de Marco Regulatorio- es mayor la incidencia del o los actores privados, por lo tanto, las regulaciones tarifarias, de inversión e infraestructura serán condicionadas y alteradas por la acción dominante o, incluso, monopólica de las empresas más grandes que terminen actuando en el mercado cordobés. La iniciativa dada a conocer por el gobierno, como mínimo, debilita a EPEC, y como máximo lo liquida o sienta las bases para convertirlo en un actor secundario. La empresa provincial ha sido hasta el presente el “jugador” público que garantizó el desarrollo productivo de Córdoba. La nueva normativa dispone un escenario en el que ya no es necesaria.

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