La primera candidata a diputada nacional por Izquierda Al Frente señala que "el modelo prohibicionista fracasó" y que es necesario despenalizar la tenencia para consumo de drogas, liberando de ese modo recursos para perseguir al narcotráfico.

La candidata a diputada nacional por Izquierda al Frente, Luciana Echevarría.
Municipalidad de Río Cuarto 3

Luciana Echevarría es dirigente del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) y primera candidata a diputada nacional por Izquierda al Frente. Una de sus propuestas en la campaña electoral para las Elecciones Primarias Obligatorias del próximo 13 de agosto es legalizar la marihuana, esto es el consumo y el autocultivo. ENREDACCIÓN la consultó sobre su posición respecto a la política del Estado frente al consumo de drogas y el combate del narcotráfico. Aquí los detalles de ese diálogo.

¿Por qué crees que la legalización de la marihuana puede ayudar a combatir el narcotráfico?

Partimos de una realidad: el modelo prohibicionista fracasó. Los efectos luego de décadas de implementación son: aumento del crimen organizado, crecimiento de la violencia, vinculación de la política con el narcotráfico y corrupción de funcionarios, jueces y policías.

Como resultado la Justicia Federal, que debería encargarse de perseguir a las mafias delictivas, en lo que respecta a la Ley de Drogas (23.737), ha dedicado la mayoría de su labor a seguir causas por tenencia para consumo. Aun cuando esta figura fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema (fallo Arriola, 2009). Es decir, hace la vista gorda ante el negocio narco y la complicidad del Estado y persigue “perejiles”.

Despenalizar la tenencia para el consumo permitiría que los recursos y esfuerzos de la Justicia Federal se destinaran a la persecución efectiva de los narcotraficantes y no a los usuarios.

Por otro lado, la prohibición ha creado una industria lucrativa basada en la provisión de narcóticos por parte de bandas y cárteles esto ha provocado que actualmente las drogas ilegales valgan más, literalmente, que su peso en oro.

La Justicia hace la vista gorda ante el negocio narco y la complicidad del Estado y persigue “perejiles”.

Medidas como la legalización de la marihuana (o despenalización de la tenencia para consumo, en el caso de otras drogas) desplomaría el precio. Es claro que la enorme capacidad de violencia y corrupción del narcotráfico sólo podrá ser combatida efectivamente si se debilitan sustancialmente sus fuentes de ingresos.

¿Extendería la legalización a otras drogas?

El objetivo de una política pública al respecto debe ser prevenir las adicciones, reducir los daños en los usuarios y garantizar el tratamiento para aquellos que lo necesiten. Frente a esto nuevamente la prohibición se ha demostrado ineficiente.

El objetivo de una política pública sobre este tema debe ser prevenir las adicciones, reducir los daños en los usuarios y garantizar el tratamiento para aquellos que lo necesiten.

Actualmente el consenso de los expertos indica que en lo inmediato se debería avanzar en la legalización de la Marihuana (y auto cultivo) y la despenalización de la tenencia para el consumo del resto de las drogas.

No obstante, somos partidarios de la profundización del debate en relación con las políticas sobre consumo de drogas que debe apoyarse en evaluaciones rigurosas del impacto de las diversas propuestas y medidas alternativas a la estrategia prohibicionista, que ya están siendo probadas en diferentes países, buscando la reducción de los daños individuales y sociales.

¿Con qué otras acciones y políticas plantearía enfrentar el narcotráfico desde el Congreso?

Ningún negocio ilegal de estas proporciones puede funcionar sin el amparo institucional. Es decir, el narcotráfico cuenta con la complicidad del poder político, que en muchos casos financia sus campañas con el dinero de los narcos. Y de la Justicia y la policía, que se dedica a perseguir usuarios en lugar de combatir el narcotráfico.

Por eso la depuración de las fuerzas de seguridad, de todos aquellos implicados o sospechados de narcotráfico, junto con la elección popular de comisarios, jueces y fiscales y la revocabilidad de estos cargos es otra de las propuestas que llevaremos al Congreso.

También es un debate importante a dar la sindicalización de la policía, para que los oficiales puedan denunciar a los altos mandos, sin temor a las represalias.

Por otra parte, es necesario implementar un shock de inclusión laboral y educativo para las y los jóvenes, a los que hoy se les roba el presente: garantizar trabajo genuino con jornadas de 6 horas y $25 mil de salario, para que no sean mano de obra barata de las redes narcos. A eso hay que sumarle acceso a la cultura y al deporte, que son sumamente necesarios para la recreación y disfrute de la juventud. Para hacer frente a estos proyectos hay que destinar presupuesto, quitándoles los subsidios a la Iglesia Católica y a la Educación privada, destinando esos fondos millonarios a preservar la vida y la salud de los jóvenes. Y garantizar inclusión.

fabian.garcia@enredaccion.com.ar

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