El autor de esta columna analiza el último Decreto de Necesidad y Urgencia emitido por el presidente Mauricio Macri, que deroga 19 leyes y modifica otras y lo conecta con los 35 restantes emitidos durante su gestión. Es la foto de un escenario de apriete político o un ensayo mayor, para instaurar un estado de excepción.

El presidente Mauricio Macri.

(Por Carlos Vicente). El 11 de enero de 2018 el presidente Mauricio Macri ha dictado un Decreto de Necesidad y Urgencia que deroga 19 leyes y modifica otras 140 para, supuestamente, desburocratizar el Estado. Trata temas disimiles que van desde la embargabilidad de las cuentas sueldos, a la autorización al Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Anses a invertir en el mercado financiero, flexibilizar licencias de importación, o bajar los controles sobre las empresas que evaden sus obligaciones laborales, ejemplos que nombramos para dar una idea de la variedad temática alcanzada.

Tiene un parecido de familia indisimulable con el Decreto de Desregulación de la Economía que dictó Carlos Menem en 1991, que también con un articulado ómnibus, borró de un plumazo el conjunto de la normativa creada durante más de medio siglo para desarrollar el rol protector del Estado, sobre la economía y la sociedad. Sus consecuencias fueron el descalabro de la economía nacional y la fractura social, aun no soldada.

Este nuevo DNU no puede explicar, su necesidad y urgencia, y mucho menos aun, puede justificar suprimir las atribuciones constitucionales del  Congreso de la Nación para derogar o reformar 159 leyes.

La Constitución Nacional establece en su artículo 99, inciso 3, que “El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes”.

Esta norma, fue incluida por la Reforma Constitucional de 1994, y tenía por objeto  poner límites al uso abusivo de los Decretos que efectuaban  los Presidentes, que a través de ellos legislaban y reemplazaban de facto al Congreso Nacional. Al mismo tiempo, abría una puerta para los llamados Decretos de Necesidad y Urgencia expresamente para situaciones de excepción. Recién en el año 2006 fue reglamentado incluyendo el control legislativo posterior.

El uso por parte del Gobierno de Macri de los DNU – hasta hoy 36- , o la tentativa de su uso, no ha sido justificado en  la urgencia, la imprevisión o una situación de riesgo, sino explícitamente, por la necesidad política de eludir al Parlamento, lo que ubica este procedimiento en forma permanente al borde del incumplimiento de la Constitución Nacional.

Tres ejemplos esenciales creemos que sirven para aclarar el sentido de esta forma de gestionar el poder:

El Gobierno de Macri  empleó al inicio de su gestión tres Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) para derogar la parte sustancial de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

1) El Gobierno de Macri  empleó al inicio de su gestión tres Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) para derogar la parte sustancial de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Nada, ni nadie pudo explicar la necesidad y menos aun, la urgencia de hacer esto por decreto, salteando el Congreso Nacional y derogando una de sus leyes más debatidas, que además había sido declarada expresamente Constitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Una sola razón explicaba los DNU que se dictaron: el 5 de enero de 2016 el “Grupo Clarín” debía iniciar la desconcentración legal de la propiedad de 280 licencias de radio y Televisión, que poseía ilegalmente, y la mejor forma que encontraron para evitarlo fue derogar la norma jurídica que lo establecía, desarticular el organismo público que debía controlar su aplicación y expulsar ilegalmente a sus autoridades electas por cuatro años Bueno es recordar que producto de la derogación de la clausula anti monopólica de la LSCA, hoy se encuentra habilitada la fusión del Grupo Clarin-Cablevision-Fibertel con el grupo Telecom, produciéndose la  la mayor concentración comunicacional de la historia argentina, e inédita también en el resto de América Latina, según señala el especialista Martin Becerra.

El juez de la Corte, Carlos Rosenkrantz. Foto: Prensa CSJ.

El 16 de diciembre de 2016 Macri designo por decreto en forma provisoria a Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti como miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en abierta oposición a lo estatuido por la Constitución Nacional.

2) El 16 de diciembre de 2016 Macri designo por decreto en forma provisoria a Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti como miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en abierta oposición a lo estatuido por la Constitución Nacional (artículo 99, inciso 4)  porque, según dijo,  “el trámite de aprobación en el Senado lleva su tiempo”. Lo grave no es solamente la designación que firmó Macri, sino que (los hoy Jueces) Rosatti y Rosenkrantz -que tienen por función principal aplicar la Constitución- lo aceptaran expresamente al ser designados de este modo.

El juez de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti. Foto: Prensa CSJ.

El sentido del mensaje del presidente fue muy claro: o me aprueban las designaciones en el Senado o sale por Decreto de Necesidad y Urgencia. El Senador (Miguel) Pichetto y su bloque de colaboradores, rápidamente aprobaron las designaciones, naturalizando la regla usada de facto.

3) El 14 de diciembre de 2017, luego de que se levantara la sesión invalida de la Cámara de Diputados de la Nación, sin tratar el proyecto de ajuste jubilatorio que tenia media sanción de Senadores, se instalo en el monopolio comunicacional que el gabinete de ministros en su totalidad había firmado un Decreto de Necesidad y Urgencia aprobando ése proyecto, y solo faltaba la firma de Macri. Este DNU, que de haber sido firmado era absolutamente inconstitucional, tenía por objetivo presionar sobre los gobernadores firmantes del Pacto Fiscal y a los diputados propios y aliados para que den quórum y voten, y en un sentido más general, hacerlo sobre el sistema político y la sociedad: o votan los proyectos como dice el Presidente o Macri lo saca por DNU.

El 18 de diciembre de 2017 la Cámara de Diputados realizó una nueva sesión y aprobó la norma en cuestión.

La dimensión del último Mega DNU habilita la pregunta: ¿Macri usa estos actos inconstitucionales como amenaza para que se aprueben sus medidas de gobierno o son el ensayo para instalar un Estado de Excepción?

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