Córdoba y otras 18 provincias creen que peligra el pago de sueldos y reclaman 30 mil millones de pesos al gobierno nacional

Diecinueve gobernadores, vicegobernadores y ministros de Economía, entre ellos el cordobés, Osvaldo Giordano, pidieron una rápida compensación al gobierno nacional por las medidas que tomó para aliviar los efectos de la devaluación o amenazaron con hacer una presentación ante la Corte Suprema de Justicia. Si bien no rechazan las medidas que tomó el presidente Mauricio Macri luego de ser derrotado en las PASO, cuestionan la decisión unilateral y los efectos de la decisión.

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Luego los ministros, precisaron el pedido al Ministerio del Interior y lo ubicaron en 30 mil millones de pesos. El plazo para responder será este viernes.

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Puntualmente, el problema se genera a partir de la elevación del mínimo no imponible de Ganancias y la eliminación del IVA a los alimentos de la canasta básica. La medida tiene un costo fiscal que ronda los 60 mil millones de pesos, aproximadamente la mitad de los cuales deben ser aportados por las provincias, que los perderán de la coparticipación. A ese escenario, se le agrega la caída de interanual de los ingresos, que sólo en el caso de Córdoba, en el primer semestre rondaron 7,2 por ciento según el IERAF de la Fundación Mediterránea.

En la reunión que se realizó en CFI estuvieron presentes los gobernadores Juan Manuel Urtubey (Salta), Alberto Rodríguez Saá (San Luis), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Miguel Lifschitz (Santa Fe), Carlos Verna (La Pampa), Alberto Weretilneck (Río Negro), Sergio Uñac (San Juan), Hugo Passalacqua (Misiones), Juan Manzur (Tucumán), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Mariano Arcioni (Chubut), Rosana Bertone (Tierra del Fuego), Lucía Corpacci (Catamarca), Sergio Casas (La Rioja), Gildo Insfrán (Formosa), Omar Gutiérrez (Neuquén) y Domingo Peppo (Chaco). Además, estuvieron como enviados el vicegobernador de Santa Cruz, Pablo González, y el ministro de Economía de Córdoba, Osvaldo Giordano.

Al final de la cumbre, los mandatarios emitieron un duro documento de rechazo a las medidas que consideran tomadas de "forma inconsulta, unilateral y sin tener en cuenta de dónde saldrán los recursos" para afrontarlas. "Nos hace compartir los costos fiscales al no disponerse con ellas las compensaciones necesarias a las provincias, generando un despojo de nuestros recursos y colocándonos en una grave situación de desfinanciamiento".

El presidente Mauricio Macri.

En el documento señalan que "no estamos en contra de ninguna medida de gobierno que tenga como objetivo paliar la grave situación económica que atraviesan la mayoría de los sectores de nuestra sociedad, empezando por los trabajadores que vienen perdiendo el poder adquisitivo de sus ingresos, pero las medidas que se han dado a conocer, realizadas en forma inconsulta, unilateral y sin tener en cuenta de dónde saldrán los recursos para afrontar las mismas, nos hace compartir los costos fiscales al no disponerse con ellas las compensaciones necesarias a las provincias argentinas, generando un despojo de nuestros recursos y colocándonos en una grave situación de desfinanciamiento".

Agregan que "si bien nos parece positivo, que el gobierno nacional decida aplicar paliativos para algunos sectores, lo que no puede hacer, es disponer inconstitucionalmente de recursos que son de las provincias, tanto por el presupuesto en ejecución, como por el pacto fiscal, en el que casualmente acordamos esfuerzos y renunciamientos para garantizar una previsibilidad, que hoy en forma arbitraria se está vulnerando".

Luego denuncian que "estamos en grave peligro de no poder afrontar nuestros gastos corrientes, el cumplimiento de las obligaciones salariales, la prestación de los servicios esenciales y la preservación de la paz social".

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Señalan que "no podemos permitir que se apropien de recursos provinciales, por parte del Estado Nacional, sólo por el justificativo de intentar atemperar las consecuencias perjudiciales, precisamente de sus propias y malas políticas económicas y financieras, de las cuales los estados provinciales no tenemos ninguna responsabilidad. Por el contrario, hemos sido eficientes a la hora de cumplir con cada una de nuestras obligaciones y compromisos firmados".

Advierten luego, que "es a todas luces tan arbitraria y perjudicial, esta acción del Estado nacional, que al privanros de los ingresos que por la ley en vigencia nos corresponden, nos pone al borde de una grave crisis, que puede empujar incluso a la toma de medidas de carácter excpecional o de emergencia, algo que sumaría más perjuicios a nuestro país, en medio de este complejo momento que estamos viviendo".

Por último afirman que "exigimos se instrumenten las compensaciones financieras correspondientes para poder cumplir con el normal funcionamiento y la salvaguarda en la prestación de los servicios de seguridad, salud, educación y justicia que están a nuestro cargo" y manifiestan que están abiertos al diálogo, pero dicen que "dejam os sentado que de no ser así, nos veremos en la necesidad de buscar amparo judicial a nuestros derechos, ante un daño irreparable que no admite dilaciones, teniendo en cuenta el contexto actual".

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