Las responsabilidades por la liberación errónea de un preso no llegaron hasta la Jefatura del SPC.
Sin demasiada creatividad para abordar la situación del preso liberado el martes 5 de septiembre por error, y quizás en aras de demostrar una decisión categórica que pusiera fin a la ola de reclamos, críticas y pedidos de solución luego de que el viernes último ENREDACCIÓN diera a conocer la noticia, la jefatura del Servicio Penitenciario de Córdoba avanzó a través del Tribunal en la sanción de dos subalternas.
De ese modo, fueron pasadas a disponibilidad la oficial alcaide Karina Suárez, del área de Judiciales del complejo de Bouwer, y la suboficial Mónica Parola, adscrita también al área Judiciales en la Jefatura de la fuerza.
En su descargo, al día siguiente de la insólita liberación, Suárez había señalado que en su división no se había recibido ningún llamado para confirmar la disposición referida al interno Mendoza, afirmando que en los sistemas y en el legajo personal del interno constaba la disposición conjunta desde el 11 de agosto.
El resto, a salvo
Funcionalmente es probable que haya pasado (o haya dejado de pasar) por ambas manos la información acerca del interno Alexis Mendoza, quien nunca debió haber sido liberado por haber estado a disposición de la Fiscalía de Violencia Familiar Tres, bajo graves imputaciones.
Da la impresión de que trepar en la cadena de responsabilidades sólo hasta esas dos empleadas persigue el objetivo de que la sangre no llegue hasta el río ni arrastre a mandos superiores.
¿Qué hubiera significado seguir subiendo en la cadena de mando? Probablemente hubiera implicado analizar por qué falló el área de Coordinación y Enlace, dependencia que funciona en Tribunales II y adonde llegan todos los oficios de los diferentes juzgados y fiscalías.
El responsable de esta área es Alejandro Puccio, vinculado familiarmente con el jefe del SPC, Juan María Bouvier (eran concuñados). Puccio ingresó al SPC en el año 2009 a instancias del jefe con el grado de subayudante, es decir, como un agente raso. Por orden de la superioridad (y según afirman fuentes calificadas del SPC, “sin acreditar idoneidad para esa función”), fue asignado directamente a Tribunales II. Al poco tiempo recibió el grado de función de Alcaide Mayor, una jerarquía que a cualquier oficial le lleva hasta 25 años alcanzar. Es decir, con muy poco tiempo de servicio, ya cobraba un salario similar al de un oficial de carrera cercano al retiro.
Da la impresión de que trepar en la cadena de responsabilidades sólo hasta dos empleadas subalternas del Servicio Penitenciario de Córdoba, persigue el objetivo de que la sangre no llegue hasta el río ni arrastre a mandos superiores.
El flujo que recorre la información de los oficios judiciales continúa en la Jefatura del SPC, ingresando al área Judiciales, cuya jefa, Vanesa Suárez, no fue de ninguna manera alcanzada por la categórica sanción del Tribunal de Conducta. El área conducida por Suárez es la que visa todos los oficios y se reporta a la Dirección General de Técnica Penitenciaria y Criminología. ¿Quién está a cargo de esta área? Estela Bisco, exmujer del jefe Bouvier. Tampoco allí se verificó la doble dependencia de Alexis Mendoza, lo que hubiera evitado el papelón de su libertad.
No obstante ello, una vez ingresados esos oficios a las áreas correspondientes de la jefatura, se deben derivar copias de esa documentación a las áreas de Judiciales los respectivos establecimientos. En este caso puntual, la responsable funcional de esta labor es la subdirectora de Tratamiento del complejo de Bouwer, Marisa Ale, muy allegada a la mencionada Bisco.
Tanto Bisco como Ale tienen la responsabilidad de auditar que haya coincidencia y actualización entre todos los oficios judiciales y sus correspondientes legajos de los internos. De haberse procedido correctamente con esa responsabilidad, hoy Mendoza seguiría preso.
Otra porción de responsabilidad le cabe al director del complejo de Bouwer, Ramón Sayavedra, cercano a Bouvier, y también muy cuestionado la semana pasada por un poco transparente operativo de requisa y secuestro de drogas en el vehículo de un oficial penitenciario, sin haber dado aviso a la fiscalía. Sayavedra era el jefe del complejo de Cruz del Eje, cuando en enero de este año se suicidó en su puesto de guardia externa y con el arma reglamentaria el empleado Marcos Nieto, a quien la superioridad lo había obligado a desempeñar tareas funcionales de guardia pese a que venía de una delicada licencia psiquiátrica y no se encontraba en condiciones de hacerlo.
Juan Bouvier, jefe del Servicio Penitenciario de Córdoba. Habló de “solapamiento” de la información.
A los pies del jefe
Este círculo de responsabilidades llega hasta los pies del mismo jefe del Servicio Penitenciario, Juan María Bouvier, dada su potestad y también su responsabilidad para designar personal idóneo en cada una de las funciones, y de arbitrar los mecanismos para que sus roles sean correctamente ejecutados.
Desde hace años, los pasillos de la Jefatura del Servicio y los corredores de cada una de las cárceles son caldo de cultivo de rumores y comentarios sobre la propensión del actual jefe del SPC y de Estela Bisco para nombrar en cargos claves a personas muy cercanas, privilegiando confianza por encima de idoneidad.
Ante la ocurrencia de episodios de la gravedad del reciente, con la liberación de un interno que constituye un peligro para una familia entera (su exmujer y los hijos debieron ser puestos a resguardo en un hotel y se les entregó un botón antipánico), lo más simple es sancionar a los empleados de menor rango sin avanzar sobre las responsabilidades funcionales de tamaño papelón.
Desde hace años, los pasillos de la Jefatura del Servicio y los corredores de cada una de las cárceles son caldos de cultivo de rumores y comentarios sobre la propensión del actual jefe del SPC y de Estela Bisco para nombrar en cargos claves a personas muy cercanas aunque a veces no todo lo idóneas que esas responsabilidades demandarían.
Justamente estos responsables funcionales son empleados a los cuales el SPC, es decir los ciudadanos con sus impuestos, les abonan grados de función, un plus salarial como compensación por que la función superior que ejercen.
No es la primera vez que el hilo se corta por lo más delgado en el SPC.
Todo indica que tampoco será la última. No al menos mientras el Tribunal de Conducta Policial y Penitenciaria no se dedique a ejercer su función con independencia de los designios de los jefes de ambas fuerzas.
