La Cámara 4° del Crimen condenó al ex jefe de la Policía de Córdoba, Julio César Suárez, a dos y dos meses de prisión en suspenso como autor del delito de coacción contra el periodista de los SRT, Dante Leguizamón. Suárez amenazó a Leguizamón por su cobertura periodística en un caso de "gatillo fácil" policial.

El ex jefe de Policía, Julio César Suárez. Foto: Gentileza.
Municipalidad de Río Cuarto-Parque Sarmiento

En oposición al pedido de la Fiscalía, la Cámara 4° del Crimen de la Justicia provincial condenó por unanimidad al ex jefe de la Policía de Córdoba, Julio César Suárez, a dos años y dos meses de prisión en suspenso. Lo encontró culpable del delito de coacción contra el periodista de los SRT, Dante Leguizamón, un hecho producido en el marco de la cobertura periodística por un caso de “gatillo fácil” policial.

Se trata del primer juicio penal de Córdoba contra un jefe de la Policía por un delito producido mientras estaba en funciones. Suárez fue el último jefe de la tercera gobernación de José Manuel De la Sota y se suma a Rafael Sosa, jefe de Drogas Peligrosas, que estuvo preso por el caso del narcoescándalo, y a Ariel Avila, titular de la división de Delitos Complejos, también detenido.

El Tribunal, presidido por la jueza María Antonia de la Rúa, más los vocales Jorge Montero y Luis Nassiz, no acordó con la absolución por “inexistencia de daño” solicitada por el Ministerio Público Fiscal, representado por Raúl Gualda, sino que atendió el pedido de condena de los querellantes, el denunciante Leguizamón y su abogado Claudio Orosz, y el Cispren (Círculo Sindical de la Prensa), patrocinado por Ignacio Ferrer.

El periodista Dante Leguizamón. Foto: Gentileza Salida al Mar.

Los defensores Ernesto Gavier padre e hijo reclamaron el sobreseimiento. En el caso del mayor de los Gavier con un alegato más político que técnico donde terminó defendiendo más a De la Sota que a su cliente.

Además, la Cámara inhabilitó al comisario general retirado para ejercer cargos públicos mientras dure la prisión en suspenso y le cargó las costas del juicio. Los querellantes habían pedido tres años y medio de prisión y el doble de inhabilitación. Al ser en suspenso, Suárez no irá preso.

El fallo representa un espaldarazo al derecho a la libertad de expresión y al libre ejercicio del periodismo, y le pone un claro límite a la nueva doctrina de seguridad de Patricia Bullrich, que propone aplicar el beneficio de la duda a favor de las fuerzas de seguridad.

Además, constituye un golpe para el Ministerio Público Fiscal que, en contra de su naturaleza, no avanzó en la acusación al considerar que no hubo “propósito de infundir temor” de Suárez a Leguizamón. Gualda afirmó que la doctrina y la jurisprudencia dicen que la figura de coacción necesita “formular daño de manera inteligible”. Con todo, no negó los hechos, pero alegó que son verídicos “en un marco de probabilidad y no de certeza”, por lo que provocan “duda”.

Por suerte para los cordobeses, el Tribunal no lo vio así, aunque habrá que esperar hasta el 3 de abril para conocer los fundamentos.

El querellante Orosz apuntó a una secuencia de hechos irregulares para lograr la impunidad policial en el gatillo fácil que mató a Fernando “Güere” Pellico, que terminaron eclosionando la noche de las amenazas. A esto lo veremos más abajo. Además, puso de relieve fallos clásicos en defensa de la libertad de expresión, como Herrera Ulloa vs Costa Rica, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (que cita un fallo de la Corte Europea de Derechos Humanos, Castells vs. España).

En tanto, Ferrer pidió a los jueces que defiendan el derecho a la libre expresión contemplado en la Constitución Nacional, provincial y en tratados internacionales. El letrado consideró que Suárez intentó limitar la voz de Leguizamón y en él a toda la  sociedad civil. “Estamos hablando de un ataque a la libertad de expresión, a la libertad de pensar y expresar. Esto es lo que se discute en esta causa”, señaló. “Se está afectando un discurso protegido (por el periodístico). Hubo una censura de hecho. Esta Cámara tiene la obligación de fallar por esta causa y por la trascendencia pública de los hechos”, remarcó el letrado.

LOS HECHOS

Los hechos juzgados se produjeron la tarde-noche del 15 de agosto de 2014, luego de un violento operativo con allanamientos en barrio Los Bulevares, donde vivía Pellico, de 18 años, asesinado por dos policías el 26 de julio anterior. Leguizamón cubrió periodísticamente los hechos e hizo comentarios críticos en su cuenta de Twitter. Esto molestó a Suárez, quien lo llamó repetidas veces para cuestionar su opinión y le exigió que borrara los tuits. Luego, el comisario general se presentó en el lugar de trabajo de Leguizamón, exigiendo reunirse con él. Al no conseguirlo (ya se había retirado) habló telefónicamente con el periodista Miguel Planells, compañero del denunciante, y le pidió que “controle” a su colega y que borre los tuits que tanto le molestaban. Acto seguido, el propio jefe policial escribió un tuit desde la cuenta oficial de la Policía -pero firmado por él mismo- en el que trató de “mentiroso” al periodista y le solicitó que “deje de mentir”. Por último, volvió a llamar al celular de  Leguizamón -que manejaba camino a su casa, en el Gran Córdoba- para verse “cara a cara”. “Si no querés venir, yo me voy a encargar de vos”, amenazó, ante la negativa del periodista de encontrarse personalmente en plena noche.

22 DÍAS

El abogado Claudio Orosz en una imagen de archivo. Foto: Gentileza.

En su alegato, el querellante Orosz habló de la existencia de una continuidad entre el asesinato de Pellico y la noche de las amenazas a Leguizamón, en una “cadena de complicidades de la Policía y el Ministerio Público Fiscal para lograr la impunidad” en el caso de gatillo fácil. Suárez necesitaba silencio mediático para lograr blanquear el crimen que estaba en plena investigación. Por eso hay que detenerse en el teatro de operaciones de los 22 días que pasaron entre uno y otro hecho.  En esa línea, el abogado también incluyó a la Cámara 8° del Crimen que condenó a los asesinos del pibe, Lucas Chávez y Rubén Leiva, pero que no investigó la trama del ocultamiento policial.

Cuando el 26 de julio los policías Leiva y Chávez mataron a Pellico, quien iba en una moto, con su primo, a comprar una gaseosa, sin armas, la fuerza informó de un “enfrentamiento con delincuentes” y Suárez sostuvo esa teoría en los medios.

Sin embargo, una semana después, en el programa “Justicia Legítima” que se emitía los viernes por Canal 10 y que conducían Leguizamón y Planells, comenzó a hablarse de “gatillo facil” y “encubrimiento”, tal como venían sosteniendo las organizaciones sociales que trabajaban en el barrio.

El 6 de agosto, cuando se produce finalmente la imputación a los dos agentes, Suárez mantiene una conversación con el fiscal instructor Pablo Molina, en términos no amables, donde el funcionario judicial le tiene que recordar las funciones de cada uno. El encuentro finaliza con Suárez “recomendando” al fiscal que se “cuide”, según el testimonio del funcionario judicial durante las audiencias.

La línea de tiempo continúa con la detención de Leiva y Chávez. En ese momento, el comisario general llamó al periodista Claudio Gleser, del diario La Voz del Interior, anoticiado de que el medio estaba preparando un informe sobre el tema. En esa conversación, Suárez acusó a Gleser, Leguizamón, Planells y Cristian Maldonado (también de los SRT) de intentar “tirarlo”. ¿Querés que te haga investigar a vos?” le advirtió Suárez a Gleser.

Como parte de la “cadena de complicidades”, Orosz mencionó el intento de plantar un arma a Güere, para sostener la tesis del enfrentamiento, la promoción del comisario Walter Ferreryra, acusado también de gatillo fácil y a la espera de juicio, y el intento de que sólo Chávez, como autor material del crimen, quedara imputado, pese a que Leiva fue su cómplice.

“LA ENERGÍA DE GUERE”

Luego de la tensión de los alegatos y la espera del fallo, Leguizamón destacó la “importancia simbólica” de la condena a Suárez. “Esto no es por mí, tiene que ver con la profesión, parece que cualquiera puede venir y llevarnos puestos”, sostuvo. “Ahora quiero leer los fundamentos, para ver como los jueces sostienen la libertad de expresión y la protección al periodismo, para que los trabajadores de prensa estemos en condiciones libres de laburar”. “Esto es por Güere, su energía está presente en la sala”, afirmó emocionado.

Por su parte, Claudio Orosz consideró que “al poder hay que ponerle límites. Hay funcionarios que creen que pueden hacer lo que quieran, sin consecuencias. La libertad de expresión tiene que ser no sólo un derecho sino una posibilidad concreta en la Argentina”, expresó, tras destacar que, pese a que la Fiscalía no acusó al ex jefe policial, la querella hizo uso de la posibilidad de acusar que le otorgó la Corte Suprema de Justicia en la causa Tarifeño.

DE LA SOTA, CRISTINA Y LA POS VERDAD

José Manuel De la Sota, ex gobernador de Córdoba. (Archivo).

Los defensores de Suárez, los abogados Ernesto Gavier padre e hijo, adelantaron que después de leer los fundamentos del fallo decidirán si recurren a Casación. Gavier hijo hizo una defensa técnica del ex jefe y desconoció la coacción. En ese sentido, afirmó que “se vinculó a Suárez con la muerte de Pellico porque no hay pruebas”.

En cambio, su padre empezó con un alegato técnico y terminó con un discurso político. Consideró que la causa contra Suárez fue impulsada para atacar al ex gobernador De la Sota por su posición crítica al gobierno de Cristina Kirchner. Además, opinó que su cliente fue el hombre elegido para sacar adelante a la institución luego del levantamiento policial de diciembre de 2013. Rechazó “argumentos setentistas, arcaicos” que consideran que “cada policía es de la dictadura” y se manifestó contrario “a Zaffaroni”. “Hay una soberbia del periodismo que cree que si se les dice algo, se violenta su libertad de expresión. Creen que solo ellos tienen derecho a expresarse”, indicó. También explicó, diccionario en mano, que el verbo “encargar” que utilizó Suarez para amenazar a Leguizamón no tiene poder de amenaza. “Yo me voy a encargar de aclarar cómo fueron los hechos”, sostuvo que quiso decir su defendido. El extenso alegato de Gavier incluyó referencias a la posverdad, una práctica que, según él, era propia del gobierno anterior y que se plasmó en el nombre de Justicia Legítima, como se llamó el programa que conducía Leguizamón en Canal 10, que es también el nombre de una agrupación judicial integrada por funcionarios cercanos al gobierno K.

Sumate al equipo y ayúdanos a contar lo que el poder no quiere.

bettina.marengo@enredaccion.com.ar

@bettinamarengo

Cómo comunicarse:

Redacción: hola.enredaccion@gmail.com

Lectores: hola.enredaccion@gmail.com

Equipo de Investigación: afondo.enredaccion@gmail.com