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Masiva marcha contra el ajuste salarial y la flexibilización laboral en la Municipalidad de Córdoba

Una manifestación del SUOEM. (Foto: Prensa SUOEM / Archivo).

Una multitudinaria marcha de empleados municipales recorrió ayer las calles del centro de la ciudad de Córdoba. Lo hicieron en contra del ajuste salarial de aproximadamente 14% que impuso el intendente cordobés Martín Llaryora y de la flexibilización laboral que se produce con los trabajos que realizan los servidores urbanos -trabajadores de cooperativas sociales- y los “promotores de convivencia” -monotributistas-.

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De la movilización participaron unos 4 mil trabajadores, encabezados por la secretaria General del SUOEM (Sindicato Único de Obreros y Empleados Municipales), Beatriz Biolatto.

Además del ajuste salarial que implica el recorte de la jornada laboral dispuesto por el jefe comunal, el SUOEM denuncia que los servidores urbanos desarrollan tareas que corresponden a los empleados del municipio, percibiendo un ingreso menor y sin estar formalizados (obra social, jubilación, sin estabilidad laboral, etc.). Lo mismo señalan respecto a los llamados “promotores de convivencia”, que en este caso efectúan labores de los inspectores tránsito.

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“La cuarentena es sólo para trabajadores y trabajadoras municipales, pero no para los servidores urbanos y promotores de convivencia a quienes el intendente Llaryora les ha otorgado una especie de ‘inmunidad de pandemia’”, expresó el gremio a través de un comunicado de prensa.

El SUOEM revela que “48 monotributistas han ingresado a la Justicia Municipal de Faltas desde el comienzo de la gestión del intendente Martín Llaryora, cobrando entre 40 y 80 mil pesos, sin control de sus funciones y horarios”.

La movilización de los municipales recorrió el centro de la ciudad. (Foto: Prensa SUOEM).

Agrega que “la competencia asignada a los Tribunales de Faltas en la Carta Orgánica Municipal es el juzgamiento de faltas y contravenciones y no la constatación y prevención de infracciones, por lo que la figura de estos promotores de convivencia como integrantes de la estructura orgánica de la Justicia de Faltas es contraria a derecho, violándose una premisa fundamental que establece que ‘Nadie puede ser juez y parte’”.

Precisan que “estos promotores de convivencia que ingresaron por un mecanismo desconocido, pretenden cumplir una función que se superpone con la que ya desempeña el cuerpo de inspectores municipales, capacitados a tan fin en cada área de control, quienes hasta la fecha no han sido convocados a prestar los servicios inherentes a su cargo, todo ello porque a los fines de prestar los servicios municipales, la cuarentena es sólo para los trabajadores y trabajadoras municipales”.

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