Esta vez el PJ cordobés amenaza con no apoyar la reforma laboral del gobierno. Diputados y senadores del bloque peronista dialoguista plantearon que sólo apoyarán lo que la CGT acuerde con el gobierno.

Casinerio, Vigo y Llaryora, el día que asumieron como diputados nacionales en diciembre.
Municipalidad de Río Cuarto-Parque Sarmiento

El Gobierno nacional apuesta a las paritarias y a la presión por las obras sociales para tener a raya a los gremios y de ese modo, intentar sacar la reforma laboral en febrero. Pese a ello, un plan B que cada vez tiene más vigor, es que se divida la reforma: se trate primero el blanqueo laboral, que el presidente Mauricio Macri y su equipo económico consideran fundamental para completar la reforma previsional; y en otro momento, la modificación de la Ley de Contrato de Trabajo.

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El presidente del bloque de Senadores del PJ dialoguista, el rionegrino Miguel Pichetto aseguró el fin de semana en una entrevista que concedió a La Nación que no quiere tratar la reforma en febrero y reafirmó que primero deben acordar los sindicatos con el gobierno. Dicho de otro modo: sin el PJ dialoguista no hay ley en el Senado y la pelota queda en territorio del gobierno. Para el PJ, el interlocutor es la CGT.

El objetivo de la negociación sigue siendo completar el tridente de reforma jubilatoria, reforma tributaria y reforma laboral. El gobierno empuja a la CGT a completar el esquema de desfinanciación del sistema de previsión social, que en lo esencial es lo que producirá el blanqueo si se aprueba como está. El blanqueo propone que no haya sanción para los incumplidores y exceptúa de pagar aportes al ANSES a los sueldos más bajos (el 45% de los trabajadores en blanco percibe menos de 15 mil pesos). Si se adiciona que el sistema jubilatorio se quedó sin financiamiento del impuesto a la Ganancias que pasó a las provincias, la rebaja de aportes completará la quita de 100 mil millones de pesos anuales del presupuesto del ANSES, que es a su vez lo que se paga de menos con el ajuste jubilatorio aprobado a fines del año anterior. El resultado es una reducción del costo laboral por vía indirecta -los empresarios no pagarán cargas sociales por los empleos de menor remuneración (la mayoría de la fuerza laboral del país) y en el mediano y largo plazo, presionarán a la baja a todo el sistema que buscará entrar dentro de esta franja y no en la que abona mayores salarios -directos e indirectos-.

La modificación de la Ley de Contrato de Trabajo no aparece como tan necesaria para el gobierno: por ahora ha obtenido resultados positivos en ese sentido en todas los sectores donde el Ministerio de Trabajo metió la mano. Por esta vía ha conseguido  acuerdos sectoriales que establecen convenios de dos velocidades a cambio de acuerdos salariales. Así, por un lado están los empleados que trabajan con el viejo convenio y por otro, los que lo hacen con nuevas condiciones. Así han arreglado petroleros y lecheros entre otros. Los de la industria láctea, a cambio del salvataje a Sancor, aceptaron tercerizaciones y contrataciones extras sólo para momentos de producción pico con salarios inferiores a los que se pagarían con horas extras o estabilidad.

El PJ dialoguista, en realidad, deja que la CGT y las otras centrales hagan el gasto. Sin embargo, habrá que ver si la interna gremial condiciona esa estrategia o no: los sectores más duros de la CGT -camioneros y los bancarios, junto a sus sindicatos afines- se oponen a la reforma. Cuando Pablo Moyano dijo que otra vez corría la Banelco en el Senado, obligó a los senadores del PJ a dar marcha atrás y dejar que “los muchachos se arreglen”. Si no se arreglan, el gobierno volverá a pedirles una muestra de amor. El axioma, por ahora, es que “hay un cambio de estrategia”: vamos a negociar diputado por diputado y no con los gobernadores, dijeron fuentes de la jefatura de Gabinete, para el momento en que la ley circule por la Cámara baja. Puede convertirse en un escándalo político de proporciones.

Mientras, la armada judicial del gobierno apuntó en dos sentidos: condicionar a Pablo Moyano en la causa judicial en la que está detenida media barra brava del club Independiente; y denunciar a diputados kirchneristas y de izquierda por tratar de impedir que sesione el Congreso durante la reforma previsional.

La bala de plata que guarda el Ejecutivo, es usar la amenaza de una reforma de las obras sociales. Es como la ristra de ajo para los vampiros.

Mientras, que la negociación sea con los diputados y (probablemente) con los senadores, saca a los gobernadores de la primera fila. Si bien el escenario es la opinión pública y la calle, los principales golpes de efecto y los carpetazos judiciales estarán dados por las jugadas de palacio, que definirán los límites de la negociación. En este territorio cerrado, se le agrega un problema político, sobre todo al PJ dialoguista: el bloque kirchnerista estará parado en la vereda de enfrente y todos los peronistas que levanten la mano en favor de una iniciativa oficial en este campo van a peregrinar largo tiempo con el mote de “traidores”.

Por eso, como sucedió con algunos diputados cordobeses que responden a Juan Schiaretti, no todos están dispuestos a semejante escarnio. “Sólo podemos votar lo que la CGT acuerde”, repiten una y otra vez como quien muestra la estampita de algún Santo para alejar los demonios.

En Córdoba, los cuatro diputados del bloque schiaretista quedaron golpeados durante la aprobación del ajuste a los jubilados. El que peor cara tenía era Martín Llaryora: le dieron todas las entradas falsas, se reía un legislador delasotista. “Lo pusieron de primer candidato para perder frente a Macri. Schiaretti se corrió de la campaña de octubre y quedó parado en la vía por la que venía un tren. Asume, y el primer tema es el ajuste a los jubilados y vota abrazado con el conductor del tren que lo pisó. Todo esto le ha pesado mucho; está devastado. Encima, Schiaretti le dice que el candidato en 2019 va a ser él y que deberá esperar otro turno. Pero no es todo…”

-¿Qué falta? preguntó ENREDACCIÓN.

(…) Pidió licencia como vicegobernador y no renunció para que no le saquen todo su equipo de la Legislatura. Hasta ese punto tuvo que llegar.

En ese sentido, Llaryora y el senador Carlos Caserio son los que le plantearon al gobernador cordobés que no podían seguir pagando costos políticos tan elevados y que en esta jugada no estaban dispuestos a levantar la mano por más que bajara la orden desde el panal. Schiaretti también tiene un problema: su amigo, el ex gobernador José Manuel De la Sota también está parado en la otra vereda.

Por ahora, la estrategia de Pichetto les dio oxigeno. El drama se abrirá para muchos si la CGT no llega a un acuerdo o intenta demorar la aprobación de la reforma. Todos ya saben que Mauricio Macri no es Fernando De la Rúa.

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