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Paro provincial de 48 horas de los judiciales para reclamar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad

El Palacio de Tribunales I en Córdoba.

La comisión directiva de AGEPJ (Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial de la provincia de Córdoba) decretó un paro de 48 horas para los días lunes 10  y martes 11 de agosto de 2020, en reclamo por el cumplimiento estricto de los protocolos de bioseguridad, solicitando la intervención del COE y en duelo “por la infinita tristeza que provoca en todas y todos los trabajadores judiciales la irreparable pérdida de la vida de una compañera”.

La información fue dada a conocer a través de un comunicado de prensa por la AGEPJ. El paro fue confirmado y la información sindical señala que los trabajadores podrán realizar el testeo y luego adherirse a la medida.

Se trata de una protesta sin asistencia a los lugares de trabajo ni conexión digital y se extiende desde las 0:00 del día 10 de agosto hasta las 24:00 del día 11 de agosto o hasta la finalización del turno donde exista trabajo nocturno.

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El paro recibió la solidaridad de la CGT Regional Córdoba.

“Independientemente de donde pudiera haberse producido el contagio, que en última instancia condujo a la muerte de nuestra compañera, AGEPJ le viene señalando formalmente al empleador –desde el comienzo del trabajo presencial en el interior y la capital- que el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad son deficientes, en mayor o menor medida en toda la provincia”, denuncia la AGEPJ.

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Precisa que “dichos señalamientos fueron reiterados el 4 de agosto y ante la escasa e insuficiente reacción de la patronal, en horas de la mañana del 6 de agosto se denunció la situación ante el COE y el Ministerio de Trabajo provincial. A modo de ejemplo, en esas denuncias se mencionó que en Tribunales 1 hay mayor circulación de personas que las permitidas, incumplimiento de la rotación de empleadas y empleados en las oficinas de recepción de expedientes, notificadores y ujieres. Al menos un baño (de uso múltiple de distintas oficinas) clausurado, oficinas donde – por la cantidad de personal obligado a la asistencia- no se puede guardar el distanciamiento social, incumplimiento de las dispensas legales establecidas en los decretos nacionales de necesidad y urgencia, fijación discrecional de audiencias que conlleva a la asistencia de gran cantidad de testigos, peritos y abogados que, al no estar contemplados en los turnos, eleva la concurrencia diaria al edificio haciendo superar los límites permitidos por el protocolo, etc”.

Agrega que “a su vez, en las unidades judiciales, Policía Judicial, otros edificios de capital y sedes del interior hay un dispar cumplimiento de los protocolos que van desde la falta o discontinua entrega de elementos de sanitización, el requerimiento de presencialidad del personal por encima de los límites fijados en los protocolos, hasta el impedimento en la rotación sanitaria de empleadas y empleados”.

Sigue diciendo el gremio que “la multiplicación de estos evidentes datos de la realidad evidencia que la situación es límite y muy grave. Ante esto nuestra patronal ha dado sólo parciales respuestas de cumplimiento e incluso ha caído lisa y llanamente en la provocación con comunicados donde pretende responsabilizar a las empleadas y empleados sobre el cumplimiento de medidas de bioseguridad”.

Con el paro, la AEGPJ exige:

-Intervención urgente del COE.

-Cumplimiento por parte de la patronal de los protocolos de bioseguridad

-Otorgamiento de las dispensas legales establecidas en los DNU.

-Información por parte de la patronal de las medidas sanitarias que ha tomado y que tomará para evitar la ampliación de la cadena de contagios

-Conformación de una instancia de negociación con el empleador para arribar a soluciones  de Bioseguridad consensuadas.

>> JORNADA NACIONAL DE PROTESTA

La AGEPJ adelanta que la Federación Judicial Argentina convocará a una jornada nacional de protesta ante la muerte de la trabajadora judicial cordobesa por coronavirus y “en reclamo a todas las patronales judiciales de la argentina, de medidas que garanticen las salud de las trabajadoras y trabajadores judiciales”.

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