La unión del peronismo en el Congreso para imponer un freno al ajuste tarifario entró en crisis: Schiaretti y otros tres gobernadores se manifestaron en contra.

Habla Juan Schiaretti, escucha el entrerriano Gustavo Bordet. Foto: Prensa Gobierno de Córdoba.

El gobernador cordobés Juan Schiaretti no está solo en su postura de frenar el proyecto legislativo de las fracciones peronistas, que alinea los ajustes en las tarifas de servicios públicos a los aumentos salariales. El mismo miércoles se le sumó el misionero Hugo Passalacqua y ayer el diario Perfil publicó que se manifestaron en la misma línea el salteño, Juan Manuel Urtubey y el entrerriano, Gustavo Bordet.

El cordobés dijo el miércoles que “es responsabilidad exclusiva del Gobierno nacional fijar las tarifas. Los peronistas no cogobernamos, por lo tanto no corresponde que sancionemos ninguna ley en relación al tema de las tarifas en el Congreso de la Nación”. Pese a ello, el diputado nacional, vicegobernador en uso de licencia y uno de los representante del bloque Argentina Federal en la Comisión de Presupuesto, Martín Llaryora, firmó en disidencia el dictamen que propone un freno al modelo de tarifas dolarizadas junto a los diputados del resto de los sectores peronistas.

Llaryora y el salteño Pablo Kosiner fueron los principales operadores de esta iniciativa en el Congreso. El plan fue ideado por Marco Lavagna (Frente Renovador) y Diego Bossio (Argentina Federal). Busca que los aumentos de tarifas de servicios públicos no puedan exceder el promedio de los salarios para usuarios residenciales, y además que las tarifas sean estables por 12 meses. En el caso de las Pymes, cooperativas de trabajo y empresas recuperadas, los incrementos no podrán ir por encima del IPC mayorista. Se propone además, la eliminación del incremento diferencial del IVA para las empresas, y por el término de 12 meses se prevé que la alícuota de los servicios públicos regulados en esta ley se establezca en 10,5%. En igual sentido, se contempla la prohibición de crear nuevos tributos que alteren la tarifa final. También, las tarifas se retrotraen a noviembre de 2017. Ayer, Bossio, en un intento de evitar que los gobernadores abandonen el barco anunció que se podría retirar de la propuesta la rebaja de IVA, que tendría un costo fiscal de 100 mil millones de pesos este año y 125 mil en 2019. Hasta el miércoles próximo deberán convertirse en titanes para evitar la dispersión y poder lograr quórum para sesionar y aprobar este proyecto.

El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, y el de Entre Ríos, Gustavo Bordet.

“Es un disparate total pretender congelar o retrotraer las tarifas. (…) Bajar el IVA para sostener esto tampoco es una solución” expresó el mandatario salteño, Juan Manuel Urtubey para sumarse al planteo de Schiaretti.

El entrerriano Bordet remarcó que “el Congreso nacional no es el ámbito de definición de la política tarifaria energética, sino que es responsabilidad del Gobierno nacional que es quien debe hacerse cargo de sus decisiones. (…) En la Argentina, las tarifas de luz y de gas natural son responsabilidad del Poder Ejecutivo nacional, no de los gobiernos provinciales ni del Congreso”.

Por su parte, Passalacqua se expresó con el mismo discurso que sus pares: “El tema tarifas es potestad exclusiva del Gobierno Nacional, por lo tanto las Provincias no deben invadir en una competencia a la que no pertenecen. Nosotros como espacio opositor a la Nación y, coherentes con esa línea, no avalamos la sanción de alguna ley que signifique un perjuicio al Presupuesto que ya fue sancionado oportunamente, y por otro lado un retroceso en materia de recursos fiscales para las provincias, como lo es la reducción del IVA en servicios públicos. No creemos que esa sea una solución viable”. Su diputado en la comisión de Presupuesto, Hugo Franco, no firmó el dictamen y no explicó allí su cambio de posición.

El esquema duró hasta que el Ejecutivo nacional presionó a los mandatarios provinciales del PJ en general, y al ala neoliberal en particular. Tanto Schiaretti como Urtubey o Passalacqua han dado sobradas muestras de alineamiento con el curso de la restauración neoliberal en marcha.

El naufragio se produjo menos de una semana después de haber acordado en Córdoba, en el encuentro del peronismo anti-kirchnerista, impulsar el proyecto contra los fabulosos aumentos de tarifas que lleva adelante el gobierno nacional. La idea política era mostrar que este sector del PJ era opositor a Macri y no sólo anti-Cristinista. El esquema duró hasta que el Ejecutivo nacional presionó a los mandatarios provinciales en general y al ala neoliberal en particular. Tanto Schiaretti como Urtubey o Passalacqua han dado sobradas muestras de alineamiento con el curso de la restauración neoliberal en marcha y su plan A es ganar las elecciones provinciales de 2019 y “ver” que se puede armar para las presidenciales. Tanto Bordet como Schiaretti se proponen realizar los comicios locales en el primer cuatrimestre del año venidero, para que se separen claramente de la confrontación nacional. Este sector, al menos por ahora, para la opinión pública no pasa de ser un grupo peronista anti-K.

El pleno de la Cámara de Diputados de la Nación. Foto: Prensa Congreso Nacional.

En cambio, en la Cámara de Diputados no todos los legisladores funcionan en sintonía perfecta con sus gobernadores. Sobre todo, porque la crisis que genera el programa económico en marcha descoloca los planes del peronismo dialoguista o también porque existen diferencias internas. La corrida cambiaria de esta primera semana de mayo actuó, además, como un disciplinador de eventuales rebeldías de los gobernadores, que entienden que en un contexto de crisis corre riesgo la gobernabilidad de sus distritos y por lo tanto no quieren echar nafta al fuego. El ajuste en EPEC y la preparación de la empresa para su venta por parte de Schiaretti -no explicitada, pero evidente- se encuentra en esa línea: prevé un escenario es descomposición para los recursos estatales.

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