Después de nueve días, finalizó el paro de los choferes en reclamo de aumentos salariales.
Durante nueve días seguidos, alrededor de 4 mil choferes del servicio urbano de pasajeros mantuvieron paralizada la ciudad de Córdoba en reclamo de una aplicación diferenciada del aumento salarial del 21% obtenido por la UTA Nacional en las Paritarias del sector. Puntualmente, demandaban la aplicación de tres actas salariales de 1991, 1992 y 2011, que llevaban el aumento a 32,5%. A eso se le sumaba el pedido de normalización de la intervenida seccional local de la UTA y una serie de mejoras de mantenimiento de las unidades. El conflicto se cerró con casi 100 despidos, producidos luego de la declaración de ilegalidad de la medida por parte del Ministerio de Trabajo de la provincia.
Tanto el intendente Ramón Mestre, como el gobernador Juan Schiaretti, la UTA Nacional y el gobierno de Mauricio Macri trabajaron en conjunto frente a la medida de fuerza liderada por los delegados de las empresas de transporte. La decisión de establecer un servicio de emergencia del servicio, con custodia de la Policía y Gendarmería Nacional, tanto el lunes como el martes, fue clave para desarticular la protesta.
En el camino, quedaron miles de usuarios sin transporte y pérdidas económicas millonarias en comercios y empresas por la reducción de ventas, estimadas en un 40%, a la par de la infraprestación de otros servicios como educación o salud.
De hecho, el Ministerio de Educación de la provincia anunció ayer que instruyó a las escuelas para que refuercen los contenidos prioritarios, con el objetivo de que no se pierda el año escolar. Por su parte, la Cámara de Comercio anunció que abrirá el 20 de junio, para tratar de recuperar ventas por los días en que el sector no operó normalmente.
La huelga generó en las compañías de transporte, una reducción de ingresos de alrededor de 55 millones de pesos en los nueve días en que se extendió. Para tener una aproximación al fenómeno, diariamente se cortan alrededor de 500 mil boletos en el sistema. Igual, las pérdidas producidas por la huelga a las empresas son inferiores a pagar el aumento que intentaban conseguir los colectiveros, que era de 5 mil pesos extras. Si lo hubieran conseguido, representaba aproximadamente, en todo el año, unos 360 millones de pesos, incluyendo los 5 mil pesos mensuales más las cargas sociales.
El paro costó 55 millones de pesos contra los 360 millones que se hubieran necesitado para abonar durante un año el incremento salarial que demandaban los casi 4 mil choferes del servicio de transporte urbano de la ciudad de Córdoba.
CÓMO SIGUEN LAS NEGOCIACIONES
El Ministerio de Trabajo de la provincia informó que las empresas ERSA URBANO SA, CONIFERAL SACIF, AUTOBUSES CORDOBA SRL y TAMSE solicitaron que “se convoque a una nueva audiencia en el marco de la conciliación para la próxima semana”.
En una presentación conjunta expresaron: “(…) que el dialogo con la entidad gremial UTA se mantiene en el marco de que las partes precitadas han acatado la conciliación obligatoria dictada por resolución N° 22/2017”.
Además, el Ministerio informó que “luego de anunciado el levantamiento de las medidas de fuerza por parte de los trabajadores –a través de los medios– presentaron de manera espontánea notas respectivas con su rúbrica, manifestando que levantaban las medidas y se ponían a derecho en el marco de la conciliación obligatoria oportunamente dispuesta por el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Córdoba y acatada por las empresas antes mencionadas y la UTA, con conocimiento del Municipio de Córdoba”.
EL SERVICIO
“El servicio volverá a funcionar normalmente y con las frecuencias que corresponden a cada una de las líneas. A su vez, el boleto dejará de ser gratuito”, dijo ayer el subsecretario de Transporte, Pablo Farías.
El funcionario anunció también que habrá un “acompañamiento de seguridad en las puntas de línea, zonas rojas y principales avenidas, para prevenir eventuales incidentes”, sin embargo será menor que el implementado por las fuerzas de seguridad con el servicio de emergencia desplegado el lunes y martes las nueve líneas troncales que se pusieron en funcionamiento.
MESTRE, LOS DELEGADOS Y LA UTA
El intendente Ramón Mestre acusó ayer a los choferes de “patoteros, violentos e ilegales”. También insistió en que “los despidos se produjeron conforme a Derecho y los descuentos son innegociables”. También aseguró que “acá no tiene que haber vencedores ni vencidos”, en relación a la salida del paro que duró nueve días. También agradeció al gobernador Schiaretti su actuación para resolver el conflicto.
Por su parte, Lucas Pérez, uno de los delegados de Coniferal, afirmó a Cadena 3, luego de finalizada la huelga que “hemos decidido, en un plenario de delegados, levantar la medida. Volvemos a trabajar para negociar los despidos. A partir de este momento volvemos a trabajar. Entramos dentro de la conciliación obligatoria”.
El secretario general de UTA, Roberto Fernández, señaló que “Lo que me preocupa son los despedidos. Buscaremos la manera de reincorporar a todos. Entiendo el nerviosismo de (Ramón) Mestre, pero él no es un empresario. Voy a buscar el diálogo con todos los empresarios y que no haya tantos despidos”.
CONSUMIDORES
La asociación Usuarios y Consumidores Unidos (UCU) realizó una presentación ante el Juzgado Civil y Comercial de 49ª Nominación, a cargo de la jueza Ana Montiel, para que se les imponga una multa de cinco millones de pesos a cada una de las empresas de transporte urbano como forma de compensación a los pasajeros perjudicados por el paro de ómnibus de transporte urbano de la ciudad de Córdoba. El sistema que proponen es que se distribuya ese monto entre los usuarios a través de la tarjeta Red Bus.
La presentación lleva la firma de Exequiel Vergara y Victoria Postiguillo. La demanda se fundamenta en el artículo 52 bis de la ley de Defensa del Consumidor.
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