El autor de esta columna reflexiona sobre el destino de ostracismo de los proyectos presentados por ciudadanos u opositores en la Legislatura provincial.

La Legislatura de Córdoba. Foto: Prensa Legislatura de Córdoba.
Municipalidad de Río Cuarto-Parque Sarmiento

(Por Carlos Emanuel Cafure*). Durante el cursado de mi carrera de abogacía, me enseñaron que el Estado se divide en tres poderes independientes, y que se controlan entre sí. Se tratan del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial.

Por años, distintos gobiernos (tanto nacionales como provinciales) lograron tener las mayorías necesarias en el ámbito del Poder Legislativo, para alcanzar la aprobación de las leyes propuestas desde el propio oficialismo.

Esta situación, terminó transformando al Congreso como a muchas legislaturas, en escribanías de lujo de los gobiernos de turno. La provincia de Córdoba, no escapa a esta situación.

Desde hace años pareciera que se tratan y aprueban la mayoría de las leyes que son enviadas desde el Ejecutivo o impulsados por legisladores del oficialismo, y muy pocas de las que se aprueban también, son iniciativas de cualquiera de los partidos políticos de la oposición (teniendo en cuenta que dentro de la oposición existen muy buenos proyectos a favor de la ciudadanía).

Hablo con conocimiento de causa. En el año 2016 (el 7 de Junio), el legislador Ezequiel Peressini (Frente de Izquierda y de los Trabajadores), presentó un proyecto de Ley de mi autoría. Se trata del proyecto de Ley Provincial Nro. 18973L16 contra la Violencia Laboral. El mismo, tiene el apoyo de más de veinticinco Sindicatos (Luz y Fuerza, S.U.O.E.M., La Bancaria, U.T.S., A.T.E, U.T.A. Córdoba, S.O.C., S.A.D.O.P, entre otros); dos centrales Obreras (C.T.A. Autónoma y C.T.A. de los Trabajadores); Organizaciones Religiosas; el Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba (Mario Decara); y fue declarada de interés general por siete facultades de la Universidad Nacional de Córdoba (Derecho, Psicología, Artes, Arquitectura, Ciencias Económicas, Ciencias de la Comunicación y Ciencias Químicas).

Este proyecto de Ley se asignó a la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social (presidida por el legislador y sindicalista José Pihen).

En casi dos años, nunca se trató en la Comisión, realizando presentaciones en mi carácter de autor para que avance, y a pesar del gran respaldo que tiene, nunca tuve respuesta alguna, ni fue considerado.

En el año 2017 (el día 7 de Junio), el legislador Juan Pablo Quinteros (Frente Cívico), presentó un proyecto de Ley en el que trabajamos junto a un médico (también compañero de trabajo, el Doctor Diego Caviglia). Se trata del Proyecto de Ley Nro. 22103L17 “Alimentación Saludable para los Trabajadores de la Provincia de Córdoba”.

El mismo, tiene el apoyo del Colegio Médico de la Provincia de Córdoba, la Escuela de Nutrición de la Universidad Nacional de Córdoba, el Colegio de Nutricionistas de Córdoba, y la Federación Argentina de Graduados en Nutrición. A casi un año de su presentación, nunca fue tratado en Comisión.

Sin militar activamente en ningún espacio político, logré por medio de legisladores de distintos partidos que ingresen dos proyectos de leyes a favor de la clase trabajadora cordobesa. Hasta ahora, nunca se trataron y por ende tampoco se aprobaron. Dos proyectos con apoyos contundentes.

Diera la sensación, de que las iniciativas que son a favor de los activos en la Legislatura de Córdoba no son prioridad de nuestros representantes. ¿Así demuestran representarnos, o directamente se nos ríen en la cara? Sin embargo, rápidamente sí son aprobados, proyectos que van en contra de los jubilados y de los trabajadores (casi en tiempo récord), por ejemplo: las Leyes Nro. 10078, 10333, y 10549, entre otras.

La política, debe servir para mejorar la vida del pueblo. Las Leyes que se votan en la Legislatura cordobesa, deben servir para mejorar la vida de los jubilados, y la de los trabajadores; no deben recortar haberes, quitar derechos adquiridos ni conquistas gremiales; y sobre todo, deben ser siempre leyes constitucionales.

El pueblo, debe reflexionar y analizar la gestión de cada uno de nuestros representantes. Necesitamos representantes y no verdugos.

*Carlos Emanuel Cafure es abogado y columnista de Opinión.

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