Hoy a las 15, la Cámara de Diputados de la Nación fue convocada a una sesión especial para introducir el transporte como servicio esencial y, por lo tanto, sujeto a guardias mínimas para su prestación en caso de huelgas.

El diputado nacional, Mario Negri (UCR-Cambiemos).
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La Galatea

La presentación fue hecha el diputado nacional cordobés Mario Negri (UCR-Cambiemos) y una extensa lista de legisladores nacionales de Cambiemos. En la sesión especial se considerarán dos expedientes: el 841 de 2016 y el 3072 de este año. En ambos, el tema es el ordenamiento del régimen laboral establecido en la Ley N° 25.877, agregando en el artículo 24 de la citada ley, al transporte público de pasajeros y la seguridad como servicios esenciales ante una situación de conflicto laboral.

No será fácil que consigan el quorum para sesionar, porque esta es una semana marcada por el cierre de alianzas para las elecciones legislativas -el miércoles 14- y hay poca actividad en ambas cámaras del Congreso. Nadie es capaz de asegurar si habrá sesión o no y también parece difícil que oficialismo consiga los votos necesarios para impulsar una modificación que contará con una fuerte oposición sindical.

La primera de las iniciativas fue presentada el año pasado por los diputados radicales cordobeses Diego Mestre y Olga Rista, ambos de la UCR. Allí define que “cuando por un conflicto de trabajo alguna de las partes decidiera la adopción de medidas legítimas de acción directa que involucren actividades que puedan ser consideradas servicios esenciales, deberá garantizar la prestación de servicios mínimos para evitar su interrupción”.

En ese sentido, “se consideran esenciales los servicios sanitarios y hospitalarios, el servicio público de transporte público de pasajeros, la producción y distribución de agua potable, energía eléctrica y gas; el control del tráfico aéreo y la seguridad de toda o parte de la población”, indica el proyecto.

El artículo 24° de la Ley 25877 está redactado en la actualidad a imagen y semejanza de lo dispuesto por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Dice textualmente: “Cuando por un conflicto de trabajo alguna de las partes decidiera la adopción de medidas legítimas de acción directa que involucren actividades que puedan ser consideradas servicios esenciales, deberá garantizar la prestación de servicios mínimos para evitar su interrupción”.

“Se consideran esenciales los servicios sanitarios y hospitalarios, la producción y distribución de agua potable, energía eléctrica y gas y el control del tráfico aéreo”.

“Una actividad no comprendida en el párrafo anterior podrá ser calificada excepcionalmente como servicio esencial, por una comisión independiente integrada según establezca la reglamentación, previa apertura del procedimiento de conciliación previsto en la legislación, en los siguientes supuestos:

a) Cuando por la duración y extensión territorial de la interrupción de la actividad, la ejecución de la medida pudiere poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de toda o parte de la población.

b) Cuando se tratare de un servicio público de importancia trascendental, conforme los criterios de los organismos de control de la Organización Internacional del Trabajo”.

ACUERDOS

La movida en el Congreso Nacional estuvo precedida de una serie de acuerdos entre el gobernador Juan Schiaretti y el intendente de la ciudad de Córdoba, Ramón Mestre. Al mediodía, en el centro cívico provincial, participaron las fuerzas políticas con representación en la Legislatura provincial, diputados y senadores por Córdoba, representantes del COMIPAZ, el Grupo de los Seis (Las grandes centrales empresariales de la provincia), rectores de las universidades, funcionarios de los gabinetes provincial y municipal, e intendentes de la Mesa Provincia – Municipios.

Allí se decidió avanzar en un amplio consenso para declarar esencial al servicio de transporte público de pasajeros. A tal fin, se coincidió también en la necesidad de realizar una consulta popular para que sea la ciudadanía sea la que defina si está de acuerdo con pagar un boleto más caro que en el resto del país, para que la UTA Córdoba gane más plata respecto a trabajadores del trasporte de pasajeros de otras provincias.

Schiaretti expresó su beneplácito por esta iniciativa: “Celebro la decisión de hacer la Consulta Popular para saber si están dispuestos a pagar más caro el boleto en esta ciudad para que la UTA Córdoba mantenga una situación que no tiene ningún chofer en la provincia y menos en el orden nacional”.

De este modo, la Provincia se comprometió a enviar esta semana a la Legislatura una ley para regular en los servicios públicos las guardias mínimas. Es clave, agregó el mandatario, “poder regular los servicios esenciales, lo que significa por ejemplo las guardias mínimas que tiene EPEC, el cuidado en los hospitales, la administración de Justicia, la distribución del agua potable y el transporte, con instrumentos legales que tengan las instituciones democráticas de la provincia para actuar; porque hoy no hay, salvo un delito flagrante, una penalización más que la que puede disponer el Ministerio de Trabajo de la Provincia declarando la ilegalidad de un paro”.

También se informó que el Poder Ejecutivo Provincial va a presentar en la Legislatura un pedido de Resolución para que se instruyan a todos los legisladores nacionales por Córdoba para que se sancione una ley en el Congreso que regule los conflictos y el accionar de la huelgas en los servicios esenciales, porque esto es central para que se aplique en todo el país.

Dentro de los servicios esenciales no se trata de incorporar todos, sino de poner los que realmente la Organización Internacional del Trabajo establece como esenciales, se aclaró.

Las instituciones y organizaciones presentes expresaron además “su deseo de volver al funcionamiento democrático de las instituciones, que haya racionalidad y no entrar en el conflicto salvaje, cuidando el funcionamiento democrático, la paz social y la convivencia de los cordobeses”.

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