El legislador provincial Juan Pablo Quinteros (Frente Cívico).
El legislador juecista Juan Pablo Quinteros presentó un pedido de informes al Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba, luego que se conociera la existencia de expedientes por reclamos de haberes liquidados en exceso a personas que iniciaban trámites jubilatorios en el área de Recursos Humanos de esa dependencia.
Los expedientes, según pudo saber ENREDACCIÓN, quedaban allí hasta poco tiempo antes de su prescripción, en que iniciaban su camino burocrático, pero casi sin tiempo para que el Estado pudiera reclamar por las deudas generadas a su favor. Este lento proceder hacía que las acreencias terminaran prescribiendo y no pudieran ser recuperadas. Se estima que el Estado podría haber sido perjudicado en una suma millonaria. No se conoce aún si se trata de un caso de negligencia o corrupción.
Quinteros plantea lo siguiente en su pedido al Poder Ejecutivo de la Provincia:
- Informe a este Cuerpo cuántos casos se han detectado de liquidaciones irregulares en el ámbito del Ministerio de Educación; detallando nombre, apellido y DNI de los agentes que han sido indebidamente beneficiados.
- Especifique en cuántas de ellas la acción de recupero se encuentra prescripta.
- Especifique en cada uno de los casos de los puntos anteriores, cuáles fueron los montos mal liquidados.
- Informe si se han iniciado investigaciones y/o sumarios administrativos, indicando a su vez, si funcionarios y/o empleados jerárquicos han sido removidos de sus cargos.
- Explique cómo funciona el sistema de liquidación de sueldos del Ministerio de Educación, indicando cuál es el margen de error que puede tener el mismo, si lo hubiese.
Agrega que “según medios periodísticos, en el ámbito del Ministerio de Educación, se habrían producido errores en la liquidación de haberes a personal de la repartición, lo que habría devengado en un perjuicio económico a dicha cartera”.
Y apunta que “no obstante haber iniciado los trámites para el recupero de lo liquidado indebidamente, dichas acciones habrían prescripto ante la negligencia de los agentes y funcionarios intervinientes que habrían cajoneando más de un centenar de reclamos”.
Por último, asegura que “la situación descripta se agrava aún más debido a que muchos agentes habrían accedido a su jubilación, con un cálculo salarial que no obedece a la realidad de lo que realmente corresponde, perjudicando asimismo las arcas de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de la Provincia”.
Ver Millonario perjuicio por administración infiel en Educación.
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