Confirmaron ayer la expulsión de quien fuera mano derecha de Ramón Camps, jefe de la policía de Buenos Aires durante la dictadura, quien purga seis perpetuas. También fueron expulsados otros once represores de la bonaerense que recibieron sentencias por delitos de lesa humanidad. En Córdoba, los miembros del D2 que fueron condenados varias veces siguen perteneciendo a la Policía y cobrando haberes de retiro.

Miguel Etchecolatz ya no pertenece formalmente más a la bonaerense, de la que fue exonerado.

El Ministerio de Seguridad bonaerense, a través de la Auditoría General de Asuntos Internos, exoneró a doce efectivos de la Policía de la provincia de Buenos Aires, entre ellos al comisario general Miguel Etchecolatz, condenado a reclusión perpetua por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar.

Mano derecha de Ramón Camps y jefe de la Policía bonaerense durante la última dictadura, Etchecolatz purga seis condenas por crímenes de lesa humanidad -la primera de ellas dictada en 1986, hace ya 31 años-, y sigue siendo investigado en otros procesos.

La decisión de excluirlo definitivamente de la Policía Bonaerense fue informada por el Ministerio de Seguridad a través de un comunicado de prensa en el que se indicó que, “a pesar de haber sido condenados por cometer delitos de lesa humanidad”, los doce represores “todavía pertenecían a la fuerza, ya que figuraban como retirados y conservaban sus condiciones como policías”.

Fuentes de la cartera de Seguridad precisaron que al notificarse de su exoneración, Etchecolatz firmó y debajo escribió “prisionero de guerra”.

“No podíamos dejar a estas personas con estado policial, ya que era una falta de respeto a la democracia y un mal ejemplo para la fuerza”, señaló Cristian Ritondo, ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.

La situación dista y contrasta con lo que viene sucediendo en Córdoba, donde todos los miembros del D2 que recibieron condenas en los diversos procesos judiciales por delitos de lesa humanidad, siguen perteneciendo formalmente a las filas policiales, ya que el Tribunal de Conducta Policial y Penitenciaria no avanzó en los proceso abiertos en contra de ellos.

Más decisión que información

El titular de la cartera de Seguridad de Buenos Aires, Cristian Ritondo, elogió la resolución y remarcó su importancia al señalar que “no podíamos dejar a estas personas con estado policial, ya que era una falta de respeto a la democracia y un mal ejemplo para la fuerza”. El funcionario remacró que la medida se logró “a través de un trabajo en conjunto e intercambio de información con diferentes organismos de derechos humanos, luego de una investigación administrativa que Asuntos Internos inició el año pasado”.

Al detallar los pasos de ese proceso, Ritondo señaló que se chequeó esa información y se constató que los represores todavía eran parte de la fuerza. Le siguió un trabajo de intercambio de información con el secretario de Derechos Humanos bonaerense, Santiago Cantón, con la Comisión Provincial por la Memoria y el CELS, entre otros organismos. Esa labor permitió elaborar un listado con policías retirados que estaban involucrados en al menos 270 causas de delitos de lesa humanidad por las que habían sido condenados judicialmente con penas privativas de la libertad.

Lo que en una primera lectura pareciera complejo, en realidad se trata de inforación que está al alcace de cualquier ciudadano, y resulta muy fácil constatar cuáles son los policías que pese a haber recibido condenas siguen siendo parte de las fuerzas, en calidad de retirados.

Los datos de Córdoba

La misma situación se da en Córdoba, y no reviste ninguna complejidad determinar cuáles son los policías retirados que se hallan en esta situación. Sin ir más lejos, el 8 de junio de este año, ENREDACCIÓN publicó en exclusiva el dato de la jubilación que continúa cobrando el todavía policía Carlos “El Tucán” Yanicelli, ex miembro del D2 y portador de dos condenas a prisión perpetua. La última de ellas fue en la Megacausa de La Perla, donde fue hallado autor de los delitos de privación ilegitima de la libertad agravada (84 hechos), imposición de Tormentos agravados (94 hechos), homicidio calificado (91 hechos), tentativa de homicidio agravada (1 hecho), abuso deshonesto (2 hechos).

Otros de los policías del D2 que siguen revistiendo ese carácter por no haber sido exonerados son Yamil Jabour, César Cejas, Hugo Cayetano Britos (fallecido en julio de 2015), Calixto Flores, Fernando El Tuerto Rocha, Marcelo Piruchín Luna, Mirta “la Cuca” Antón, Ricardo Cayetano Rocha, Juan Molina, Luis Merlo, Miguel “Gato” Gómez, Pedro Nolasco Bustos, Jorge Vicente Worona y José Filiberto Olivieri.

Con ninguno de ellos ha avanzado el Tribunal de Conducta Policial, pese a lo que prevé el artículo 19 de la ley de Personal Policial 6.702, que estipula como razones de baja el haber recibido “sentencia condenatoria firme que no admita ejecución condicional”, o bien “sentencia condenatoria firme que impusiere inhabilitación absoluta para el desempeño de cargos públicos”. Ambos requisitos son cumplidos por Yanicelli y compañía, pero la decisión del Tribunal parecer marcar que no hay intenciones de avanzar.

Existe también la polémica sobre la continuidad del cobro de haberes en caso de que sean exonerados (algo que hasta el momento se planteaba como bastante improbable). Si bien hay quienes sostienen que a una baja procedería también un corte del pago mensual, hay jursiprudencia que indica que los haberes previsionales son fruto de aportes durante los años de actividad, con lo cual quitarlos implicaría un desapoderamiento ilegal.

Hace 5 años, Luis Urquiza puso en conocimiento del Tribunal de Conducta, el gobernador De la Sota y el ministro Alejo Paredes, acerca de la situación de los ex D2 condenados. Nunca se avanzó nada.

Un pedido de cinco años

Tampoco el gobierno de la Provincia de Córdoba ni su Policía podrán alegar desconocimiento, teniendo en cuenta que esta situación viene siendo advertida desde hace tiempo, no sólo por investigaciones de este periodista, sino por lo advertido por las propias víctimas de la patota del D2.

El caso más paradigmático es el de Luis Urquiza, quien estuvo detenido-desaparecido en el D2 y luego prisionero en la UP1. Actualmente viviendo en Dinamarca, el 16 de julio de 2012 Urquiza envió al Tribunal de Conducta una nota en la que ponía en conocimiento de su titular (en aquel momento Julio Herrera Martínez), acerca de la situación de estos miembros de la fuerza y pedía se les iniciara sumario administrativo para proceder a su exoneración.

“Me cansé de pedir que me informen sobre mi pedido en Conducta Policial; nunca me contestaron nada”, contesta desde Dinamarca Urquiza ante la consulta de ENREDACCIÓN. Para el ex preso político, “resulta claro de que cuando no hay voluntad de avanzar en algo, se buscan todas las excusas para mantener las cosas como están”, señaló.

En esa nota, Urquiza argumentaba la confirmación de los fallos condenatorios por parte de la Cámara Nacional de Casación Penal, y pedía se aplique el artículo 103 de la ley de Personal Policial, que no es otra cosa que la exoneración. Ese artículo define los alcances de esta medida disciplinaria, que consiste en la “destitución definitiva del cargo en el ámbito de la Institución, con pérdida del Estado Policial, la imposibilidad permanente de reintegrarse a la Administración Pública Provincial y la pérdida de los aportes previsionales efectuados por la administración”. Justamente lo que Buenos Aires acaba de aplicar con Etchecolatz.

La nota que presentó Urquiza fue enviada con copia al gobernador de aquel entonces, José Manuel de la Sota, y a quien era su ministro de seguridad, Alejo Paredes. Hasta la fecha no se ha avanzado ni un sólo escalón en el pedido de Urquiza.

“Me cansé de pedir que me informen sobre mi pedido en Conducta Policial; nunca me contestaron nada”, contesta desde Dinamarca Urquiza ante la consulta de ENREDACCIÓN. Para el ex preso político, “resulta claro de que cuando no hay voluntad de avanzar en algo, se buscan todas las excusas para mantener las cosas como están”, señaló.

En ese sentido, apuntó que actualmente, el tribunal encargado de controlar la conducta de los uniformados, “por cualquier minucia los pasan a pasiva, como pasó con los muchachos que se reunieron en Villa María hace dos años fuera de horario laboral para discutir sobre los derechos laborales que los asistían”. Se refiere al episodio de julio de 2014 que derivó en la detención durante varios meses de René Zabala y otros dirigentes del sindicato de policías, y la posterior cesantía de tres miembros de la fuerza, sólo por haber participado de aquella reunión, que por otra parte había sido comunicada a la superioridad.

“Vemos que en nuestra Policía hay un interés enorme en defender el verticalismo y también de mantener la impunidad de quienes mancharon la institución”, concluyó Urquiza, quien no obstante especula que “tal vez Schiaretti toma nota de la situación y avance en lo que le venimos pidiendo desde hace años; aunque sea para revertir la derrota electoral de las PASO”, evaluó.

 

Las jubilaciones de los Ex D2

Según datos provistos por la Caja de Jubilaciones en el año 2012, y actualizados a valores actuales, éstas son las jubilaciones o haberes de retiros que se les pagan a algunos de los multicondenados por delitos de lesa humanidad en Córdoba:

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