El gobierno de Córdoba ha anunciado su decisión de convertir en sociedad anónima la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC). Según sus argumentos, lo deben realizar en cumplimiento del denominado Pacto de Mayo que dictó Milei y firmaron en el mes de Julio la mayoría de los gobernadores.
En la presente ola neoliberal / libertaria, la mutación de EPEC, actual organismo autárquico del Estado Provincial, en una sociedad anónima, tiene por sentido su privatización total o parcial, sin ningún control de la Legislatura, ni del Tribunal de Cuentas. Es el camino más oscuro y tramposo para llevar adelante un proceso de entrega del patrimonio público a los grupos empresarios concentrados.
La modificación en sociedad anónima, se la proyecta con varios objetivos simultáneos. El primero y principal sin dudas es la privatización total o parcial del servicio energético de la provincia, cuyas consecuencias han sido calamitosas en todos los ámbitos del país donde se efectuó en los últimos 30 años y como ejemplo vale y nos remitimos al caso del área metropolitana de Buenos Aires con los pésimos servicios prestados por Edenor y Edesur. No obstante, lo principal a considerar es que la enajenación de EPEC significa la perdida para Córdoba de una de sus herramientas estratégicas en que se basó su desarrollo en los últimos 70 años y que garantizo el acceso a la energía eléctrica a toda la población y en todo el territorio.
La iniciativa del Gobernador Llaryora va en línea con el modelo que sostuvo el ex gobernador José Manuel De la Sota en el inicio de su primer mandato, en el año 2000, cuando intentó privatizar la EPEC a través de la tristemente célebre “Ley Bodega” (por el senador provincial Jorge Bodega, el Edgardo Kueider “cordobés” de comienzos de siglo).
En ése momento, se inició el proceso de privatización conducido por el Ing. Carlos Bastos (alfil de la Fundación Mediterránea), quien realizo todos los pasos para entregar EPEC al capital extranjero (la norteamericana Enron). La privatización de EPEC, fue derrotada en las calles por amplísimas luchas y movilizaciones encabezadas por los trabajadores de Luz y Fuerza y el pueblo de Córdoba durante los años 2000/2001.
Después de semejante derrota, el “cordobesismo” tuvo que optar, durante los años del Kirchnerismo, convivir y negociar con un gobierno nacional que potenció la intervención estatal en el sistema energético. El modelo privatizador de EPEC quedó en un cajón esperando mejores épocas.
Con la asunción de Mauricio Macri en la Presidencia, en 2015, el entonces gobernador Juan Schiaretti percibió una nueva posibilidad privatizadora y coloco con esos fines al ingeniero Luis Giovine como presidente de EPEC de 2017 a 2023. Durante su gestión llevó adelante el desguace de áreas claves de la empresa de electricidad, empleando un mecanismo de “tercerizaciones” que en los hechos significo una privatización de sectores lucrativos para los “amigos” del gobierno. En este marco, para llevarlo adelante se instauró un proceso represivo, dentro de la empresa y en las calles, con la detención, persecución y cesantía de dirigentes y activistas obreros.
Este ingeniero, es el mismo que desde diciembre del año 2023 ha sido designado por Milei como su secretario de Obras Publicas de la Nación, estratégico sitio desde el cual se habilitan o rechazan a las provincias las obras publicas que el gobierno de ultraderecha tiene suspendidas en todo el territorio nacional. Giovine junto con Daniel Tillard (presidente del Banco Nación) son los principales exponentes del “cordobesismo” en el gabinete de Milei.
Pero la conversión en Sociedad Anónima tiene un segundo objetivo encubierto que es conformarla como “instrumento útil” para garantizar los créditos internacionales que tome el gobierno y pagar las deudas contraídas con el patrimonio público de la provincia. Esta variante tiene aún más relevancia si tomamos en cuenta que el endeudamiento externo ha sido el eje determinante del modelo de gestión del “cordobesismo” el último cuarto de siglo.
Hacer de EPEC una sociedad anónima, ingresa en el mecanismo empleado por el “cordobesismo”, de transformar los organismos públicos del Estado en sociedades comerciales. Así han funcionado en este dispositivo las Agencias de gobierno. Han sido una verdadera “caja negra”, que controla áreas dispares, incluidos los créditos internacionales (Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento). Así como se lee, los créditos internacionales con los cuales se han financiado la casi totalidad de la obra pública (hoy por ejemplo la construcción del acueducto que conduciría agua desde el rio Paraná a Córdoba) se mantienen en la opacidad y, en el último cuarto de siglo, fuera del control que prevé la Constitución Provincial.
El caso típico para ejemplificar esta situación ha sido Caminos de las Sierras S.A. Bajo esta denominación funcionó la empresa concesionaria de las rutas bajo peaje en Córdoba desde los años ‘90 controlada por el grupo italiano IMPREGILO. En la crisis del año 2002, el grupo privado quebró y fugo del país, quedando el Estado Provincial a cargo del servicio y de la empresa concesionaria, haciéndose cargo de sus deudas y sus acciones.
Desde ése momento las obras viales de la provincia las “ejecuta” el Estado a través de la empresa “Caminos de las Sierras SA”, que, utilizando su carácter legal de Sociedad Anónima, realiza las compras y contrataciones con terceras empresas, apartándose de la normativa contable que rige el gasto público. Caminos de las Sierras SA no ha construido un metro en todo este tiempo, solamente ha instalado cabinas de recaudación de peajes. Toda la obra vial de la provincia ha sido realizada por empresas privadas, pagadas con recursos públicos. Una “Caja negra” sin control que sin dudas explica la voracidad cementera del “cordobesismo”.
El gobernador Llaryora cínicamente argumenta que la transformación de EPEC en sociedad anónima lo debe hacer en cumplimiento de la Ley Bases y el DNU 70/23. Este planteo es absolutamente falso.
Milei obtuvo la mayoría para sancionar la ley Bases, con tarjetas y carpetas, y con el voto de diputados y senadores “cordobesistas”. De la misma manera el DNU 70/23 no ha sido derogado en la Cámara de Diputados por el apoyo expreso del “cordobesismo”. Aunque pretenda ponerse un ropaje federal, la realidad coloca al tándem Schiaretti- Llaryora en la más ramplona subordinación al Gobierno Central y en una actitud colaboracionista con la ofensiva de la ultraderecha.
Pero además de señalar la alianza del “cordobesismo” a Milei, hay que decir que la EPEC es un organismo autárquico del Estado Provincial que se rige por un Estatuto sancionado por la Ley 9087, en uso de las atribuciones propias de la Provincia de Córdoba en el marco del orden Federal. Con distintas normativas viene funcionando desde su creación por Ley Provincial 4358 del año 1952. Por lo tanto, ni el Poder Ejecutivo (Milei) ni el Congreso Nacional tienen atribuciones constitucionales para establecer la forma en que se organiza el Estado Provincial y menos aún derogar sus leyes. Es por ello que la citada ley bases invita a las provincias a “adherir”, y eso es lo que efectivamente propone hacer Llaryora.
En resumen, el proyecto de conversión en sociedad anónima es hacer de EPEC una unidad de negocios que privatice en forma total o parcial la producción, distribución y comercialización de energía eléctrica.
* Carlos Vicente es abogado y co-presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Regional Córdoba.
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