Esperan desde hace casi cinco años que la Municipalidad de la ciudad cumpla con el compromiso de urbanizar un predio para construir viviendas sociales. Mientras que la Provincia no avanza en el trámite de subdivisión del loteo. Ante la falta de respuestas, este verano comenzaron a levantar cinco casas y reclaman soluciones.

El loteo realizado por la Cooperativa de Viviendas 17 de diciembre en Malagueño. Al fondo, una planta de Holcim. Foto: Sebastián Salguero.

“Yo no veo la hora de irme a vivir a mi casa. Siempre alquilé y ahora tenemos la posibilidad de acceder a un terrenito”. Quien habla emocionada es Gladys Corvalán, una de las socias de la Cooperativa 17 de diciembre que está en la lista de 350 adjudicatarios de lotes sociales en el predio del Parque San Francisco, en la localidad de Malagueño. Allí, en el ingreso, Gladys empezó a construir su casa en el mes de enero.

Sin embargo, tienen dos problemas que no se solucionan pese a que el lote fue donado hace más de cuatro años, a fines de 2012. Uno, es el trámite de subdivisión del terreno y su aprobación por la Dirección de Catastro de la Provincia de Córdoba. El Otro, la concreción de obras de infraestructura para acceder a los servicios básicos, como son la apertura de calles, instalación de las redes de agua corriente domiciliaria, energía eléctrica, alumbrado público y cloacas, una tarea que según ellos debe hacer la Municipalidad y según el intendente, Pedro “Coco” Ciarez, los vecinos.

La historia es así. La Cooperativa de Viviendas 17 de diciembre debe su nombre a un lunes del año 2012, una semana antes de Navidad, en la que los vecinos decidieron tomar 14 hectáreas de la empresa Holcim, de origen suizo. Según un relevamiento realizado por el grupo, en 2012 había 800 familias en la ciudad que no tenían acceso a la vivienda propia y muchas de ellas también estaban al borde de quedar en la calle por el aumento de los alquileres que pagaban. Cuatro años después, las familias que están en esa misma situación ya son unas 1.200. Para tener una idea de la dimensión del problema, en Malagueño viven aproximadamente 15.000 personas, con lo que el problema de acceso a la vivienda alcanza al menos a un tercio de sus habitantes.

Vecinos de la cooperativa recorriendo el barrio. La burocracia estatal les impide avanzar. Foto: Sebastián Salguero.

Tres días después de la toma, el Concejo Deliberante decidió expropiar los terrenos, pero antes de que eso sucediera, la empresa Holcim –la ex Minetti, que fue fundada en 1930-, le ofreció al gobierno de la Provincia 25 hectáreas en calidad de donación con el fin de que se construyan viviendas.

Desde ese entonces, pasaron los años sin ningún avance, hasta que finalmente la Provincia no aceptó la cesión de las tierras. Héctor “Cacho” Ramírez, el presidente de la Cooperativa, asegura que “uno de los motivos de esa decisión es que no pudieron disponer la venta de esos terrenos para el plan Lo Tengo (Un plan de lotes sociales que lanzó el gobierno provincial el año pasado)”. En el gobierno de la provincia, pese a los llamados para conocer su posición sobre el tema, no hubo respuesta.

Preocupados por los años transcurridos sin soluciones, en el invierno del año pasado, los integrantes de la cooperativa montaron una carpa frente a los terrenos donde debían construir sus viviendas.

La carpa surgió como un modo de presión para acelerar las negociaciones. Seis meses más tarde, en diciembre del 2016, el intendente “Coco” Ciarez, representantes de Holcim y el titular de la Cooperativa 17 de diciembre firmaron un nuevo acuerdo, mediante el cual la empresa le transfería al municipio el inmueble para desarrollar un loteo social. Este documento dejó asentado que 100 de esos lotes irían para la ex propietaria de las tierras, 350 para los vecinos y el resto, 247, quedarían en manos del municipio de Malagueño.

LA DISPUTA

Cada lote tiene el nombre de la familia que va a habitarlo. La cooperativa tiene 350 lotes, la Municipalidad, 247 y la empresa Holcim, 100. Foto: Sebastián Salguero.

El predio de 25 hectáreas está ubicado en una zona céntrica de Malagueño, a pocos metros de la escuela, de la misma Municipalidad y del Club Almirante Brown. De un lado, se ven las calles marcadas y los lotes divididos con alambre, que exhiben carteles de madera pintados con el nombre de las familias que los van a habitar, y que cumplieron con los requisitos de ser vecinos de la ciudad y no tener, ni haber tenido, un lote propio. Del otro, todavía hay monte.

La cooperativa contrató un agrimensor para realizar la subdivisión. El trabajo costó 140.000 pesos y lo pagaron con el aporte de cada uno de los socios.

“La obra de urbanización (redes de cloacas, agua, luz, etc.) que debe efectuar la Municipalidad tiene un valor de 26.000.000 de pesos, a costo del año pasado, para los 350 lotes. Esto es más de 74.000 pesos por familia. Lo que estamos discutiendo con la Municipalidad, es que a la inversión la tiene que hacer el qué va a cobrar el servicio. ¿Por qué tenemos que pagar nosotros la obra?”, se pregunta Ramírez. La respuesta de la Municipalidad es que así está estipulado en la reglamentación del gobierno Provincial. “Pero tampoco nos dicen no les vamos a cobrar el agua por unos años o nos dan alguna alternativa como para poder hacerlo”.

En diálogo con ENREDACCIÓN, el intendente afirma que “hemos hecho la apertura de calles y queremos darle solución a la gente, pero está pactado que las obras tienen que ser aportadas por los vecinos”.

Además, asegura que por el acuerdo no debían ingresar a construir en el predio antes de que estén realizadas las obras. Así lo estipula la cláusula quinta, que dice: “las partes se comprometen a no iniciar construcciones en el inmueble hasta no encontrarse concluidas las obras de infraestructura, (…) excepto aquellas que fueran aceptadas y consentidas expresamente por la Mesa de Trabajo”. En este segundo enunciado se amparan los miembros de la cooperativa para justificar su entrada al lugar: aseguran que hubo un acuerdo previo entre las partes, que los autoriza a edificar.

Ramírez que trabajó en Minetti (ahora Holcim) casi treinta años atrás, explica que “la Constitución Nacional nos ampara en el derecho a la vivienda” y cita la Ley Pierri, a favor de “ocupantes que acrediten la posesión pública, pacífica y continua durante 3 años (…) de inmuebles urbanos que tengan como destino principal el de casa habitación única y permanente”.

Este año comenzaron a levantar cinco casas y la cooperativa intenta obtener, a través del Ministerio de Vivienda de la Nación, subsidios que les permitan construir más viviendas e incluso, hacer parte de las obras de agua, luz y cloacas. La necesidad de una casa propia, frente a la burocracia.

Uno de los vecinos levantando una de las paredes de su casa en Malagueño. La cooperativa comenzó a levantar cinco casas en el loteo. Foto: Sebastián Salguero.

 

LAS CLAVES

-La Dirección de Catastro de la Provincia no aprobó aún el trámite de subdivisión del terreno donde se construirán las viviendas sociales.

-No se hacen las obras de infraestructura: instalación de las redes de agua corriente domiciliaria, energía eléctrica, alumbrado público y cloacas. La cooperativa dice que debe hacerla Municipalidad y el intendente, que es responsabilidad de los vecinos. Si los vecinos tuvieran que hacerla, cada uno debería desembolsar 74 mil pesos.

-No tienen recursos suficientes para construir las 350 viviendas.

-Malagueño es una ciudad donde en los últimos años se ha instalado una gran cantidad de barrios privados y paradójicamente muchas familias esperan hace años un lote donde poder construir sus viviendas.

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