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Sentencian a un policía acusado de “gatillo fácil” en un operativo en la plaza de Alta Córdoba

Imagen Ilustrativa.

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Un policía del área de Sustracción de Automotores podría ser condenado hoy a 11 años y medio de cárcel, por un caso de “gatillo fácil” ocurrido en febrero de 2013, en Alta Córdoba. El cabo Esteban Goico, de 39 años, comenzó a ser juzgado a fines de septiembre por la Cámara 1ª del Crimen, acusado de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y por su condición de uniformado, con dolo eventual. Hoy es el día de la sentencia.

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El caso sucedió el 8 de febrero de 2013. Esa noche un patrullero se detuvo a controlar un Volkswagen Vento con vidrios polarizados estacionado cerca de la plaza Rivadavia de Alta Córdoba. Cuando los uniformados se acercaron, el acompañante bajó del auto y huyó corriendo. El conductor arrancó el vehículo y aceleró.

Según la acusación, para evitar que el sospechoso escapara, Goico sacó su pistola y realizó un disparo de “advertencia”. La advertencia entró por la espalda de Luciano Chávez, de 29 años. El Vento siguió en marcha media cuadra más y se detuvo cuando chocó contra un árbol, con el conductor desvanecido en su interior. Chávez murió horas después en el hospital.

En principio, la investigación judicial osciló entre la presunta legítima defensa y el exceso en la legítima defensa, aunque finalmente la Instrucción se inclinó por el “homicidio por dolo eventual”, calificación con la que Goico llegó a juicio en la Cámara 1°, cinco años después del crimen.

En su alegato, la fiscal Dolores Romero Díaz mantuvo esta acusación al sostener que Goico debió representarse que al disparar podía ocasionar la muerte del conductor. El policía llegó al juicio en libertad y en caso de ser condenado, quedará inmediatamente detenido. la fiscal solicitó además 10 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

El abogado del policía, Julio Deheza, sostiene por su parte que fue un disparo accidental, y que Goico trastabilló cuando el conductor del Vento aceleró para escapar.

El caso fue instruido en su mayoría por el fiscal Raúl Garzón, quien reemplazó a Carlos Matheu, fiscal de origen del caso, que debió apartarse ya que un familiar suyo actuaba en la defensa del imputado.

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