Es Miguel Nicolás. Adelantó que la UCR intentará evitar que se aplique la llamada Ley Bodega para vender la empresa de electricidad.

El legislador de la UCR, Miguel Nicolás.
Municipalidad de Río Cuarto-Parque Sarmiento

“La UCR siempre se opuso a la privatización de EPEC. Esa famosa ley Bodega nació como un hecho de corrupción y hoy sigue vigente. Nosotros nos opusimos en su momento porque permite la enajenación al patrimonio provincial y ahora con los movimientos que dejan mucho que desear en EPEC, hemos presentado un proyecto para modificar esa ley que autoriza la enajenación del patrimonio”. Las declaraciones a Cadena 3, las realizó el legislador de la UCR, Miguel Nicolás y la iniciativa fue presentada en la Legislatura provincial.

Nicolás apuntó que “ley Bodega, permite incorporar capitales privados a empresas o sociedades del Estado, y podría ser utilizada en la actual situación de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC)”.

El dirigente radical se refiere a la ley que permitía al gobierno de José Manuel De la Sota privatizar la empresa de energía, el Banco de Córdoba y la Lotería provincial y que fue aprobada el 23 de marzo de 2000 gracias al apoyo de Luis Bodega. Este era senador del Frepaso y cambió de posición en plena sesión, a tal punto que uno de sus guardaespaldas, armado, le levantó el brazo al instante de votar. Fue acusado de cobrar una coima en dólares.

Para el legislador de la UCR, “si bien no se habla de una eventual privatización, los indicadores dan cuenta de lo que pasa en la empresa de energía. Así que espero que el oficialismo la acompañe y podamos  derogar esa autorización”.

El legislador dijo que “empresas como EPEC tienen que estar en manos del Estado. No tengo dudas y la UCR así lo ha ratificado así, más de una vez”.

El proyecto de Nicolás se plantea en medio de un extenso conflicto en EPEC, que se inició a principios del mes de abril, con el anuncio de medidas de ajuste, la denuncia del Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) de Luz y Fuerza, y la sanción de tres leyes ilegales a caballo de la mayoría oficialista, que modificaron el CCT. A esta situación, se suma ahora el despido de cinco dirigentes sindicales.

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