Una vez más el árbol parece tapar al bosque. No porque las declaraciones del presidente Javier Milei contra el niño de 12 años y activista por la inclusión, Ian Moche, no fueran crueles e inhumanas. Lo son. Son tan terribles que dejan al desnudo a un presidente insensible y dogmático. Pero también son impactantes porque vulneran los derechos de la infancia y de libertad de expresión del niño; y porque, además, atacan el derecho de libertad de expresión y de información del periodista Paulino Rodríguez (La Nación+), que había brindado un derecho a réplica a Ian y a su madre, Marlene Spesso, y quedó en medio de los disparos del libertario. Se trata de un caso donde la máxima autoridad ejecutiva del Estado argentino, que está obligada a garantizar derechos, es quien aparece dejando las huellas dactilares en una acción que está fuera de regla y revela desprecio por las instituciones. Sin embargo, poner el foco en el presidente ultraderechista y no en el modelo económico, político, social y cultural que lidera y que puso en marcha en el país, es un modo de desenfocar el verdadero problema: Milei es representante de puro pedigrí de un modelo que genera excluidos en todos los niveles, que vulnera derechos, que pasa por encima de la ley, y que ejercita medidas violentas y autoritarias en nombre de la “libertad de mercado”, “los individuos” y los intereses de las corporaciones.
¿Qué pasó en esta oportunidad? El presidente reposteó, en la Red X, un mensaje de una cuenta afín (hombre gris, @hombregrisxd) con una cita propia: “Pautino siempre del lado del mal. No falla nunca al momento de operar en contra del gobierno. Siempre del lado de los kukas… no falla…” Como ya es habitual en el primer mandatario, agredió con una frase despectiva a un periodista con quien no acuerda, en este caso, Paulino Rodríguez, de La Nación +.
¿Qué decía el primer mensaje? “Pautino llevó a un nene con autismo para que opere contra Milei. Resulta que el nene, Ian Moche viene de una familia ultra kirchnerista y ya lo habían utilizado con Massa y Cristina Kirchner”. La figura de “Pautino” es una construcción a partir del nombre Paulino del periodista y la utiliza para denigrarlo a él, al periodismo y a los medios, a quiénes acusa de modo regular, de estar “ensobrados” y actuar según la pauta oficial que reciben.
Por cierto, Rodríguez es un politólogo y periodista de amplia trayectoria, que ha trabajado en distintos medios, radiales, televisivos y escritos en la capital argentina, y que ahora publica columnas en el diario La Nación y conduce un programa periodístico en La Nación +.
Mientras que Ian Moche se presenta en su cuenta de Instagram como “Un niño autista de 12 años que habla de autismo” y promueve la inclusión. Tiene más de 400 mil seguidores. Días atrás, junto a su madre habían denunciado en el canal de YouTube, Gelatina, que en una reunión con Diego Spagnuolo, director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDI), este le había dicho que tener un hijo con una discapacidad no era un problema del Estado. “A mí lo que más me dolió de la reunión con Spagnuolo fue que me dijera: ‘si vos tuviste un hijo con discapacidad, es un problema de la familia, no del Estado’”, contó Marlene. En ese mismo reportaje, Ian precisó: “Él nos hizo un cuestionamiento, directamente, que fue: ‘¿Por qué yo tengo que pagar peaje y ustedes no?’”.
Luego, Spagnuolo negó haber dicho eso en el programa de Paulino Rodríguez, en La Nación + y es por ese motivo que el periodista dio derecho a réplica a Ian y su madre. Ian dijo allí que “nosotros no buscamos ofender a Spagnuolo. Nosotros contamos una anécdota”.
El presidente Javier Milei. (Foto: Prensa BCC / Archivo).
La transparencia de Spagnuolo es brutal: Considera que garantizar los derechos de personas con discapacidad es un asunto individual y no del Estado. En la actualidad, las distintas convenciones internacionales que ha firmado el país y que integran la Constitución Nacional y distintas leyes internas, señalan lo contrario. Y como se trata de derechos humanos, esos logros colectivos no pueden retroceder, las normas no pueden ser incumplidas y los derechos que gozan las personas con discapacidad deben ser garantizados por el Estado. Se trata de una obligación, no de un posteo en la Red X. No caben interpretaciones. Lo que explicitó Spagnuolo e indirectamente el presidente, es que el modelo económico y social del gobierno nacional no contempla estas políticas, sino las contrarias. Por eso, no es sólo un asunto de palabras, modos y violencia simbólica, lo que buscan el gobierno y el presidente es tratar de construir un sendero político y cultural que les permita violar la normativa local e internacional. Esto, va más allá de que muchas de las medidas sean judicializables, y de que en algún momento deban retrotraerse, la realidad es que miles de familias van a sufrir deterioro de calidad de vida, discontinuidad de tratamientos de salud, las vidas de muchas personas van a estar en peligro, y se va a producir una disminución de ingresos. La filosofía neoliberal del gobierno ultraderechista, es individualista y carente de solidaridad, apunta a poner la vida humana y los derechos en manos del mercado, algo que se sabe es imposible, por ese motivo es que a lo largo de la historia del Siglo XX fueron institucionalizándose en distintas convenciones internacionales y en las legislaciones locales de los países, incluido el nuestro. Sin embargo, el gobierno quiere regresar a una etapa pre derechos humanos, por eso instrumenta estas políticas y genera un discurso consecuente. Milei, es vocero de ese modelo.
A su vez, en el sustrato de este debate con Ian y las personas con discapacidad, se encuentra la decisión del gobierno de ajustar el gasto público, disminuyendo el goce de derechos y prestaciones a personas con discapacidad. Es algo bien concreto, que impacta en la vida cotidiana y en el futuro. Se trata de un universo de, al menos, 1.200.000 personas afectadas. Para tener una idea de la magnitud, son 1 de cada 39 argentinos; por decirlo de un modo comparable, 1 persona por cuadra que, aunque no la veamos o “no la queramos ver”, está y vive entre nosotros.
Por citar algunas situaciones que se producen por las decisiones del gobierno, se ha dificultado el acceso a pensiones (incremento de exigencias, muchas de ellas incumplibles; cambio de modelo de “inclusivo” a “médico rehabilitador”, etc.); se iniciaron auditorías sobre las personas que ya perciben pensiones con el objetivo de reducir su número; hay un 0% de aumento para los prestadores desde diciembre del año pasado; se desfinanciaron programas nacionales para personas con discapacidad; y no se cumple el cupo laboral para personas con discapacidad en empleos públicos (4%).
Incluso, la situación es de tanta gravedad, que se realizó una presentación de asociaciones de personas con discapacidad y de derechos humanos ante el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU. Entre ellas, se encuentran Amnistía Internacional; La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ); el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI).
Dice el escrito que presentaron, que el incremento de los requisitos para el otorgamiento de las pensiones deriva en los hechos en una restricción para acceder a las mismas. Y es, además, un retroceso que “ignora deliberadamente los postulados del modelo social de la discapacidad y del enfoque de derechos humanos, reinstaurando una mirada patologizante, capacitista y discriminatoria”.
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Milei desarrolla un discurso claro, preciso, directo, sin “medias tintas” que representa un conjunto de ideas y medidas, su función es producir sentido para intentar legitimar el modelo y construir consensos a su alrededor, único modo de implementarlo. Reducir el debate político a la violencia verbal y las intervenciones en la Red X del presidente, es un modo de evadir el debate político, económico y cultural que propone el modelo salvaje que se instrumenta en Argentina.
Por cierto, la Red X es el territorio más potente para destruir el debate democrático, ya que en su mediación prevalece el volumen propio de los actores y las corporaciones; y figuras dominantes de los distintos eco-sistemas hacen circular sus ideas y discursos sin oposición, diciendo lo que quieren, sin interacción real, sin asumir compromisos con las audiencias, con violencia, exclusiones, y sin admitir preguntas; a la par que, como sucede en todas las redes, es el ámbito en el que circulan “mentiras” informativas y operaciones de todo tipo, ahora aumentadas por la maquinaria de la Inteligencia Artifical (IA), que acelera la producción y multiplicación de “fake news”, entre otros flagelos. El presidente hace política desde ese lugar, a fuerza de posteos y reposteos y de un racimo de cuentas partidarias e intelectuales de ultraderecha y un ejército de trolls, que se encarga de replicar hasta el infinito el discurso oficial y sus iniciativas.
Los ataques del presidente a artistas, periodistas, economistas, políticos, personas con discapacidad y todo aquel que piense distinto ya forman parte del paisaje de la Argentina libertaria. Lo mismo ocurre con las medidas y políticas concretas que vulneran derechos y generan exclusión en sus diferentes planos. En la misma línea se ubica la violencia de las fuerzas de seguridad capitaneadas por Patricia Bullrich contra los jubilados y la protesta social o el regreso de la inteligencia interior, con la habilitación del espionaje sobre la actividad de periodistas, dirigentes, economistas y organizaciones de nuestro país que reveló apenas la semana pasada, el periodista de La Nación, Hugo Alconada Mon. Cuando tanto está en peligro, no es bueno discutir sólo sobre la realidad sesgada que se quiere mostrar a través de la Red X. El discurso y el estilo del presidente, a esta altura, ya son casi una anécdota frente a los daños sociales y económicos de las políticas del gobierno de ultraderecha que comanda.
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