El legislador del Frente Cívico pidió la renegociación del contrato de Aguas Cordobesas en la capital cordobesa. Cuestiona los aumentos otorgados a la empresa.

El edificio de Aguas Cordobesas.

El legislador provincial del Frente Cívico, Juan Pablo Quinteros, denunció que Aguas Cordobesas logrará en 2018 un incremento tarifarios de 57,44% y que desde 2005, los aumentos obtenidos han triplicado a la inflación en el mismo período(2585% contra 839%). Lo hizo a través de un comunicado de prensa, luego que el ERSeP convocara a través de la Resolución N°2543 a Audiencia Pública para tratar incremento un nuevo incremento en la tarifa del servicio en un 16,11%.

La audiencia se realizará el próximo 14 de diciembre, a las 10 horas, en la sede de la Bolsa de Cereales de la Provincia -Ocampo 317 de Barrio Gral. Paz-, a fin de incrementar la tarifa del servicio de agua de la ciudad de Córdoba en un 16,11% por el incremento de costos acaecidos entre enero y julio de 2018 y que regirá a partir del 01 de enero de 2019. El legislador indica que “este nuevo aumento se acumulará al 10,58% ya autorizado a incrementar la tarifa con el fin de que los usuarios le paguen los cánones que debe abonar Aguas Cordobesas al Gobierno Provincial que están estipulados en el contrato.”

Quinteros dijo además, que “dando por sentado que la Audiencia Pública será, como de costumbre, un mero trámite administrativo, si tomamos un año calendario, es decir enero de 2018 a enero de 2019, la tarifa acumulará un incremento del 57,44%, ya que la misma tuvo un incremento de 11,17% en enero de 2018, 10,30% en julio de 2018 y en el primer día del mes próximo aumentará un 28,39%, ya que se acumulan el solicitado ahora (16,11%) y el que comenzará a operar por el canon por la concesión del servicio y el uso del recurso hídrico, que debería ser a cargo exclusivo de la empresa pero pagará el usuario (10,58%)”.

Explica que “un reclamo permanente de la empresa Aguas Cordobesas, es lo atemporal de sus incrementos. La empresa del Grupo Roggio aduce que la revisión de costos dista demasiado de sus incrementos efectivos, es decir, en enero de 2019 se incrementa la tarifa por la inflación de enero a julio de 2018, y esto, en su interpretación, genera un desequilibrio en la ecuación económica financiera. Ahora bien, si vemos cuál es ese presunto desequilibrio, advertimos que desde que se renegoció el contrato de concesión en 2005, la tarifa que pagan los usuarios se incrementó un 2585% hasta el último mes revisado, julio de 2018, esto es el triple de la inflación que según la Dirección de Estadísticas y Censos de la Provincia a julio de 2018 fue de 839%”.

El legislador del Frente Cívico Juan Pablo Quinteros.

Señaló además que “no sólo la tarifa se ha incrementado el triple que la inflación, sino que, además, los usuarios le pagarán el canon que debe a la provincia. Además, los usuarios también pagan las obras y colocación de medidores a través del cargo tarifario, medidores que sólo hace incrementar los ingresos de las empresas pertenecientes todas al Grupo Roggio. Cabe mencionar que las renovaciones de medidores a los 7 años (vencimiento de su vida útil) lo abonan también los usuarios”.

El legislador denunció finalmente que “al momento de renegociar el contrato era evidente que, detrás del mismo, se escondía un monumental negociado. (…) Antes de la entrada en vigencia de las “mesas de revisión tarifaria” la empresa recibió, no solamente la autorización para incrementar un 15% la tarifa, sino que la provincia otorgó a la empresa subsidios por más de 50 millones de pesos que se vieron reflejados en sus estados contables.  Resulta francamente descarado advertir que la adjudicataria de la concesión del servicio de agua potable en la ciudad se atreva a cuestionar las críticas que, con debidos y sólidos fundamentos, se hacen de sus cada vez más abusivos y obscenos aumentos de tarifa. La única salida a esta trampa para perjudicar a los usuarios pergeñada entre el gobierno de UPC y el Grupo Roggio, es la urgente renegociación del contrato de concesión tal como lo hemos solicitado mediante proyecto de ley”.

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