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Murió por coronavirus González de la Vega, uno de los condenados por la voladura de la Fábrica Militar de Río Tercero

El fallecido Edberto González de la Vega en el centro, junto a Cornejo Torino y Gatto, en el juicio donde fueron condenados por la voladura de la FMRT.

El viernes pasado murió por coronavirus, en el Penal 34 de Campo de Mayo, en Buenos Aires, el coronel retirado Edberto González de la Vega, una de las piezas centrales en la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador entre 1991 y 1995, y en la voladura de la Fábrica Militar de Río Tercero (FMRT), el 3 de noviembre de 1995. Cabe recordar, que según la Justicia, la FMRT fue volada por medio de un hecho programado e intencional.

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Campo de Mayo es el mayor complejo militar de nuestro país. En sus 8.000 hectáreas se levanta una cárcel con detenidos por crímenes de lesa humanidad en la que se registra uno de los mayores brotes de la COVID-19 detectados hasta ahora en penitenciarías argentinas: 28 presos y siete guardiacárceles han dado positivo. El Ejército confirmó la muerte de otro militar, además de De la Vega. Se trata de Juan Domingo Salerno, ex represor de la policía bonaerense durante la última dictadura (1976-1983).

González de Vega purgaba una condena de 13 años, como autor de estrago doloso agravado por la muerte de personas por la voladura de la FMRT. Los otros condenados a la misma pena fueron el coronel retirado Carlos Franke y el teniente coronel (RE) Jorge Antonio Cornejo Torino, mientras que el mayor (RE) Marcelo Diego Gatto recibió 10 años de prisión. El fallo fue dictado en 2014.

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Todavía espera fecha el juicio al ex presidente Carlos Saúl Menem de 90 años. El juez federal de Río Cuarto, Carlos Ochoa, basó la acusación en que Menem firmó los decretos 1697/91, 2283/91 y 103/95. En ellos, como Presidente, autorizó la venta de pertrechos a Panamá y Venezuela. Los decretos no pasaron por el gabinete de ministros y en realidad los envíos se hicieron, no a Venezuela y Panamá sino a dos países que participaban de conflictos bélicos: Ecuador, que estaba en guerra con Perú y a Croacia, que vivía una guerra civil por la reorganización de las naciones que componían la ex Yugoslavia.

La Cámara Federal, en su momento, precisó respecto del papel del ex titular del Ejecutivo entre 1989 y 1999, que “existe un hilo conductor que lo que ocurriera antes y especialmente con la explosión, fue producto de decisiones previamente adoptadas por el poder central, desde donde se impartieron las órdenes del acto criminal”.

La voladura de la FMRT se ejecutó durante el gobierno de Carlos Saúl Menem para ocultar el faltante de proyectiles, pólvora y cañones que Argentina vendió, con “la vista gorda” de Estados Unidos, a Croacia y Ecuador. Que no estuvieran los explosivos y armas se debió a que la planta fabril cordobesa no los tenía porque ya habían sido envíados a los citados países. El motivo de esa situación era que su papel en la operación de tráfico era maquillar (pintar, reparar, adecuar, etc.) los materiales que el país ya no producía y que Fabricaciones Militares (FM) había conseguido en unidades del Ejército.

Como consecuencia de la voladura, se produjeron siete víctimas fatales -Romina Torres (15); Aldo Aguirre (25); Leonardo Solleveld (32); José Varela (51); Hoder Dalmasso (55); Laura Muñoz (27) y Elena Rivas de Quiroga (52)-, se registraron más de 300 heridos y la ciudad sufrió cuantiosos daños materiales.

El militar fallecido este viernes, luego de enfermar de coronavirus, fue director de comercialización de Fabricaciones Militares en la sede central de Buenos Aires y estuvo al frente de la FMRT durante un breve lapso luego de las explosiones.

Su lugar de trabajo era la sede central de Fabricaciones Militares en Buenos Aires y según las pruebas reunidas en la investigación, era uno de los que daba órdenes a la FMRT junto al director de Producción, Carlos Franke, para llevar adelante la operación de tráfico de armas. A la par de ello, actuaba como uno de los nexos entre Fabricaciones Militares y el Ejército.

Fue uno de los primeros, que en su indagatoria judicial advirtió que la explosión había sido intencional. Sin embargo nunca aportó elementos sustantivos para definir quiénes fueron los ejecutores materiales de la voladura.

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